Las supuestas 16 mil personas localizadas por el nuevo censo de AMLO no han sido presentadas ni sus familias notificadas, pese a que la Secretaría de Gobernación presumió la cifra en la conferencia mañanera del pasado 14 de diciembre.
“¿Quiere decir que ya llegaron a sus casas? No. Aquí dice qué es lo que tenemos que hacer sobre esas 16 mil 651 personas (que la secretaria de Gobierno, Luisa Alcalde, presentó como localizadas en la conferencia mañanera). Se tiene que formalizar la localización. ¿Cómo se formaliza la localización? Hay un procedimiento que se tiene que seguir. ¿Ya se terminó el procedimiento? No. Estamos trabajando en el procedimiento.
“¿Qué significa el procedimiento? Cuáles son a grandes rasgos los pasos: Tenemos pruebas de vida, pero se tienen que integrar los expedientes, se tienen que registrar las localizaciones en las bases de datos correspondientes, tanto en la federal como en las de las fiscalías o de la comisión (estatal), y luego, ya que se hizo todo esto, se tiene que hablar con la persona denunciante o reportante. Esto todavía no lo hemos terminado”.
Familiares acusan que los procedimientos son revictimizantes
Ante ello, los representantes de colectivos reprocharon lo inadecuado y ofensivo de ese proceso: “No me dice que ya lo localizó hasta no tenerlo… tienen a las familias en la incertidumbre. Si es un proceso, no puede ser exhibido porque están revictimizando”, señaló uno de los familiares.
En efecto, esto contraviene lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que describe los pasos que deben seguirse para confirmar una localización, la cual debe suponer siempre la identificación de la persona, por lo que las autoridades tienen que presentar un informe en que deben anexar la prueba de vida. Solo entonces informar a los familiares y dar por hecho la localización.
Además, debe tratarse de un proceso de reconocimiento que lleve a la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que una persona “con la que se está interactuando” es una persona a la que se busca, o bien de que un cuerpo o restos humanos pertenecieron a una persona a la que se busca, lo cual permite alcanzar la determinación científica de su fallecimiento.
Aunado a ello, de acuerdo con la definición proporcionada por la propia Secretaría de Gobernación, la cifra de personas “localizadas” corresponde a personas de las que se cuenta con prueba de vida o informe de defunción.
“Las pruebas de vida obtenidas están siendo evaluadas por las autoridades primarias para formalizar su conclusión, asegurándose de que cumplan con los requisitos establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda”.
Es decir, las autoridades locales –que inicialmente reportaron la desaparición– apenas están iniciando el proceso que indica el Protocolo, y que primero debería concluir antes de dar por localizada a la persona. Así lo planteó la comisionada nacional esta vez:
“A principios de este año se mandó la información a las fiscalías, a las comisiones, que son quienes van a estar en el procedimiento de formalización. ¿Ya lo hicieron, ya lo terminaron, ya presentaron a las personas? No. Estamos en el procedimiento.
“Es un proceso que tienen que hacer las autoridades competentes y están empezando a hacer el procedimiento, que tiene varios pasos, uno de ellos es integrar toda la documentación; claro que hay un paso donde se le informa a quien reportó la localización”, explicó.
Sin embargo, una de las familiares reclamó que esto constituye un acto de violencia. “Para que quede claro: eso es una violencia. Porque si mi hermano no aparece en el registro y aparece en estos 16 mil, entonces yo me tengo que esperar, ya con la incertidumbre de que fue localizado, hasta que se les pegue la gana hacer su trabajo a las comisiones, a las fiscalías y demás, para que usted venga y me entregue a mi hermano. Entonces creo que lo primero que tendrían que haber hecho ustedes es taparse la boca con las cifras hasta estar seguros”.
Citados desde diciembre pasado, tras la jornada de protesta que emprendieron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se preveía que la titular de la CNB los recibiera desde las 10 de la mañana, pero el inicio se retrasó luego de que las autoridades pretendieran dividir el grupo en dos, bajo el argumento de que no había espacio suficiente para 60 personas que acudieron en representación de 37 colectivos.
Finalmente fueron recibidos para exponer todos los cuestionamientos que ya habían agrupado en un escrito y, entre otros, contemplaban la presentación del proyecto de trabajo de la nueva comisionada, explicación de las cifras, respuesta respecto a cómo podría comprobarse su veracidad, convocatoria al Sistema Nacional de Búsqueda, búsquedas inmediatas, explicación sobre despidos de personal y número total del registro por estados.
Además, pidieron la suspensión de la búsqueda casa por casa por ser revictimizante –a lo cual se negó Sahagún Reyes–, búsqueda de las personas que no tienen familiares, atención específica a las desapariciones en la frontera, células de búsqueda, seguridad para las jornadas de búsqueda, y claridad sobre las personas localizadas, dónde están quienes se presume están con vida y el estado de los restos recuperados.
Argumentan reestructuración y rechazan desmantelamiento
Ante los cuestionamientos Reyes Sahagún justificó que no se ha despedido al personal, pero que 216 plazas de la CNB eran de tipo eventual, por lo que se está trabajando en obtener los recursos para poder mantenerlas.
Sin embargo, descartó garantizar que se vuelva a contratar al mismo personal eventual que ocupaba esas plazas. Esto después de que Javier Yankelevich, director de Operaciones de Búsqueda en la CNB, hiciera público en una carta a los familiares que el 31 de enero será su último día en la comisión.
“La búsqueda de las víctimas de la contrainsurgencia fue la primera de muchas tareas que me serían encomendadas durante estos años, y una de las que más íntimamente asumí, tal vez porque mi propia historia familiar está atravesada por el terrorismo de Estado”, recuerda el funcionario en el texto.
Ahí mismo, señala a la nueva directiva de la CNB como la responsable de una profunda reestructura, como parte de la cual resolvió prescindir de los servicios de Yankelevich, aunque al mismo tiempo decidió conservar una pequeña área especializada en la búsqueda de las víctimas de la contrainsurgencia con dos plazas.
“A estas se sumaría un investigador comisionado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) desde noviembre de 2023. Es decir, el nivel de recursos humanos disponible para esta misión en 2024 no será muy distinto al que había en 2019, a pesar del decreto de 2021 por el que el Presidente de la República ordena un Plan Especial de Búsqueda, y de que, a lo largo del sexenio, la plantilla de la CNB creció en un 550%”, reclama el hasta ahora director de operaciones.
Por otro lado, la coordinadora nacional señaló que todavía no ha sido posible realizar la entrega-recepción administrativa de la CNB, pero la dependencia está en el proceso de revisión del otorgamiento de subsidios que se dan a las comisiones locales de búsqueda, además de que es necesario trabajar en el sustento normativo del organismo, que fue señalado en una Auditoría Superior de la Federación.
“No se generaron los suficientes procesos de búsqueda, por ejemplo de 302 solicitudes que habían llegado a lo largo del año a las oficinas centrales solo se atendieron 32. Una de las tareas que tenemos como urgentes es generar más procesos de búsqueda, y reorganizar los procesos de trabajo al interior de la comisión para que sirvamos más y sirvamos mejor”, dijo la titular de la CNB.
Además, criticó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) tiene problemas de operación, por lo que funcionarios del Conahcyt, especializados en bases de datos, estarán revisándolos. Acusó que la CNB operaba, antes de su llegada, con discrecionalidad, pues faltaban reglamentos y lineamientos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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