Las diferencias de criterios judiciales entre los magistrados del Tribunal Electoral son solo una parte de la crisis de ese órgano del Poder Judicial, clave en los comicios de 2024. A ellas se suman conflictos internos, denuncias de acoso sexual y extorsión, además de sesgos políticos como la afinidad de una magistrada con el partido Morena.
Los desacuerdos que los magistrados electorales se encargaron de hacer públicos tienen ahora al Tribunal en el limbo, toda vez que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se vio forzado a renunciar a la presidencia del TEPJF y, en sesión privada, los inconformes se impusieron para elegir como nueva presidenta a Mónica Aralí Soto Fregoso, quien entrará en funciones a partir del 1 de enero.
La elección de Soto ocurrió un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó directamente a Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la elección de Mónica Soto la crisis del árbitro electoral se agrava porque el TEPJF sesiona con cinco de los siete magistrados que establece la Constitución ante la falta de designaciones por parte del Senado de la República, mismas que permanecen paralizadas por voluntad de la bancada morenista, al igual que un centenar de nombramientos más en diferentes organismos del Estado y que el presidente López Obrador considera innecesarios y costosos.
Este año se realizarán los comicios más grandes en la historia de México con la renovación de un total de 20 mil 375 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y nueve gubernaturas.
El TEPJF es la instancia máxima en materia electoral ante la cual los partidos políticos, candidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular pueden inconformarse con las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de la organización de elecciones, vigilancia de los partidos políticos y la conformación del padrón electoral.
La intriga
La crisis del TEPJF se hizo pública desde el 4 de diciembre pasado, cuando el entonces magistrado presidente Rodríguez Mondragón rindió su informe anual de labores en sesión solemne de plenos del tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Dio su discurso ante ministros y consejeros acompañado sólo de una de las magistradas de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis. Los otros tres (Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) le hicieron el vacío y en redes sociales colocaron una foto para informar que en esos momentos desayunaban en un restaurante de la Ciudad de México.
El conflicto afloraba por todos lados. En su informe, Rodríguez Mondragón dio a conocer que el magistrado De la Mata Pizaña denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Yhalí Cruz Valle, adscrita a la ponencia del magistrado presidente, por intento de extorsión.
Al día siguiente la Sala Superior no pudo sesionar, pues la magistrada Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata sostuvieron una audiencia privada con el magistrado presidente, en la que indicaron no estar de acuerdo con sus criterios jurisdiccionales y algunas decisiones administrativas, por lo que le exigieron su renuncia.
Rodríguez Mondragón les propuso solicitar la intervención de la ministra Norma Piña, presidenta del PJF, para dirimir el conflicto, como ocurrió en agosto de 2021, cuando se realizó el golpe institucional contra el entonces magistrado presidente José Luis Vargas, quien terminó dimitiendo.
Los magistrados inconformes rechazaron acudir a la Corte y exigieron a Rodríguez Mondragón que diera a conocer públicamente su decisión sobre la renuncia solicitada, durante la sesión que fue reprogramada para el 7 de diciembre.
A las 17:00 horas de ese día la Sala Superior sesionó públicamente. En un ambiente tenso, los magistrados desahogaron los asuntos del día y, al finalizar, Rodríguez Mondragón pidió a sus compañeros que le permitieran decidir sobre su posible renuncia y hacer el anuncio correspondiente el lunes 11 de diciembre.
La Sala Superior acordó un receso para discutir si el anuncio prometido por Rodríguez Mondragón sería en sesión pública o por otro medio. Durante el receso, los magistrados disidentes intentaron sesionar en privado, pero tanto el presidente como Janine Otálora se negaron y abandonaron el TEPJF.
Ante ello, Fuentes Barrera, De la Mata Pizaña y Soto Fregoso reanudaron públicamente una reunión, pues al no tener quórum legal no pudieron sesionar. Los tres aprovecharon para emitir pronunciamientos críticos hacia el magistrado presidente, uno de ellos, por su intento de pedir la intervención de la Corte:
“La solicitud por parte del presidente de este Tribunal, a fin de que fuera otra institución la que interviniera para alcanzar una solución, para mí demuestra y hace palpable, además de las razones administrativas y jurisdiccionales que les he mencionado, una razón adicional para tener una pérdida de confianza en relación con el actuar del presidente, pues esa solicitud precisamente, lo señalo y lo reitero, atenta contra la independencia y autonomía a la que estamos obligados a defender”, dijo Fuentes Barrera.
Mónica Soto, quien dos días antes rechazó la invitación de la ministra presidenta de la Corte y se reunió con el representante de Morena en el INE, consideró que la propuesta de pedir la intervención de la SCJN es una grave violación a la Constitución:
“Al intentar o proponer que nos sometiéramos a otra instancia de manera inmediata absoluta, dimitió, asumiendo incapacidad de como líder a quien le confiamos la conducción de este Tribunal, al sentirse incapaz de llegar a un acuerdo solicitó y propuso que fuéramos a otro pleno para que decidieran sobre nosotros”, afirmó la magistrada Soto.
Por ello, invitó a Rodríguez Mondragón a hacerse a un lado y permitir que otro de los magistrados que integran la Sala Superior tome su lugar al frente del TEPJF. Desde entonces Soto Fregoso ya se perfilaba para sustituirlo en la presidencia del organismo.
Para el lunes 11 de diciembre Rodríguez Mondragón ganó tiempo para negociar con sus compañeros, pues Otálora Malassis salió de comisión a Venecia, Italia, para asistir a la 79ª Reunión del Consejo para las Elecciones Democráticas, que se realizaría el 14 de diciembre.
El viaje de la magistrada dejó inestable a la Sala Superior del tribunal, pues en ese momento los magistrados disidentes no pudieron obligar al presidente a sesionar.
Mediante un comunicado, Reyes Rodríguez dio a conocer que no renunciaría a su cargo como presidente todavía. “Convocaré al Pleno del TEPJF para reanudar la sesión pública del pasado 7 de diciembre con la presencia de las cinco magistraturas y será en ese espacio en donde ponga a su consideración mi permanencia en la presidencia del Tribunal”, enfatizó.
Con un empoderamiento disminuido, los magistrados rebeldes celebraron la decisión de su presidente, pero insistieron en reanudar la sesión del 7 de diciembre para discutir en público si Reyes Rodríguez debía o no renunciar.
Esa misma tarde, en un intento de mostrar unidad, los cuatro magistrados salieron a dar un mensaje público en el que afirmaron que sesionarían hasta que Otálora regresara a México, el 18 de diciembre.
Mónica Soto aprovechó para negar que aspirara a asumir la presidencia y, aunque parecía que todo estaba dicho, fuera de cámaras los inconformes insistieron en sesionar, pues afirmaron que Otálora podría comparecer por videoconferencia.
Ante la presión de sus compañeros, ese lunes por la noche el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón se adhirió a la lista de los titulares del TEPJF que renunciaron antes de concluir su mandato.
Las razones veladas
Aunque los magistrados del TEPJF afirmaron que perdieron la confianza en su presidente por diversos criterios jurisdiccionales y decisiones administrativas, cada uno de ellos tiene intereses diferentes a la justificación pública.
El 10 de diciembre, Rodríguez Mondragón afirmó que el descontento de sus compañeros derivó de las medidas de austeridad que adoptó durante su gestión:
“La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a las magistraturas y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se han regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales. Por ejemplo, la compra de pasajes para magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir al mínimo el gasto en personal de apoyo que nos acompaña y el número de días que dura cada comisión”, detalló.
Otras medidas fueron la disminución de vehículos oficiales por magistrado de nueve a cinco; el límite de dos dispositivos para pago de peaje (TAG’s) por cada magistratura; entre otros.
“Desde la presidencia propuse solicitar un monto igual al autorizado en 2018, mientras que una de las magistraturas sugería un presupuesto con un incremento del gasto fijo del Tribunal de 8.5% respecto de 2023, con miras a minimizar al impacto de un eventual recorte. Eso habría impactado solicitar 237 millones de pesos adicionales”, agregó.
Los magistrados disidentes no quisieron dar a conocer el detalle de las razones que los llevaron a rebelarse contra el entonces presidente del TEPJF.
En tanto, otros conflictos revelan parte del problema como la denuncia confirmada por Rodríguez Mondragón durante su informe de labores –presentada por Felipe de la Mata contra Yhalí Cruz– implica una pugna contra el ahora ex presidente y el exmagistrado José Luis Vargas.
Proceso confirmó que Yhalí Cruz era la secretaria particular de la Mata. En septiembre pasado concursó para ser magistrada de Sala Regional en el TEPJF y formó parte de la terna enviada por la SCJN al Senado de la República, misma que fue rechazada por los legisladores el 4 de octubre.
Como parte de este proceso, Yhalí Cruz y otra de las concursantes, Nancy Correa, acudieron a hablar con la ministra presidenta, Norma Piña, para realizar el cabildeo acostumbrado.
Sin embargo, esta casa editorial corroboró que por motivos de agenda la ministra presidenta no las recibió y después de esa ocasión no volvieron a buscar un acercamiento con la titular del PJF.
Antes de concursar, la abogada acudió con el entonces magistrado Vargas a solicitarle su apoyo, pues afirmó que De la Mata ejercía acoso sexual y laboral en su contra.
Vargas ofreció darle un espacio en su ponencia, pero para el 31 de octubre, fecha en la que el magistrado cumplió su periodo en el TEPJF, el personal con el que colaboraba y el del magistrado Indalfer Infante, quien también pasó al retiro, fueron comisionados temporalmente a las ponencias de los cinco magistrados que quedaron en activo en la Sala Superior.
De acuerdo con las declaraciones públicas de Vargas, él informó al magistrado presidente del conflicto entre Yhalí Cruz y Felipe de la Mata, para evitar que la trabajadora fuera enviada a la ponencia de quien ella ha señalado como su agresor.
Ante la posibilidad de que su ex secretaria particular presentara una denuncia formal en su contra, el magistrado De la Mata intentó que se le diera de baja de la institución, lo que no logró.
Reyes Rodríguez Mondragón no eligió personal temporal, por lo que se quedó con los empleados que ninguno de los otros cuatro magistrados eligieron, entre ellos Yhalí Cruz.
De la Mata denunció a su excolaboradora ante la FGR por extorsión, acción en la que señaló que Vargas y Rodríguez podrían ser los verdaderos autores de las acusaciones en su contra.
El magistrado acompañó a su denuncia audios en los que supuestamente se da cuenta de una estrategia para obligarlo a renunciar a la Sala Superior a fin de tener una plaza disponible para el arbitraje que realizará el TEPJF en la elección de 2024.
Al considerar que su entonces presidente no lo apoyó para evitar el conflicto con su exsecretaria particular, De la Mata formó parte del bloque opositor que lo presionó para renunciar al cargo.
Fuentes federales confirmaron a esta casa editorial que los intereses del magistrado Felipe Fuentes Barrera apuntan a la negociación de contar con la autorización oficial de utilizar recursos del TEPJF para su beneficio personal.
Desde 2021, Fuentes Barrera fue señalado de utilizar el taller mecánico que da servicio a los vehículos que adquiere el TEPJF, para reparar al menos cinco automóviles clásicos de su propiedad. Por mayoría de votos la Sala Superior decidió, a propuesta de Felipe de la Mata, exonerarlo de las acusaciones debido a que no se comprobó la utilización irregular de los recursos del tribunal.
El único que votó contra la propuesta de exoneración fue el magistrado José Luis Vargas Valdez.
Las fuentes consultadas explicaron que en esta ocasión el magistrado busca utilizar recursos del TEPJF para sufragar los gastos que le genera el uso y mantenimiento de sus vehículos de lujo y obtener una partida de gastos de representación ilimitados.
Además de que durante la gestión de Reyes Rodríguez buscó que se autorice la adquisición de vehículos oficiales para su magistratura que exceden de los montos establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, a lo que el entonces presidente le requirió solicitar la excepción por escrito para que la Comisión de Administración resolviera lo conducente.
Además, en marzo de 2022 el magistrado fue fotografiado con la consejera jurídica de Morena en la Cámara de Diputados, Yovanka Cobos Anaya. Un mes antes, la morenista se fotografió con De la Mata Pizaña mostrando unos peluches con el rostro caricaturizado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La imagen fue utilizada por el magistrado De la Mata para informar en sus redes sociales la decisión del TEPJF de prohibir el uso de los “amlitos” en la propaganda de Morena para promover candidaturas y aclaró que ello no implica que se prohíba a los ciudadanos utilizar estas imágenes del presidente.
De los tres magistrados disidentes, la que apunta a suceder a Reyes Rodríguez Mondragón en el cargo de presidente del TEPJF es Mónica Aralí Soto.
Pese a afirmar públicamente que no busca la presidencia, la magistrada es identificada como la más afín a los intereses de Morena, impresión que se reforzó –en pleno levantamiento protagonizado por ella y sus otros dos compañeros contra Rodríguez Mondragón– cuando se reunió con el diputado de Morena y representante de ese partido ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna.
Soto podría ser pieza clave para Morena en el TEPJF, pues, debido a que en el Senado de la República no hay fecha para la designación de los dos magistrados faltantes en la Sala Superior, quien ocupe el cargo de magistrado presidente cuenta con voto de calidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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