“Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación […] Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo Tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”, anunció, el 22 de enero de 2024, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
A través de un comunicado, la funcionaria acusó al PJF de tomar decisiones con base en criterios políticos, para dejar en la ciudadanía la percepción de que el Poder Ejecutivo Federal protegía al Ejército en las investigaciones respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, aseveró Alcalde Luján.
“Ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado y perjudicar el compromiso del presidente [Andrés Manuel López Obrador] de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”, insistió la titular de la SEGOB.
Asimismo, la funcionaria federal denunció que el PJF utilizó “pretextos procedimentales y tecnicismos”, sin ponderar los derechos de las víctimas. También recordó que, en años anteriores, los jueces habían liberado a 62 implicados en los hechos, con el argumento de que fueron torturados, pero sin castigar a los presuntos torturadores, como es el caso del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
“También intentaron dejar en libertad al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias del Gobierno […] El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, insistió la titular de la SEGOB.
El 22 de enero de 2024, el presidente López Obrador encabezó una reunión privada con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y con Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República.
El 20 de enero de 2024, Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, determinó que ocho militares llevaran en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.
La juzgadora federal fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.
En respuesta, la FGR informó que iniciaría un procedimiento contra la jueza federal y contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes acusa de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados.
Duarte Cedillo consideró que habían cambiado las condiciones por las que el 26 de junio de 2023, les habían dictado la prisión preventiva oficiosa y que ya no existía el riesgo de que alguno de los imputados pudiera darse a la fuga.
Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, dictó formal prisión, el 26 de junio de 2023, contra 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Ante ello, los integrantes del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala de la Independencia, Guerrero, permanecerían internados en la prisión militar del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México mientras se instruía el juicio.
“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”, indicó Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en su cuenta de la red social Twitter.
Los soldados procesados fueron Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 13 de junio de 2023, órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nueve meses después de que la FGR había pedido cancelarlas.
Solo 8 militares se entregaron a la institución de procuración de justicia y el resto continúan prófugos. La acusación se basa en los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, presunto responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 22 de junio de 2023, durante una audiencia de más de 12 horas, los ocho militares se reservaron el derecho a rendir su declaración preparatoria, ante la jueza federal Duarte Cedillo. Además, pidieron duplicar de 72 a 144 horas el término legal para que les definieran su situación jurídica.
La misma titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 13 de junio de 2023, órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nueve meses después de que la Fiscalía General de la República (FGR) había pedido cancelarlas.
Entre los militares está el coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
En la lista de soldados con orden de aprehensión están Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.
También Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos ellos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, ubicados en Iguala, Guerrero. Así como José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que desaparecieron los estudiantes, quien huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
El 14 de septiembre de 2022, antes del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y, sin consultar a Omar Gómez Trejo, entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la FGR, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el 19 de agosto del 2022 contra presuntos implicados en dicho caso, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.
Asimismo, se cancelaron las órdenes de aprehensión que un juez libró contra el titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; así como al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y, contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, Lambertina Galeana Marín.
No obstante los militares que quedaron con órdenes de aprehensión fueron: el general Brigadier José Rodríguez Pérez, por el presunto delito de delincuencia organizada. Asimismo, el capitán José Martínez Crespo, el sargento de Primera Infantería, Eduardo Mota Esquivel, y, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, quienes ya estaban presos en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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