Los armeros estadunidenses demandados por el gobierno mexicano tienen la opción de solicitar a la misma Corte la revisión del caso en una sesión plenaria integrada por los 15 jueces de la Corte de apelaciones.
“El juicio de la Corte de distrito establece que se revierte la oposición a la demanda de los Estados Unidos Mexicanos de que el acta de protección al comercio legal de las armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no le permite continuar con los procedimientos consistentes a su denuncia contra los fabricantes de armas”, sostiene el argumento de la Corte de apelaciones.
Esta victoria del gobierno de López obrador en las cortes estadunidenses no es la última palabra en el caso.
Los fabricantes de armas demandados por el gobierno mexicano tienen la opción de solicitar a la misma Corte la revisión del caso en una sesión plenaria integrada por los 15 jueces de la Corte de apelaciones.
En paralelo, los armeros estadunidenses, aún en caso de que la Corte de apelaciones favoreciera al gobierno mexicano en su denuncia, podrían recurrir al máximo magistrado de los Estados Unidos.
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sería la última instancia en determinar el procedimiento de la demanda de México que pide hacer responsables a los fabricantes de armamento de empoderar a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado mexicano que en los últimos años han bañado de sangre al país.
“Estas es una gran victoria e histórica para México en nuestra lucha por exponer la responsabilidad de los fabricantes de armas de Estados Unidos en la violencia que desde hace años padece el país”, comentó a Proceso Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de esta demanda en Massachussets.
La demanda contra los armeros de Estados Unidos fue una de las acciones que tomó la SRE bajo la dirección de Marcelo Ebrard, a cargo de la estrategia de conseguir mayor cooperación de Washington para detener el flujo de armas y municiones que corre de norte a sur.
En la demanda, México acusó a los fabricantes de armas de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.
En octubre de 2022, la Corte de Boston había desechado por segunda vez el intento de la Cancillería por iniciar el juicio, alegando que las fabricantes de armas –incluyendo las gigantes Barrett, Beretta, Colt y Glock– operan bajo la protección de una ley que las exenta de los daños generados con sus mercancías letales.
La Cancillería mexicana apeló en marzo del año pasado la decisión, ante la Corte Federal de Apelaciones que hoy abrió la posibilidad de que el gobierno mexicano continúe su demanda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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