El recientemente detenido Alexis Weinberg es acusado de suministrar a García Luna equipo para espionaje.
Por años R3D ha desempeñado una compleja labor para acceder a información de interés público, en particular, contratos relacionados con herramientas de espionaje utilizadas a lo largo de tres administraciones públicas.
En entrevista, García resaltó la labor de periodistas, como Peniley Ramírez, quien reveló que herramientas adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública eran desviadas y empleadas por empresas privadas, incluida NICE Systems.
Destacó que esta información revela contrataciones donde Samuel Weinberg, padre del recientemente detenido Jonathan Alexis Weinberg Pinto, actuó como representante legal de la empresa israelí de vigilancia NICE Systems. Estos contratos vinculan a la Secretaría de Seguridad Pública con empresas como ICIT y Nunvav, utilizadas para movimientos de dinero público.
Sin embargo, consideró que las acusaciones del gobierno federal contra García Luna, van más allá de los contratos que beneficiaron a empresas vinculadas a la familia Weinberg, ya que después de dejar la función pública, al final del sexenio de Peña Nieto, García Luna se convirtió en consultor privado, y las empresas de Weinberg supuestamente le transfirieron dinero y otros beneficios, incluso facilitando propiedades lujosas en Miami y departamentos en los que residía García Luna.
El director de R3D destacó la opacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y la falta de transparencia en las acusaciones, aunque se infiere que García Luna habría recibido beneficios económicos y desvíos de recursos. La conexión entre García Luna y la familia Weinberg, según García, implica un complejo entramado de corrupción y abuso de poder.
Dijo que el caso del software de espionaje Pegasus se acerca a un hito importante, ya que la Suprema Corte resolverá una impugnación presentada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para acceder a información sobre expedientes relacionados con Pegasus, luego de que fueran reservados por el Gobierno Federal, alegando motivos de seguridad nacional.
¿Cómo se puede afectar la seguridad nacional cuando se revela información sobre un software este gobierno ya no opera?
Para Luis Fernando García esto constituye una “contradicción” de parte del gobierno, ya que, por una parte el presidente López Obrador “dice que no tiene nada que esconder”, pero al mismo tiempo la Consejería Jurídica de la Presidencia interpone recursos legales para evitar la divulgación de información relacionada con Pegasus.
“Hay toda una operación de encubrimiento en la cual yo incluiría este tipo de recursos. La Consejería Jurídica de la Presidencia está siendo aliada de la opacidad, de la impunidad y la corrupción, tratando de impedir que los mexicanos conozcamos información sobre el caso”, denunció el activista.
Ante las acusaciones contra García Luna, el director de R3D enfatiza la importancia de desentrañar la realidad detrás de las acciones del presidente López Obrador.
Finalmente, Luis Fernando García destacó la relevancia del caso Pegasus y la necesidad de exponer la corrupción, la ilegalidad y el abuso de poder, incluso cuando el gobierno actual “se esfuerza por mantener la opacidad”.
Ante esta situación consideró que el veredicto de la Suprema Corte sobre el acceso a información crucial podría ser determinante en la lucha por la transparencia en este caso emblemático.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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