El nuevo censo de personas desaparecidas del gobierno federal borró a militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que son buscados desde hace décadas, pese a ser reconocidos como víctimas de desaparición forzada; 9 más fueron catalogados como “ubicados” sin que se haya ofrecido detalles sobre su paradero y 5 aparecen como sin información suficiente.
Entre la lista de los datos borrados están los de Adolfo Tecla Parra, Roberto Antonio Gallangos Cruz, Abel Estrada Camarillo, Carmen Vargas Pérez, Leonardo Jiménez Alvarado, Wenceslao José García y Ana María Parra de Tecla que desaparecieron a manos de la llamada Brigada Blanca entre los años de 1975 y 1979, durante los sexenios de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, en el periodo conocido como la Guerra Sucia.
Los nombres de estos siete integrantes de la Liga Comunista aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero en el nuevo censo de personas desaparecidas de AMLO -dado a conocer en diciembre pasado con el nombre Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada– no fueron incluidos. Familiares exigen que el Gobierno esclarezca su estatus, pues ellos nunca fueron censados ni sus familiares han vuelto a casa.
“Esta investigación me parece es una muestra evidente de que se ha roto o se ha modificado el Protocolo Homologado de Búsqueda, incluyendo a todo el funcionariado que participó [….] es una muestra de las omisiones o de lo que se ha estado haciendo mal”, dice en entrevista con Animal Político la abogada Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista, desaparecida el 5 de enero de 1978 y cuyos datos fueron eliminados del censo hasta este 22 de enero de 2024.
Autoridades dan por ‘ubicados’ a nueve y buscan información de otros cinco
Además de los 7 registros borrados, el nuevo censo del presidente López Obrador ha reclasificado otros 14 casos, dando por “ubicados” a otros 9 integrantes de la Liga Comunista “con indicios” que, según el Gobierno, podrían llevar a su eventual localización.
Se trata de Mario Alberto Ortiz Vallejo, Rafael Ramírez Duarte, José Luis Torres Ontiveros, Raymundo López Chavarría, Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, José Bonilla Ortega, Roque Reyes García y Rubén Hernández Padrón, desaparecidos entre 1974 y 1981.
En la gran mayoría de estos casos, en la consulta pública del Registro Nacional de Búsqueda, la CNB señaló que la circunstancia de su desaparición tiene que ver con que “se le privó de la libertad por una corporación policiaca o militar”.
En tanto Pedro Gorgonio Santiago, Jorge Hermelindo Varela Varela, José Guadalupe Salas García y Gerardo López Chavarría están catalogados dentro del nuevo censo en la categoría de “se requieren datos de identidad” y uno más, Luis Benito Espinoza Lucero, aparece con identidad en el nuevo censo, pero “sin datos adicionales”, por lo que las autoridades buscan a su “reportante”.
Precisamente, sobre estas nuevas clasificaciones del Gobierno para catalogar a las personas desaparecidas del país, Mara Navarro Fierro, hija de Jorge Hermelindo Varela Varela, considera que las autoridades deberían tener un “poco más de comunicación” con las familias de las personas desaparecidas, “porque después de 40 años -en nuestros casos de la Liga Comunista y los movimientos armados de los 70’s- seguimos esperando que haya solución”.
“Porque no nada más es un ciclo que afecta a padres a hijos, sino que son generaciones enteras que todavía traen esas situaciones, ese pesar de no saber dónde está su familia, parte de su familia, por lo que sería importante el que se busque a todos sin especular, hasta que se dé con ellos, hasta que se entregue el qué pasó con ellos. Sé que suena un poco ilógico, pero muchas personas todavía después de 40 años tenemos la esperanza de que quizá puedan estar todavía con vida, de que quizá puedan estar bien y todavía queremos cerrar ese ciclo de si están unos (con vida), cuál es su estatus, cómo están o conocer realmente qué fue lo que pasó, lo que llaman la verdad histórica”, dice.
El caso de Hermelindo Varela tiene una singularidad. Es uno de los tres casos de esta lista de personas desaparecidas cuyos datos aparecen en el censo con datos “confidenciales”, por ser “información reservada por la FGR”, cambio que Mara Navarro asegura jamás le comunicaron ni ella tampoco solicitó.
Animal Político buscó a la CNB, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para solicitar información sobre los datos eliminados y reclasificados de los 22 casos que se documentan en este trabajo, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
“Han transcurrido 16 mil 780 días sin mamá”: la lucha de Alicia de los Ríos por encontrar a su madre
El pasado 10 de enero de 2024, Alicia de los Ríos acudió a instalaciones de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para participar en el primer foro llamado “Fallas en el sistema de justicia”, dentro de los llamados Diálogos por la Transformación, eventos convocados por el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que tienen como finalidad llevar a cabo la reforma al Poder Judicial encargado por la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.
“Soy hija de Alicia de los Ríos Merino, una militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que desapareció a manos de la Brigada Especial, mejor conocida como la Brigada Blanca, el 5 de enero de 1978 en la colonia Vallejo, en el norte de la Ciudad de México”, dijo Alicia aquel día a modo de presentación.
La Brigada Especial, explicó, fue una coordinación entre la Dirección Federal de Seguridad (DFS) -en el caso de su madre dirigida entonces por Javier García Paniagua-, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia -corporación secreta de seguridad de la Ciudad de México- y la policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras corporaciones, que integraron lo que Alicia calificó como “el circuito de la desaparición forzada en este país”.
“Han transcurrido 16 mil 780 días sin mamá. Hasta ahora sabemos que permaneció 6 meses en el Campo Militar número 1. Es una de las personas que ha sido más vista por testigos sobrevivientes […] Alicia fue trasladada a la base aérea número 7 en Pie de la Cuesta en la Costa de Guerrero los primeros días de junio de 1978”, dijo Alicia, ante un panel que fue antecedido por una mesa de diálogo conformada por personajes como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en 2010.
¿Qué ha pasado con el caso de desaparición de Alicia de los Ríos durante la “guerra sucia”?
Ahí también relató que en 1990 el gobierno creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), justamente para ayudar a combatir los excesos y abusos del poder que culminaron en graves violaciones a derechos humanos, por lo que en 1999 este organismo inició con el programa de “presuntos desaparecidos”.
“Pero se tardó 11 años en hacer una recomendación. En 2001, la CNDH concluyó que casi 300 personas había indicios para declararlas víctimas de desaparición forzada, entre ellas mi madre, en la recomendación 26/2001”, dijo.
Un año después, en el sexenio de Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Fue hasta entonces que la familia de Alicia de los Ríos y el Centro Prodh pudieron denunciar y la PGR abrió una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de su madre.
De este documento surgió la lista entera de las personas desaparecidas de la Liga Comunista que fue consultada para este trabajo.
“Actualmente, el equipo jurídico del Centro Prodh y yo analizamos un expediente de cerca de 40 mil fojas de la investigación sobre narcotráfico, investigando a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite, así como el mayor Francisco Barquín, donde encontramos la bitácora del avión con fecha del 8 de junio de 1978 que registró un viaje nocturno conocido como un vuelo de la muerte”, cuenta Alicia.
Pese a lo anterior, no fue sino hasta el año 2019 cuando le asignaron a Alicia de los Ríos Merino el número 771 del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas de este país. La 771 de más de 113 mil personas.
Por ello, aquel día en la Ibero, Alicia aprovechó la oportunidad no solo para exponer el caso de su madre, sino también para lanzar fuertes críticas contra el Estado y todas sus instituciones de seguridad y justicia.
“De niña debí comprender qué significaba ser una desaparecida política y una insurgencia comunista. Las violencias del Estado mexicano nos han obligado históricamente a buscar, a investigar y a litigar. También nos ha obligado a argumentar por qué nuestros padres y madres son víctimas de violaciones graves de derechos humanos pese a que fueran militantes radicales […] La obstrucción para investigar se ha ordenado siempre desde el alto funcionariado de este país”.
FGR y fiscalías locales, instituciones enemigas para el acceso a la justicia
“¿Durante tu participación en estas mesas de diálogo pudiste plantearle esta situación al ministro Arturo Zaldívar o alguna de las personas convocantes?”, se le preguntó.
“No, fíjate que no, lo que sí alcancé a decirle a Zaldívar es que la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que tendría que estarnos representado, para poder judicializar a los posibles responsables, pues se ha convertido en un obstáculo para nuestro derecho humano a la justicia”, responde.
Lo anterior se evidencia con el amparo que tuvo que tramitar en contra de la FGR, su representación social, para que realice peritajes en el Campo Militar número 1 y en la Base Aérea de Pie de la Cuesta para seguir indagando en la desaparición de su mamá.
“También me he amparado en contra del Centro Nacional de Información y de la Sedena para que no destruya archivos y los ponga a consideración para ser consultados. ¿Alguien podría convencerme de que en México la justicia es expedita, pronta, efectiva y de calidad?”, cuestionó aquel día.
Por eso, frente al ministro en retiro Arturo Zaldívar, Alicia de los Ríos no dudó en asegurar que “una institución enemiga para el acceso de justicia y de verdad para cualquier víctima de este país es la Fiscalía General de la República (FGR) y cualquier fiscalía local”.
“Ahorita lo que nosotros urgimos para la próxima administración, porque con esta ya no hay posibilidades, es que tengamos por lo menos la garantía de tener una representación social que sí investigue y no este monstruo al que nos hemos estado enfrentando durante toda la administración de López Obrador”, asegura.
También espera que en estas mesas de diálogo y foros se reconstruya la relación con las familias buscadoras y con las organizaciones de derechos humanos que se han roto en esta administración.
“Pese al horizonte desesperanzador, nosotros no nos iremos, somos unas profesionales de la paciencia. Tarde que temprano las personas desaparecidas en este país colapsarán la negación, la impunidad y la desmemoria oficial y la sociedad toda se preguntará horrorizada cómo permitió la catástrofe. La reflexión develará el futuro donde la vida sí importe y la no repetición sea posible. Habrá valido entonces la pena no sucumbir a la soledad, al desprecio, la incertidumbre, la frustración y la tristeza”, concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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