A cinco años de la explosión de la toma clandestina, con saldo de 137 muertos, los habitantes de Tlahuelilpan aún sufren las secuelas de esa tragedia y deben enfrentar otra, la del crimen organizado que disputa la plaza para el huachicol.
El gobierno hidalguense, a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, reconoce el enfrentamiento entre Los Solas y una serie de agrupaciones unidas contra de éstos. Además, desde la región de Tula a la zona limítrofe con Querétaro dos cárteles libran un combate que ha dejado asesinatos violentos y mensajes de advertencia en los cuerpos: Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Hades. De estos cárteles, las autoridades optan por no hablar o, de hacerlo, afirman que ya no están en el territorio, sino asentados en la entidad aledaña que gobierna el panista Mauricio Kuri González.
A cinco años del estallido de la toma clandestina, familiares de las víctimas llegan al ejido de San Primitivo, en los límites de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, para limpiar los altares a la memoria de los difuntos. Quitan los abrojos que han crecido. Arrancan la hierba seca y colocan veladoras; también remiendan las cruces de madera que se han despostillado. Un hombre coloca el clavo al centro entre los maderos y la cruz vuelve a tener su rigidez; atrás, la fotografía de su hermano. Renuevan las flores secas por nuevas; se persignan y ponen candado a las vitrinas del altar. Silba el viento un recuerdo que se llevó el fuego.
Dicen que el día de la explosión había escasez de combustibles por una medida del gobierno federal, para cerrar parcialmente ductos con la intención de disuadir el robo de gasolinas, y que personas comenzaron a reunirse desde la mañana de la tragedia por una toma que huachicoleros habían dejado abierta.
El Ejército detectó la fuga a las 2:30 de la tarde. Explotó dos minutos antes de las siete de la noche para convertir la parcela en una escena de cuerpos encendidos que trataban de apagarse restregándose contra la tierra.
Ahí murieron 69 personas, otras 68 en hospitales. El reclamo que persiste entre los familiares de las víctimas es contra los militares, quienes, durante esas cuatro horas y media, no retiraron a la gente, sino que –afirman– les comentaron que la válvula iba a ser sellada a las ocho de la noche; “les dijeron que hasta ese momento podían recolectar”, cuenta un hombre de la tercera edad que perdió un hijo y un sobrino dedicados a la ganadería. Ellos, asegura, se pararon ahí porque mucha gente se estaba aglomerando. No se explica por qué se quedaron, pero no quiere decir más.
En este aniversario la situación es distinta: previo al 18 de enero, cuando celebrarán una misa en la denominada zona cero, las familias optan por no hablar. Hay dos razones: el estigma, porque reclaman que han denominado huachicoleros a las víctimas de manera generalizada, sin comprender las circunstancias que llevaron a cada uno a estar ahí; la segunda: el miedo por la disputa del territorio. No se ha ido el dolor. El temor llegó también.
Como ha ocurrido desde el primer aniversario de la explosión, los familiares de las víctimas aseguran que los apoyos no llegaron a todos los huérfanos (194, según el censo de la delegación del Bienestar),aunque el gobierno prometió becas vitalicias. El memorial prometido tampoco avanza porque –les dijeron– el ducto que explotó, aunque fue revestido, sigue trasladando combustibles, por lo que podría volver a estallar si se construye cualquier obra en ese lugar. Los habitantes aseguran que sigue habiendo huachicol, y creen que más violento que cuando estalló la toma clandestina.
Ruta del huachicol
Aunque el municipio de Cuautepec de Hinojosa, que se ubica en los límites con la sierra norte de Puebla, es el que más tomas clandestinas sumó a escala estatal y en todo el país durante 2023 (417, al corte de octubre), la región de Tula, donde se sitúa Tlahuelilpan, es la que concentra el mayor número de perforaciones, con la suma de la incidencia entre los territorios que convergen ahí. Se trata de un polígono en el que organizaciones criminales disputan las válvulas y el “piso”, en lo que las policías han denominado “la guerra por el huachicol”, que no se circunscribe al estado, sino que se extiende a las entidades que colindan: Querétaro y el Estado de México.
En los municipios donde ocurrió la explosión en enero de 2019 (el ejido se encuentra jurisdiccionalmente en Tlaxcoapan, pero en los límites con Tlahuelilpan) Seguridad Física de Pemex detectó 146 y 101 ductos perforados el año anterior, más 279 en Atotonilco de Tula, 375 hallados en Tula, 75 en Tepetitlán, 98 en Tepeji del Río, 149 en Atitalaquia y 106 en Chapantongo.
Dos de los cadáveres encontrados por militares junto a un ducto de Pemex en San Juan del Río, Querétaro, el 9 de enero último, eran de habitantes de Tula, y uno más de Tepetitlán, según una fuente de la Fiscalía de esa entidad, que también confirmó que había una cartulina con un mensaje amenazante: “Sigan huachicoleando”. Esto acrecentó el temor entre la población de la región de Tula, mientras las autoridades de ambos estados se responsabilizan mutuamente de la violencia y sostienen que sólo son “tiraderos de cadáveres”, en alusión a que, supuestamente, los actos delictivos no ocurren en sus territorios.
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A 5 años de la explosión en Tlahuelilpan: el poblado está entre el estigma y el acoso del narcoTlahuelilpan. Las heridas no se cierran. Foto: Miguel Dimayuga
NACIONAL
Autor sin foto cargada
Por Áxel Chávez
jueves, 18 de enero de 2024 · 05:00
TLAHUELILPAN, Hgo (Proceso).– El poblado hidalguense donde el 18 de enero de 2019 estalló una toma clandestina de hidrocarburo, que causó 137 muertos por calcinación y lesiones por quemaduras a decenas de personas, es parte de la disputa territorial por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las rutas del narcomenudeo entre grupos criminales en la región del Valle del Mezquital, situada al centro del estado.
El gobierno hidalguense, a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, reconoce el enfrentamiento entre Los Solas y una serie de agrupaciones unidas contra de éstos. Además, desde la región de Tula a la zona limítrofe con Querétaro dos cárteles libran un combate que ha dejado asesinatos violentos y mensajes de advertencia en los cuerpos: Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Hades. De estos cárteles, las autoridades optan por no hablar o, de hacerlo, afirman que ya no están en el territorio, sino asentados en la entidad aledaña que gobierna el panista Mauricio Kuri González.
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A cinco años del estallido de la toma clandestina, familiares de las víctimas llegan al ejido de San Primitivo, en los límites de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, para limpiar los altares a la memoria de los difuntos. Quitan los abrojos que han crecido. Arrancan la hierba seca y colocan veladoras; también remiendan las cruces de madera que se han despostillado. Un hombre coloca el clavo al centro entre los maderos y la cruz vuelve a tener su rigidez; atrás, la fotografía de su hermano. Renuevan las flores secas por nuevas; se persignan y ponen candado a las vitrinas del altar. Silba el viento un recuerdo que se llevó el fuego.
San Primitivo. Abandono. Foto: Jaime Contreras Vega
Dicen que el día de la explosión había escasez de combustibles por una medida del gobierno federal, para cerrar parcialmente ductos con la intención de disuadir el robo de gasolinas, y que personas comenzaron a reunirse desde la mañana de la tragedia por una toma que huachicoleros habían dejado abierta.
El Ejército detectó la fuga a las 2:30 de la tarde. Explotó dos minutos antes de las siete de la noche para convertir la parcela en una escena de cuerpos encendidos que trataban de apagarse restregándose contra la tierra.
Ahí murieron 69 personas, otras 68 en hospitales. El reclamo que persiste entre los familiares de las víctimas es contra los militares, quienes, durante esas cuatro horas y media, no retiraron a la gente, sino que –afirman– les comentaron que la válvula iba a ser sellada a las ocho de la noche; “les dijeron que hasta ese momento podían recolectar”, cuenta un hombre de la tercera edad que perdió un hijo y un sobrino dedicados a la ganadería. Ellos, asegura, se pararon ahí porque mucha gente se estaba aglomerando. No se explica por qué se quedaron, pero no quiere decir más.
Los militares en la noche de la explosión. Foto: Sedena /Cuartoscuro
En este aniversario la situación es distinta: previo al 18 de enero, cuando celebrarán una misa en la denominada zona cero, las familias optan por no hablar. Hay dos razones: el estigma, porque reclaman que han denominado huachicoleros a las víctimas de manera generalizada, sin comprender las circunstancias que llevaron a cada uno a estar ahí; la segunda: el miedo por la disputa del territorio. No se ha ido el dolor. El temor llegó también.
Como ha ocurrido desde el primer aniversario de la explosión, los familiares de las víctimas aseguran que los apoyos no llegaron a todos los huérfanos (194, según el censo de la delegación del Bienestar),aunque el gobierno prometió becas vitalicias. El memorial prometido tampoco avanza porque –les dijeron– el ducto que explotó, aunque fue revestido, sigue trasladando combustibles, por lo que podría volver a estallar si se construye cualquier obra en ese lugar. Los habitantes aseguran que sigue habiendo huachicol, y creen que más violento que cuando estalló la toma clandestina.
El memorial en la zona cero a un año de la tragedia, en 2020. Foto: Jaime Contreras Vega.
Ruta del huachicol
Aunque el municipio de Cuautepec de Hinojosa, que se ubica en los límites con la sierra norte de Puebla, es el que más tomas clandestinas sumó a escala estatal y en todo el país durante 2023 (417, al corte de octubre), la región de Tula, donde se sitúa Tlahuelilpan, es la que concentra el mayor número de perforaciones, con la suma de la incidencia entre los territorios que convergen ahí. Se trata de un polígono en el que organizaciones criminales disputan las válvulas y el “piso”, en lo que las policías han denominado “la guerra por el huachicol”, que no se circunscribe al estado, sino que se extiende a las entidades que colindan: Querétaro y el Estado de México.
En los municipios donde ocurrió la explosión en enero de 2019 (el ejido se encuentra jurisdiccionalmente en Tlaxcoapan, pero en los límites con Tlahuelilpan) Seguridad Física de Pemex detectó 146 y 101 ductos perforados el año anterior, más 279 en Atotonilco de Tula, 375 hallados en Tula, 75 en Tepetitlán, 98 en Tepeji del Río, 149 en Atitalaquia y 106 en Chapantongo.
Dos de los cadáveres encontrados por militares junto a un ducto de Pemex en San Juan del Río, Querétaro, el 9 de enero último, eran de habitantes de Tula, y uno más de Tepetitlán, según una fuente de la Fiscalía de esa entidad, que también confirmó que había una cartulina con un mensaje amenazante: “Sigan huachicoleando”. Esto acrecentó el temor entre la población de la región de Tula, mientras las autoridades de ambos estados se responsabilizan mutuamente de la violencia y sostienen que sólo son “tiraderos de cadáveres”, en alusión a que, supuestamente, los actos delictivos no ocurren en sus territorios.
De Tula, víctimas de San Juan del Río. Foto:@Halcon1072
En el Valle del Mezquital los municipios donde hay ductos tienen diferentes mandos. Por ello el secretario estatal de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, declaró que, cuando Los Solas pretendieron hacerse del dominio total, una serie de grupos, a cargo de diferentes plazas, se unieron para enfrentarlos.
En Chapantongo, una fuente con conocimiento directo del negocio de la ordeña de combustible, comentó que les prohibieron hacer piquetes porque “se rompió” el vínculo con las autoridades, en referencia a un supuesto acuerdo entre ambos.
No obstante, el trasfondo es mayor porque la negativa de seguir en contubernio con las perforaciones fue desde que, a finales de octubre pasado, en un operativo estatal con apoyo de fuerzas federales, en la localidad de Sayula, en Tepetitlán (municipio aledaño), elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra un supuesto líder del huachicol y los pobladores, que salieron a enfrentarlos, lo impidieron.
Ese líder, agrega la misma fuente, había recibido amenazas por parte del CJNG, que pretendía sustituirlo en el mando de una ruta intermunicipal de ductos, bodegas y casas de seguridad, que entre otros incluía Sayula, Santa Ana Ahuehuepan (Tula) y Las Maravillas (Nopala). Producto de esta disputa, asegura, cinco personas fueron torturadas y asesinadas en abril último, y sus cuerpos abandonados en un camino de terracería en Ahuehuepan.
El propio gobernador Julio Menchaca reconoció que en la región de Tula la violencia es ocasionada por la pelea por el territorio, tras una serie de muertes violentas y mensajes en los cadáveres.
“De repente dejó de haber huachicol”
En Chapantongo la disputa y amenazas por el territorio tiene más antecedentes: en marzo de 2021, cumplido un año de la pandemia, pasó algo que los pobladores juzgaron muy extraño: “De repente dejó de haber huachicol y nada y nada y nada, y el que tenía te quería vender como si fuera gasolinería, a 20 pesos”.
La versión es de un hombre que conoce desde la entraña el negocio de la ordeña de combustible. Esto, añade, ocurrió porque supuestos emisarios del CJNG exigían derecho de piso si alguien quería ordeñar las válvulas. De lo contrario, iban a empezar “una limpia” en el municipio.
“No había nada de huachicol”. Pero los ordeñadores trataban de mantener el negocio sin hacerlo visible. Dejaron las pipas y las camionetas. “Sacaban 200 litros por viaje en una carretilla y un tambo, pero tenían que caminar como un kilómetro sobre piedra y barrancos y ahí iban con sus 200 litros y los vendían a 19, 18 pesos. Ya casi al precio”, refuerza esta versión otra pobladora de Chapantongo.
La gente no salía, tenía miedo de encontrar las balas del grupo armado, ya afincado en la periferia, en el corazón del Valle del Mezquital y también en la zona Tula-Tepeji, donde se ubica la refinería Miguel Hidalgo. Pero de un día para otro, así como había desaparecido, volvió. Los habitantes no saben si la amenaza a los huachicoleros locales era o no real, si habrán o no pactado, pero el ducto comenzó a salpicar de nuevo y, con ello, la economía ilegal de la que se sostiene.
Ahora, cuentan, nuevamente hay escases de huachicol para la venta minorista, aunque las pipas, sostienen, siguen saliendo cargadas de las tomas clandestinas. Su lectura es ésta: “Hay mando”, pero al parecer desvinculación social. De cualquier modo, reconocen por su experiencia, es un delito que no opera si no hay colusión.
El gobierno de Hidalgo asevera que el Cártel Jalisco no está en su territorio. El secretario de Seguridad Cruz Neri ve en los mensajes hallados en cuerpos con esta firma una “suplantación” de las siglas CJNG. A Los Hades o Cártel de Palmillas, que fueron reconocidos como la principal amenaza criminal en el cierre del gobierno de Omar Fayad Meneses (2016-2022 –quien también negaba la presencia de cárteles–), ya no los ve en el estado, sino que sostiene están asentados en Querétaro.
Proceso buscó a la directora de Gobierno en Tula, Zitlaly Zúñiga, para consultar sobre la violencia en la región y los grupos delictivos asentados; sin embargo, dijo que eran cuestionamientos a los que debería dar respuesta el responsable de Seguridad Pública. Tampoco contestó respecto de las declaraciones de los deudos por la explosión de Tlahuelilpan acerca de la falta de apoyos prometidos.
Policías rebasadas
El 8 de enero último el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, informó que, en una primera etapa, de diagnóstico, parte de las reuniones del gabinete de seguridad con municipios arrojó que las corporaciones locales no cuentan con las condiciones que la ley establece para operar.
Aunque no reveló a qué ayuntamientos se refería, generalizó que los elementos de corporaciones municipales no habían aprobado examen de control y confianza, no estaban capacitados para hacer el informe policial homologado y no habían recibido adiestramiento ni capacitación para uso de armas.
A esto se sumaba condiciones laborales con salarios bajos y falta de equipo para realizar funciones, aunado a que el número de policías no correspondía a la cantidad de habitantes.
Todo esto, reconoció, ha favorecido a la actividad delincuencial. “No se puede pensar que un municipio esté en tranquilidad si no tiene policía municipal”, expuso, al marcar la primera responsabilidad desde el primer ámbito jurisdiccional.
Un agente de Tlaxcoapan, que pidió no ser identificado, acepta que están rebasados ante el delito del robo de hidrocarburo porque, dice, contrario a la voz oficial que busca restar el alcance del crimen, al asegurar que son grupos locales los que lo operan, hay cárteles nacionales, o bien organizaciones estatales aliadas con ellos, entre los responsables de una disputa por el territorio que ha dejado un legado de muertes. A Los Hades los menciona como uno de los más brutales que ha conocido, por la saña con la que ultiman los cuerpos.
Reconoce que no tienen el adiestramiento para enfrentar un cártel, ni el poder de fuego –aquellos, remarca, poseen escopetas, “cuernos” (de chivo), granadas– cuando los agentes tienen calibres cortos y equipo táctico como chalecos de segundo uso.
Ante esa desventaja, añadió, no entran en combate por sí mismos, aunque en la región hay presencia de la Guardia Nacional, Ejército y policía estatal, cuyo número en conjunto, consideró, también es insuficiente para contener la violencia.
A continuación, un video de la visita realizada en marzo de 2020 a las tierras de cultivo de San Primitivo, donde ocurrió la explosión de la toma clandestina. En las imágenes se pueden observar el estado de abandono de la zona, el memorial amarrado con alambres para que el viento no se lleve el letrero con los nombres de las víctimas y la bandera de México, testigo de la soledad del sitio, hecha jirones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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