La única que puede impugnar la resolución mediante un amparo directo es la ASF, pues tiene carácter de ofendida en el caso, pero para la FGR no existe esa posibilidad.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México confirmaron el criterio del juez Roberto Paredes, quien determinó que la vía para sancionar a la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto por no evitar los desvíos millonarios de la Estafa Maestra cuando encabezó las mencionadas secretarías, es la administrativa y no la penal.
