“Es difícil, de un año a otro, reconocer tendencias claras porque nosotros hemos hecho un ejercicio de monitoreo desde hace varios años muy sistemáticamente y lo que hemos observado es que hay años con repuntes y años que son un poco más tranquilos, pero sí, creemos que en 2023, aunque todavía no estamos listos para publicar las cifras finales, sí pudimos identificar muy claramente una mayor incidencia al menos en eventos de desplazamientos”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Laura Alvarado, Oficial de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El recrudecimiento de la violencia, especialmente en estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero, a raíz de la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ha llevado a cientos de familias a abandonar sus lugares de origen y desplazarse debido a la inseguridad y los conflictos entre los grupos antagónicos de las organizaciones criminales.
Un ejemplo reciente que puso en evidencia la gravedad de los desplazamientos forzados en México fue el ocurrido en Chicomuselo, Chiapas. El 4 de enero se registró un enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en el ejido de Nuevo Morelia, que duró aproximadamente siete horas y dejó al menos 20 personas fallecidas.
La sociedad civil de Chicomuselo denunció a través de una carta que la comunidad de Nueva Morelia se vio obligada a desplazarse porque “ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad”. Un destino similar sufrió la comunidad de Limonar el pasado 26 de diciembre.
El caso de Chicomuselo es sólo un ejemplo de los desplazamientos forzados que se han incrementado en el país en las últimas semanas.
El analista de desplazamiento, Daniel Alejandro Márquez Bocanegra, también de la CMDHP, informó que en 2023 se registraron al menos 45 episodios de desplazamiento en nueve estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Por su parte, Laura Alvarado destacó que entre los eventos registrados el año pasado se presentaron episodios de desplazamiento en estados poco comunes en el monitoreo, como San Luis Potosí y el Estado de México.
Los datos proporcionados por los especialistas son cifras preliminares que sólo incluyen el número de eventos en todo el año, sin detallar la cifra aproximada del total de personas afectadas. Sin embargo, los analistas señalaron que esta podría superar las 9 mil personas, ya que las cifras del primer semestre del año pasado –que ya se han publicado– muestran una tendencia al alza.
Hasta el primer semestre de 2023, según la información de la organización, entre enero y junio de ese año se registraron 26 eventos en ocho estados del país (Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), que afectaron a al menos 7 mil 710 personas por estos desplazamientos.
Nuevamente Chiapas encabeza la lista como el estado con el mayor número de eventos y personas afectadas. Tan sólo en el primer semestre de 2023 registró al menos 3 mil 243 personas afectadas en un total de cuatro eventos; Guerrero con 1 mil 397 afectados en nueve eventos de desplazamiento; Tamaulipas 1 mi 150 desplazados; Michoacán con 814 víctimas en dos eventos; Chihuahua 658 en cuatro eventos; Oaxaca con 445; Zacatecas con tres y San Luis Potosí en los cuales aún no detallan el número de víctimas.
Laura Alvarado señaló la región de Chiapas como una de las áreas más afectadas, donde se han reportado nuevos episodios de desplazamiento, destacando situaciones de delicadeza. Además, la activista recordó que Chiapas ha sido históricamente una región con episodios de desplazamiento, pero el aumento en 2023 ha sido notable.
“En 2022 y 2023 ya reconocimos un patrón muy claro en la frontera sur, en algunos municipios como Frontera Comalapa, Motozintla, Maravilla y Tenejapa hubo un desplazamiento el año pasado de 3 mil personas, por ejemplo, en comunidades enteras de Frontera Comalapa y Chicomuselo. Estamos hablando de comunidades enteras que tienen que huir, lo que ha colocado a Chiapas no solo en los primeros lugares por eventos de desplazamiento, sino también por el número de personas desplazadas. Esto vuelve a repetir la historia del estado con problemas de desplazamiento”, destacó la oficial de desplazamiento.
Otro aspecto destacado por los especialistas es que el año anterior se evidenció que el desplazamiento se registró tanto en estados donde antes no se había observado esta situación, como en entidades federativas donde en años anteriores la incidencia había disminuido, pero que el año pasado experimentaron un repunte en casos.
“En la base de datos registramos eventos en dos estados que normalmente no presentan desplazamientos, que son San Luis Potosí en el primer semestre y ahora en Texcaltitlán, en el Estado de México. En nuestro monitoreo, estas no son entidades que aparezcan con frecuencia como entidades expulsoras. Es importante tener en cuenta estos episodios que no son tan comunes en el monitoreo”, señaló Daniel Márquez.
“Pero no sólo en el estado de México y San Luis Potosí, sino que reaparece en otras entidades que ya no habían presentado desplazamientos. Por ejemplo, Sinaloa llevaba dos años sin presentar desplazamientos, y ahora vuelven a experimentarlos”, agregó Laura Alvarado.
El actuar de grupos armados organizados, violaciones a derechos humanos y conflictos territoriales son las principales causas que generan el desplazamiento forzado en el país; sin embargo, también convergen otros factores como el caso de eventos postelectorales, de acuerdo con los activistas.
El Informe Operacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la ONU, publicado el pasado mes de noviembre, destacó que el desplazamiento interno en México también ha experimentado un aumento significativo. Se resaltó específicamente el incremento en el desplazamiento interno, especialmente en la frontera norte del país, lo que ha llevado a que los mexicanos representen ahora casi la mitad de la población en los albergues.
México se posiciona como el tercer país con más número de personas desplazadas internamente desde 2013 y hasta 2022, por detrás de Colombia y Estados Unidos; con un total de 389 mil 600 mexicanos que han huido de sus hogares y no han podido regresar.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha alertado sobre esta situación, señalando que, según sus datos, tan solo entre 2016 y 2022, aproximadamente 386 mil 197 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado en el país.
Durante el transcurso del año 2022, al menos 9 mil 602 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en diversas regiones de México en esos 26 episodios que afectaron a poblaciones en 27 municipios y 33 localidades en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Ese año, Chiapas encabezó la lista con al menos 4 mil 634 personas (48.3 por ciento del total de las víctimas), se vieron obligadas a abandonar sus hogares en este estado.
El año 2021 ostenta la cifra más elevada de personas desplazadas debido a la violencia, con estimaciones que alcanzan las 28 mil 943 víctimas, casi duplicando las registradas en 2020. Durante ese año, más de 28 mil personas experimentaron desplazamiento interno masivo en un total de 42 episodios provocados por la violencia, distribuidos en 10 estados, 57 municipios y 221 localidades.
De manera destacada, el 28 por ciento de las personas desplazadas pertenecen a comunidades indígenas, siendo la violencia generada por grupos armados organizados uno de los principales motivos para abandonar sus lugares de origen.
Las cifras alarmantes registradas en 2021 se atribuyeron en gran medida a la violencia generada por grupos criminales armados dedicados al narcotráfico y otras actividades delictivas, principalmente en estados como Michoacán, donde casi la mitad (47 por ciento) de las personas desplazadas internamente residían en Michoacán, y se documentaron desplazamientos en al menos un cuarto de los municipios de dicho estado.
En el estado de Michoacán se suma que los desplazamientos forzados también se deben al hecho de que esta entidad se ha convertido en un área de alto riesgo debido a los ataques con drones, principalmente en la zona de Tierra Caliente. Estos ataques han sido perpetrados contra productores y autoridades.
En mayo de 2023, varios ataques con drones resultaron en la destrucción de viviendas y obligaron al desplazamiento de aproximadamente 600 personas de la ciudad de Nuevo Poblado el Caracol, según informó el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (CDVVMB) en un comunicado de prensa. En junio, pueblos cercanos a lo largo del río Atoyac también fueron objeto de ataques con drones, según informó el periódico El Sur de Guerrero.
Además, el 5 de enero pasado, se registraron informes de un ataque con drones en la población de General Heliodoro Castillo, que habría dejado al menos cinco personas muertas y a la comunidad desplazada. La Fiscalía General de Guerrero confirmó un ataque contra 30 personas en la localidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo, en la región montañosa, donde cinco personas perdieron la vida y fueron calcinadas.
La Fiscalía de Guerrero también confirmó que este suceso fue resultado de la confrontación entre los grupos criminales de la ‘Familia Michoacana’ y ‘Los Tlacos’, que mantienen una disputa por el control de la zona.
Este evento, según informes de los medios, provocó desplazamientos masivos, dejando prácticamente la población como un “pueblo fantasma”.
Cuestionado sobre los pueblos fantasma, el especialista Daniel Márquez señaló que el término es complejo y su uso se ha vuelto ambiguo, abarcando desde situaciones en las que la población evita salir por temor a enfrentamientos hasta desplazamientos permanentes.
Destacó que su ejercicio de monitoreo, en gran parte a través de notas de prensa, reveló momentos, lugares y acciones que resultan en la desocupación de pueblos. Sin embargo, Márquez hizo hincapié en la necesidad de afinar el análisis y la terminología, ya que la confusión en torno a estos términos dificulta una comprensión precisa de la realidad.
Un ejemplo de la ambigüedad del término se observa en el municipio de Taxco, Guerrero, donde el concepto de “pueblo fantasma” también se aplica a lugares donde la gente, aunque no se desplaza, vive bajo un tipo de toque de queda. Esto se debe a las amenazas del crimen organizado a los transportistas y la ola de violencia que afecta a este municipio. Es evidente el miedo, ya que son pocas las personas que salen de sus hogares; aquellos que lo hacen se movilizan a pie o en vehículos particulares, debido a al menos seis paros totales en el transporte público de Taxco y sus comunidades, así como en los taxis colectivos a Iguala, después de amenazas a los choferes.
LAS CAUSAS DE ESCAPAR
De acuerdo con los especialistas, es la prevalencia de la violencia armada en varias partes del territorio mexicano, múltiples agresiones y violencias cometidas en contra de la población, principalmente indígena, lo que genera el desplazamiento interno hacia nuevos territorios.
El Informe temático sobre desplazamiento forzado interno para el cuarto Examen Periódico Universal México (2024) realizado por organizaciones de derechos humanos como Serapaz, Centro Prodh, CMDPDH y Amnistía Internacional explica que los conflictos intercomunitarios también son una causa importante de desplazamiento forzado, los cuales pueden ser por el control político de los territorios, disputas religiosas y partidistas, o por intereses económicos privados.
“Los pueblos indígenas han sido marginados históricamente, el acaparamiento y apropiación paulatina de las tierras indígenas por grupos empresariales trasnacionales va respaldado por la militarización territorial y de las instituciones civiles, para imponer megaproyectos. La presencia de la delincuencia organizada, la pobreza extrema, el cambio climático, así como la falta de reconocimiento de los sistemas normativos e instituciones propias de los pueblos, son factores que provocan etnocidio con el desplazamiento forzado”, detalla el informe.
La mayor parte de las víctimas se encuentran en situación de desplazamiento en las grandes ciudades, ya sea del mismo estado de donde son originarias o en la Ciudad de México.
Alvarado señaló que en México, las víctimas atraviesan diversos ciclos de desplazamiento. El primero de ellos es de carácter local, donde las víctimas buscan trasladarse, comúnmente desde zonas rurales hacia la cabecera municipal. El segundo ciclo abarca una dimensión nacional, es decir, implica desplazarse de un estado a otro. Finalmente, el tercer ciclo se materializa cuando las víctimas buscan emigrar hacia los Estados Unidos.
“Lo vemos mucho en la frontera norte, personas de Michoacán, de Guerrero que llegan a frontera norte tras haber agotado muchas instancias y tratar de reconstruir su proyecto de vida en muchos lugares, pero es el primer desplazamiento, muchas veces es de una pequeña localidad de rural apartada a la cabecera municipal”, explicó.
En tanto que en el Informe temático sobre desplazamiento forzado interno para el cuarto Examen Periódico Universal México (2024) se destaca que la mayoría de las víctimas no recibe ningún apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad ni del Gobierno Federal, debido a que no tienen el reconocimiento de la calidad de víctimas que otorga la autoridad, reconocimiento necesario para acceder a los apoyos proporcionados por el Gobierno Federal o estatales y que requiere que las víctimas presenten una denuncia ante el Ministerio Público, cuando en la mayoría de los casos no lo desean hacer por temor. Por ello, las personas desplazadas tienen que buscar sus propios medios de subsistencia y los hechos que las desplazaron quedan impunes.
Las organizaciones de derechos humanos también resaltaron en el mencionado documento que, a pesar del recrudecimiento en el desplazamiento, el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, no está abordando la situación de manera integral.
En el país, solo tres estados: Chiapas, Guerrero y Sinaloa, han generado un marco normativo de atención a las personas desplazadas; mientras que otros estados como Chihuahua tienen protocolos de atención, pero el resto de las entidades federativas no cuentan con un marco normativo ni protocolos en el ámbito local que faciliten la atención de las personas en situación de desplazamiento.
En la mayoría de los casos, las acciones por parte del Estado son nulas o insuficientes; en otros, ha habido la instauración de mesas de trabajo donde se toman acuerdos y se firman minutas, sin que exista un seguimiento real para la atención de las causas ni de las necesidades de las víctimas. En algunos casos, las víctimas cuentan con vivienda o apoyo alimentario mensual, otorgados por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), solo a partir de diversas acciones jurídicas que han sido realizadas, como la solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o la presentación de amparos, y otras medidas como protestas pacíficas, denuncias en los medios de comunicación o diversas instancias. Las autoridades niegan los apoyos a las víctimas aduciendo que no hay una ley específica que los obligue.
Alvarado destacó que es necesaria una atención, pues indicó que el desplazamiento es una grave violación a los derechos humanos, con consecuencias que van más allá de la pérdida de vivienda, afectando el proyecto de vida, la salud física y psicoemocional, y aumentando la vulnerabilidad de las personas en diversas dimensiones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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