El pasado 27 de diciembre, el gobierno federal señaló que en México hay 92 mil 332 personas desaparecidas y que habían «localizado» a 16 mil 681. Sin embargo, las cifras presentadas por AMLO fueron rechazadas por numerosos colectivos y familiares en todo el país, quienes aseguraron que muchas de las víctimas no fueron tomadas en cuenta, que había repeticiones en la lista, que se desconoce la metodología que emplearon para el censo y no hay información sobre el estatus de los presuntos localizados.
El colectivo Armadillos Rastreadores de Ensenada, que asistió a la protesta en Tijuana el pasado 6 de enero, explicó que el “motivo principal” de la manifestación “es la no aceptación al Registro Nacional presentado por el presidente de la República y avalado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (Teresa Guadalupe Reyes Sahagún)”, pues “argumentan un censo que no se hizo en Baja California y la localización de miles de personas en el país, sin poder comprobar ni uno solo de esos casos”.
Aseguró que el gobierno federal “trata de maquillar las cifras” de desaparecidos en el país para “no evidenciar el horror que se vive en el país”.
“No se vale que desaparezcan a los desaparecidos mermando la cantidad, así diga que no son 111 mil, sino 93 mil”, dijo a la revista Proceso la activista Adriana Moreno Becerril, quien busca a su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno y a otras seis personas desde hace 14 años.
Las reacciones contra el censo de AMLO se han generado a lo largo de todo el país por las irregularidades en su realización. Familiares de las víctimas han reportado que no encuentran a sus seres queridos en el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), por lo que denunciaron que el gobierno federal los desapareció “por segunda ocasión”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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