En la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, los trabajadores del campo viven situaciones de precariedad laboral y de vivienda
El líder indígena asegura que el jornalero agrícola local y foráneo sufre abusos tanto del patrón como de los “enganchadores” que los traen desde San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.
Atractivos ofrecimientos que se desvanecen llegando a Sinaloa.
“Los contratistas les dicen que aquí van a ganar 500 pesos diarios, con su cuarto, luz y agua, pero cuando llegan, resulta que son cuartos de lámina, que les van a pagar 180 y no lo que les dijeron”, expresa.
La zona jornalera de Sinaloa comprende Escuinapa, Villa Unión, La Cruz, Navolato, Culiacancito, Guasave y Ahome, y está desprotegida por la Secretaría del Trabajo que no cuenta con personal para atender los casos de abusos laborales.
El porfiriato en Sinaloa
Juan López García afirma que en los campos agrícolas los jornaleros se ven obligados a vivir de fiado en modernas “tiendas de raya”, dada las condiciones en las que son contratados por los “enganchadores” en sus lugares de origen, sobre todo de San Luis Potosí e Hidalgo.
Con estos trabajadores del campo, dice, los obligan a un convenio que establece que no recibirán remuneración alguna sino hasta que concluyan los tres meses de trabajo contratados.
Trabajadores que se ven obligados a vender sus pertenencias personales para hacer una llamada telefónica y avisar a sus familiares que llegaron bien.
“En las tiendas les fían. Al concluir los tres meses les sacan cuentas y lo que pidió prestado para mandar a su estado…, les dan precios elevados y lo que ganan no les alcanza para pagar. Abonan y vuelven a sacar su mandado, y así van. Lo que les pagan pagan a la tienda. Nunca terminan de pagar… No es posible que volvamos al tiempo del porfiriato…” lamenta.
Los patrones
Los abusos de la parte patronal consisten en dar de alta al trabajador y darlos de baja de manera continua, escamoteándoles sus derechos a la seguridad social y de antigüedad, dice López García.
“Tenemos el caso de un velador del campo El Porvenir que tenía seis años trabajando. Cayó al canal de Santa Martha y falleció, y solo le aparecen tres años”, cuenta.
El movimiento Unificación Lucha Triqui en Sinaloa, agrega, ha atendido casos de jornaleros en los hospitales Civil y General, en los que los patrones no se hacen responsables porque no los tienen en nómina.
Pago por salida
Con una población de 10 mil 304 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020, Villa Juárez es la sindicatura más grande de Navolato, y su actividad principal es la agricultura.
A decir de algunos jornaleros, todos los días entre las 4:00 y 5:00 horas se pueden observar entre 30 y 40 camiones estacionados a la orilla de la carretera La Cincuenta en busca de trabajadores del campo.
Son los llamados “pago por salida”, es decir, los operadores ofrecen una tarifa por una jornada de determinadas horas de trabajo en el corte del chile y la cebolla.
“Ofrecen 350 hasta la 1:00 ó 250 hasta las 12:00”, dice un trabajador que pidió el anonimato.
Juan López García señala que esa modalidad, lejos de beneficiar al jornalero, lo perjudica porque exime al patrón de responsabilidad sobre los trabajadores.
Además, agrega, los camiones no están en condiciones para hacer viajes largos de Villa Juárez a La Cruz de Elota o a Angostura.
“Ya lo hemos manifestado ante (la Secretaría de) Transportes que estos camiones a veces no tienen permiso, además del riesgo de un accidente”, subraya.
Las cuarterías
El último conteo del número de cuarterías, hace alrededor de seis años, indicaba un total de 450 en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, en su mayoría no cumplen con las condiciones de infraestructura, higiene y de servicio.
“Hay cuarterías que cobran 350 semanales más el agua y la luz, en donde solo hay tres lavaderos o dos baños para toda la cuartería”, afirma López García.
Estas viviendas son, en la mayoría de los casos, de cartón, hules y madera, donde predominan la drogadicción, violencia y hasta la prostitución.
El bando de policía
En la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, se concentran alrededor de siete grupos étnicos, que son los triquis, mixtecos, zapotecos, nahuas, xotziles, coras y tarahumaras, que muchos de ellos solo hablan su lengua original, lo que se presta para el abuso policial.
Ante la constante violación de los reglamentos del bando de policía y buen gobierno, durante el trienio del alcalde Jesús Marentes Garibaldi, 2005-2007, se habló de la traducción a las lenguas indígenas de este documento para evitar que, por usos y costumbres, los representantes de estos pueblos fueran remitidos a barandilla.
“Por los usos y costumbres allá la cerveza se vende en cualquier tienda, pero aquí es diferente. No puedes tomar en la vía pública”, dice el coordinador del movimiento Unificación Lucha Triqui en Sinaloa.
La traducción del bando a las diferentes lenguas que se hablan en la sindicatura no prosperó.
“A mí me invitaron, pero no le dieron seguimiento”, recuerda el mixteco.
Artículo publicado el 07 de enero de 2024 en la edición 1093 del semanario Ríodoce
AUTOR: MARTÍN GONZÁLEZ.
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