Durante el acto, López Obrador anunció que los 2 millones 500 mil beneficiarios del hasta entonces llamado Programa de Pensión para Adultos Mayores tendrían el doble de dinero, con un aumento de mil 160 a 2 mil 550 pesos, e indicó que se ampliaría el número de personas inscritas gracias a “un censo casa por casa (en el que) se va a incluir también a pensionados y jubilados que no recibían este apoyo”.
Adultos mayores, los que más votan en elecciones
Casi cinco años después, en diciembre de 2023, el padrón de la pensión alcanzó los 11 millones 841 mil 561 beneficiarios, es decir, 373% más de los que tuvo al inicio del sexenio, aunque la meta del presidente es que en 2024 –año electoral– el programa llegue a 12 millones de personas, cifra que representa el 90% del total de adultos mayores que viven en el país y cuentan con credencial vigente para votar.
Esta inversión extraordinaria en la pensión para adultos mayores, que para 2024 será de 465 mil 048 millones 652 mil 027 pesos, coincide con el hecho de que la población que tiene como objetivo atender es la que vota en mayor medida en las elecciones.
En las votaciones intermedias de 2021, el nivel más alto de participación se dio por parte de las personas de entre 60 y 79 años (67%), mientras que en los comicios de 2018 –en los que resultó ganador López Obrador– el INE encontró que los niveles más altos se ubicaron en el subconjunto del electorado con rangos de edad de 60 a 74 años, con la participación de más del 72% de sus integrantes, lo que representó el 14% de la lista nominal.
Para quienes reciben el apoyo, es un ingreso extra que permite contar con recursos suficientes para alimentos y algunas medicinas, que en algunos casos complementa el dinero que reciben por ser personas jubiladas de algún empleo formal, pero en otros es el único ingreso de los adultos mayores.
María, de 68 años, dice que con la pensión de Bienestar que recibe desde hace dos años le alcanza para comprar medicamentos y comida, además de que complementa el ingreso que recibe por su jubilación para pagar los gastos de su casa, que comparte con su hijo, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.
Cada dos meses acude a una sucursal del Banco del Bienestar que queda a unos treinta minutos de su casa para tener el apoyo en efectivo, aunque sabe que puede hacer pagos con la tarjeta, explica que prefiere acudir a estas oficinas, donde la orientan en caso de tener alguna duda.
Más de 100 eventos para programas sociales
Desde el inicio del sexenio, el presidente ha encabezado 127 eventos especialmente dedicados a los programas de la Secretaría de Bienestar; el año con más conferencias del tema fue 2019, con 58, seguido del 2023, con 31, y 2021, con 18. En 2020 solo tuvo cuatro visitas a estados para hablar sobre política social, y para 2022 únicamente estuvo en un municipio con este fin.
El Estado de México es la entidad que López Obrador ha visitado más para dar conferencias dedicadas exclusivamente a hablar sobre programas sociales (21), en segundo lugar está Veracruz (15) y en tercer lugar Baja California (8), aunque también ha tenido conferencias del tema en Guerrero (7), Oaxaca (6), San Luis Potosí (5) y Chihuahua (5).
Otros estados visitados por el mandatario para dar conferencias sobre los programas de la Secretaría de Bienestar son Puebla, Hidalgo, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Tabasco.
Además, funcionarios de la Secretaría del Bienestar, delegados estatales de programas sociales y servidores de la nación han recorrido el país, con brigadas casa por casa, conferencias de prensa y eventos de entrega de tarjetas en los que recuerdan a los beneficiarios que esta pensión fue creada por López Obrador.
Qué dice la ley sobre propaganda y recursos públicos
Esto, sin importar que la Constitución mexicana, en su artículo 134, establece la prohibición de hacer propaganda con recursos públicos, por lo que no pueden usarse nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
El artículo también señala que “los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Pese a ello, apenas el pasado 10 de diciembre el mandatario expuso ante beneficiarios de programas sociales del Estado de México que Morena debe ganar la presidencia y el Congreso para garantizar el presupuesto de los apoyos, aunque desde 2020 estas políticas públicas fueron reconocidas como derecho constitucional.
“Vamos a continuar con todos los programas, ya está aprobado el presupuesto del próximo año. Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso, porque miren, si yo gano la presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, y nos hubiese costado más ayudar a la gente”, comentó desde Almoloya de Juárez, uno de los municipios que visitó el presidente como parte de su gira en el Estado de México.
Un día después, la gobernadora Delfina Gómez destacó ante personas beneficiarias de los programas en Toluca que estos son un “legado histórico” de López Obrador, “una herramienta poderosa que ha demostrado ser eficaz para la transformación, para brindar apoyos directos en favor de la dignidad del pueblo, pero sobre todo para hacer justicia, una justicia que hace mucho tiempo no se veía”.
Programas sociales y elecciones 2024
Desde septiembre pasado, el INE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos que establecen medidas preventivas para evitar la injerencia de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en el proceso electoral federal y los procesos locales 2023-2024, en acatamiento de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estos lineamientos –resultado del reclamo de partidos de oposición sobre el presunto uso electoral de los programas del Bienestar– establecen que los Servidores de la Nación y todos aquellos funcionarios relacionados con la entrega de apoyos sociales no podrán ser representantes de partido, observadores o funcionarios de casilla y tampoco podrán presionar con suspender la entrega de recursos, servicios, programas u obras públicas.
Sin embargo, explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los programas y su ejecución están diseñados “para ser identificados con el presidente: desde los primeros años, con la construcción de padrones que llamaron ‘Censo del Bienestar’ y una estructura a nivel operativo que llamaron ‘Servidores de la Nación’ que venía de la defensa del voto de Morena, o sea, pasaron la estructura del partido a la Secretaría del Bienestar, le pusieron el color del partido a sus chalecos, al principio hasta el nombre del presidente, y empezaron con el discurso de que les mandaba una transferencia”.
Gómez Hermosillo destaca además que en evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha encontrado que la existencia de estos apoyos no han disminuido las carencias sociales de las´personas más pobres, y por el contrario, han mostrado un aumento en el número de beneficiarios con mayor ingreso per cápita en sus hogares.
Animal Político consultó a la Secretaría de Bienestar su postura sobre los señalamientos que ha habido por parte de partidos de oposición y especialistas de un posible uso electoral de los programas sociales, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.
El programa de Bienestar con más presupuesto
En 2024, el presupuesto en Pensiones de Adultos Mayores equivale al 85% de los 544 mil mdp aprobados por la Cámara de Diputados para la Secretaría del Bienestar.
El presupuesto de este programa ha tenido un crecimiento del 871% desde 2018, último año del sexenio de Enrique Peña, y se ha incrementado 260% desde que llegó a la presidencia López Obrador, con un aumento en las transferencias de 2 mil 550 pesos bimestrales en 2019 a 6 mil pesos cada dos meses en 2024.
Desde la perspectiva económica, el investigador Diego Díaz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que, al ser un programa no contributivo, carece de una fuente de financiamiento, más allá de los recursos presupuestales, “que sabemos que son limitados y que cada vez son menores porque se los está comiendo el costo financiero de la deuda, y por otro lado, al volver este programa universal, no se está focalizando adecuadamente, por lo que hay personas pensionadas que reciben hasta 50 mil pesos, y además su pensión de Bienestar”.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores por 77 millones 141 mil 68 pesos, por gastos de operación y entrega.
En su revisión de la cuenta pública de 2021, la ASF encontró que la Secretaría del Bienestar tiene pendiente por demostrar el gasto de 60 millones 659 mil 770 pesos en entregas de apoyos que, según las observaciones de la Auditoría, se dieron a personas fallecidas, pagos de marcha de beneficiarios que no han muerto, así como a algunos cuyos nombres no aparecen en el padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Otros 16 millones 481 mil 848 pesos pendientes de aclarar fueron utilizados para la dispersión de las pensiones, pero la ASF no encontró documentos probatorios sobre su destino.
Ante estas irregularidades, Díaz indicó que es necesario que las instituciones responsables sean cuidadosas con la fiscalización del uso adecuado de los recursos públicos, “para que cumplan su función y evitar que este tipo de programas sean usados con fines clientelares en el contexto de las próximas elecciones”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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