A partir de este decreto se permitirá a la Semar administrar, operar, explotar y, en su caso, construir en ambos aeropuertos.
De acuerdo con el documento publicado, a partir de este decreto se permitirá a la Semar administrar, operar, explotar y, en su caso, construir en ambos aeropuertos.
“El conjunto de derechos y obligaciones intransferibles a terceras personas físicas o morales privadas, que se otorgan por tiempo indefinido y a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para la operación, administración, explotación y en su caso la construcción del Aeropuerto”, expresa el documento.
La administración de ambos aeropuertos tiene el propósito de dotar de infraestructura aeroportuaria sostenible y competitiva al país. Asimismo, los territorios en los que se encuentran construidos los aeropuertos deberán ser utilizados exclusivamente para su objeto.
En noviembre del año pasado, la SICT le entregó tres aeropuertos internacionales más a la empresa Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), el cual es manejado por la Sedena.
De acuerdo con el DOF, las nuevas adquisiciones de la Sedena son: el Aeropuerto Internacional de Chetumal, ubicado en Quintana Roo; Aeropuerto Nacional de Tamuín, ubicado en San Luis Potosí; y el Aeropuerto de Ixtepec “General Antonio Cárdenas Rodríguez”, ubicado en Oaxaca.
El DOF detalla que la empresa GAFSACOMM obtiene la documentación legal con la que se acredita la posibilidad de utilizar los terrenos para destinarlos a la administración, operación, explotación, y en su caso, construcción de cualquiera de los tres aeropuertos.
“[El] Propósito es dotar de infraestructura aeroportuaria y sostenible y competitiva al país en aquellas zonas que es requerida, cuyos servicios estimulen el desenvolvimiento del transporte aéreo, el desarrollo de aerovías y servicios a la navegación aérea para la aviación civil nacional e internacional”, argumenta el documento.
“La SICT tramitó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la opinión favorable sobre la rentabilidad económica, el registro en la cartera del programa y proyecto de inversión, así como la determinación de las contraprestaciones que la SICT deberá cubrir al Gobierno federal, previstos en el Artículo 10 Bis de la Ley de Aeropuertos”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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