Hace unos días, una de sus queridas colaboradoras -dado a que le ha expresado muestras de afecto en público-, la periodista Sanjuana Martínez, última directora que tuvo la agencia de información del Estado, Notimex -ya desvalijada en esta administración-, denunció de manera contundente y en las páginas del periódico La Jornada, las transas que suceden al interior del gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Corrupción, abuso, tráfico de influencias, moches, son algunos de los temas que se observan en la denuncia pública de Martínez, publicada en el diario capitalino.
De hecho, la entrada de su texto es concreta y directa: “El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la ley.
“Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté”.
Fue más allá:
“Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez”.
Obviamente la periodista explica que se negó a la corrupción y soborno de los cuales estaba siendo objeto para beneficiarla a ella, a la virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en detrimento de los trabajadores.
El caso de corrupción develado en La Jornada, incluye a la entonces secretaria del Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; y a su padre, el abogado sindicalista Arturo Alcalde.
Refiere Sanjuana Martínez que le explicaron que el moche era “una práctica común en el gobierno”, y que después de negarse a participar en el acto de corrupción, fueron “castigados”:
“Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. Sólo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marath Bolaños López, expuso José Luis Sánchez Cuazitl. Le pregunté: ¿Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador?, y respondió: Sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte”.
Pese a ser protagonista de la historia, dado que Sanjuana Martínez dice haberlo visto y presentado el caso, AMLO exigió públicamente pruebas y defendió a sus colaboradores, al tiempo que Claudia Sheinbaum, por supuesto, negó los hechos narrados por la periodista.
A la fecha, políticos de oposición han presentado denuncias sobre lo revelado por Martínez y las investigaciones iniciarán su curso, aun cuando el Presidente ha desestimado los hechos, lo mismo quien aspira a sucederle en el cargo.
Pero en este caso no fue una persona externa, un periodista conservador, un adversario del movimiento lopezobradorista quien hizo la denuncia, sino alguien de dentro, una seguidora del Presidente, una ex funcionaria de su administración.
Desafortunadamente, la oposición carece de libertad de culpa como para tirar piedras. Moralmente derrotados desde 2018, siguen hundiéndose en su propio charco de corrupción, aun cuando están fuera del Gobierno Federal, aprovechan los resquicios en los estados para sacar provecho, negociar la corrupción y hacerse de un botín para sostener sus partidos.
Justo cuando la denuncia de Sanjuana Martínez era leída, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, molesto por la actitud del flamante gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, quien llegó al poder precisamente en la alianza conformada por PRI-PAN-PRD y se negó a otorgar la candidatura a la alcaldía de Torreón al PAN, como para dejar en claro que este falta a su palabra, Cortés publicó en su cuenta de X un documento firmado en 2023 y que enumera los acuerdos para la firma de la alianza en aquel estado.
Marko Cortés se pasó de cínico al justificar días después que con ello transparentaba los acuerdos políticos entre partidos. La realidad es que es evidente que se fue de bruces y terminó exhibiendo la corrupción y abuso del poder en las comisiones que le solicitaron al gobernador de Coahuila.
Entre la lista de lo que solicitaron, están dos secretarías estatales que, se supone, pueden ser “Infraestructura y Obra Pública, Fiscalización o Medio Ambiente Turismo, o Economía o Cultura”. El 20 por ciento de subsecretarías, descentralizados y direcciones; el subsistema de Educación, el Instituto de Transparencia, 20% del Registro Civil y oficinas de Recaudación; 20% de direcciones de planteles educativos y universidades, seis notarías y la ratificación de “Bernardo como Magistrado”.
Se nota la ambición económica de la alianza al quererse hacer de áreas de recaudación y fiscalización, vender notarías o tener el control sobre el magistrado Bernardo o el Instituto de Transparencia. Los moches de la alianza terminan afectando el recurso público de la ciudadanía para beneficiar a unos cuántos.
Con sólo estos dos casos como ejemplo de esta semana, la política en México está convertida en una subasta entre partidos: quién da más, quién ofrece más, quién controla qué sector o área. Una porquería.
Y no sólo en el PRIAN, como llaman en el Gobierno de México, a la alianza del PRI con el PAN. También en Morena, como quedó claro con la denuncia pública de Sanjuana Martínez, una cercana al Presidente de la República.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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