Juan Alejandro Polanco Pinales fue secuestrado y desapareció el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros, Tamaulipas, cuando tenía 33 años. Por temor, siete meses después, su madre, Alejandrina, promovió una denuncia penal en un ministerio público de Ciudad Victoria. Desde entonces sigue en busca de su hijo.
Cuando se enteró del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los resultados que estaba arrojando en el sentido de que la cifra de personas desaparecidas se reduciría –como se anunció en la conferencia mañanera del 14 de diciembre–, asesorada por una abogada decidió promover un amparo para que, por ningún motivo, su hijo fuera removido del registro.
Hace unos días, sin embargo, en su respuesta al juez, la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló que Juan Alejandro no está en la estadística: “Esta Comisión Nacional realizó una búsqueda exhaustiva en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), en la cual se revisó en la totalidad de la base de datos el nombre referido y de acuerdo a los resultados se confirma que dicho nombre no aparece en ningún registro vigente o histórico”, se lee en el documento enviado por la CNB.
“Mi hijo no está en la lista de desaparecidos”
Ahí mismo se detalla que ese escrito se elaboró en respuesta al oficio 35504/2023, fechado el 18 de diciembre de 2023, relativo al juicio de amparo 1394/2023, en donde se solicita que en caso de que el registro de Juan Alejandro hubiera sido borrado, eliminado o modificado del RNPDNO, fuera reintegrado.
“Con los amparos para que no desaparezcan de la lista de desaparecidos a nuestros familiares, hay una licenciada que nos asesora, entonces nos manda aquí al edificio del Poder Judicial. Vine yo, y me llegó otra notificación anoche (21 de diciembre), y ahí es donde yo me entero de que mi hijo no está en la lista de los desaparecidos. Cómo no va a estar en lista; mi hijo no aparece. Cómo están trabajando: desde el 2020 que mi hijo está desaparecido, la denuncia se puso en el 21”, reclama Alejandrina.
Aún más difícil le resulta creerlo después de todo lo que ha hecho ante las autoridades, que incluso han recabado muestras de ADN de ella y de los hijos de Juan Alejandro. Además, Alejandrina acude con frecuencia a las instalaciones de la fiscalía estatal para ver los catálogos de personas halladas fallecidas, igual que a la fiscalía antisecuestros. Tiene, incluso, copia de la denuncia. Ha asistido a todas las diligencias de búsqueda.
“Para el país, mi hijo no está desaparecido, y para sus hijos y para su madre, sí”, resume Alejandrina. “Yo he andado en trámites, en todo, en búsquedas, y no había surgido nada que yo sospechara que no estuviera, que no lo hayan registrado, o que lo hayan borrado, porque no sabemos cuál es la realidad”.
Qué respondió la autoridad a madre buscadora sobre que no registraron a su hijo
Cuando se enteró de que su hijo no estaba, incluso cuestionó al personal de la fiscalía estatal que elaboró la ficha de búsqueda, y le contestaron que haberla hecho no significaba que su hijo estuviera registrado. En tanto, en la fiscalía antisecuestros responsabilizaron a la dirección de víctimas. Sin embargo, el RNPDNO se alimenta en al menos un 90% de los registros que hacen las 33 fiscalías y las 33 comisiones estatales de búsqueda.
“Entonces, ¿quién lo va a registrar? Y hasta después de tres años yo enterarme de esto; si está uno con el dolor que no duerme, te estás acabando ya en vida, está uno muerto en vida, y luego que salgan con esto…. ¿Entonces si encontraron un cuerpo por ahí, si encontraron algo, mi hijo qué…? Como no lo están buscando, entonces va a la fosa común. No está siendo buscado, y sí hay denuncia, han venido a tomar muestras de ADN y uno se las ha proporcionado nuevamente”, señala.
“¿Qué no va una cosa con otra, o qué? ¿No hay información, no se reúne la misma información, no va todo donde mismo?”, cuestiona. Insiste en que no se explica dónde está el error; luego, ella misma responde: “El error es que las autoridades no trabajan. Ese es el error, es el error más grande que tenemos en el país”.
Alejandrina ni siquiera cree en que las autoridades anden “casa por casa”, porque no ha sabido de alguien que lo haya vivido. En su caso, es ella quien busca y ha promovido todos los trámites. Hoy, saber que su hijo no está en el registro le hace pensar que también tendría que ser ella quien lo encontrara, porque de otra forma no se enteraría. Nadie le ha sabido decir a quién le correspondería registrarlo.
Para ella, solo significa más desgaste físico y emocional, angustia y desesperación, porque ni siquiera tiene la certeza de que será identificado en caso de que haya fallecido: “Yo quiero andar en todo, porque yo sí quiero que mi hijo aparezca. Si Dios me quiere entregar sus restos, lo que sea. No se me hace justo que las personas, que tus hijos, tus familiares, queden regados por donde quiera, se los coman los animales, los tengan ahí sepultados y uno no sabe ni dónde, pisando arriba de ellos y no sabes dónde están. No se me hace justo”, remarca.
El censo de AMLO sobre los desaparecidos en México
A principios de este año, el Gobierno federal echó a andar una estrategia de búsqueda generalizada, que contempla el cruce de diversas bases de datos con el RNPDNO para obtener indicios de vida, que luego fueron a verificar “casa por casa” y por teléfono servidores de la nación, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que no es una autoridad buscadora.
En diciembre, presentaron los resultados de ese censo mediante categorías inexistentes en la ley, y pidieron a las familias –pese a que corresponde al Estado– completar la información de al menos 36 mil registros “sin indicios para la búsqueda” y de 26 mil “sin datos suficientes para identificar a la persona”. Pero Esther anduvo más de 10 años sola en su búsqueda, ignorada por las autoridades, y también sola se valió mucho antes de la metodología que hoy presumen las autoridades. Te puede interesar: Gobierno busca maquillar cifras de personas desaparecidas con censo hecho por servidores de la nación.
Esther encontró a su hija por una base de datos, mientras las autoridades la ignoraban
La hija de Esther desapareció en el 2003 en Tijuana, hace casi 21 años, cuando tenía 16. Un año antes, se había ido con un hombre, y al poco tiempo la habían encontrado. Después de eso, él tenía ya una orden de restricción, pero volvió a buscarla. A instancias de él, empezó a consumir sustancias. Un día, se salió de la graduación de uno de sus hermanos para ir por una cámara, y no regresó.
Su mamá promovió una denuncia en el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes, cuando todavía se llamaba así, para pedirles la dirección donde ya la habían encontrado una vez. Recibió como única respuesta la afirmación de que no eran niñeras. En el 2004 fue a denunciar de nuevo, y entonces le reclamaron por qué no había ido antes.
“Te hacen sentir culpable de lo que está pasando y no saben ni siquiera cómo tratar a la gente, son groseros, déspotas y prepotentes”, relata. “Nunca la buscaron, nunca les hablaron por teléfono a las personas que eran testigos, que yo les di sus nombres y sus números, nunca la fueron a buscar al lugar que yo les había dicho que podría estar y nunca me quisieron dar la dirección de donde la habían encontrado”.
Madre buscadora encuentra a su hija con vida, pero sin apoyo de autoridades, dice
Esther recuerda que ella pasó muchos años recurriendo sola a las autoridades, más o menos de 2004 a 2017, antes de pertenecer a un colectivo. También recorría las colonias sola buscándola. En CAPEA únicamente la hacían esperar y la cambiaban de agente con frecuencia. Cada vez, era empezar de nuevo. Ella se daba cuenta de que no la buscaban porque en 2016 pudo tener acceso al expediente, y le pareció una burla. Ninguna diligencia tenía relación alguna con su hija.
En 2017 se unió al colectivo Una nación buscándote, donde Angélica, una de las fundadoras, comenzó a acercarla a derechos humanos y a la unidad de víctimas. A partir de entonces, pudo acceder a abogadas y a terapia, pero pasaron 18 años sin que ninguna autoridad encontrara algún indicio, o a su hija. A mediados de 2020, una amiga de ella y su profesora empezaron a buscar en las bases de datos digitales de diversas instituciones.
El nombre de su hija finalmente apareció en una base de datos de Liconsa, en Rosamorada, Nayarit. La primera vez que iba a buscarla –una vez que completó dinero para los boletos–, para comprobar que no fuera un homónimo, no pudo completar el viaje porque su esposo falleció.
Cerca de una semana después, le hablaron de la fiscalía con la confirmación de que su hija estaba en La Boquita, luego de que ella misma les había contado del indicio de Nayarit. Al mismo tiempo, eso coincidió con el contacto que uno de sus hermanos logró tener con ella vía redes sociales.
“Si nosotros no les hubiéramos dicho lo que había encontrado Valeria, ellos no hubieran sabido dónde estaba. Todo fue gracias a lo que nosotros encontramos, que fue por lo que ellos se movieron. Si no hubiéramos encontrado esa información, yo todavía no la encontrara a ella”, relata Esther.
Más tarde supo que tras su desaparición, su hija había estado cerca de ocho meses en la colonia donde fue localizada la primera vez, pero nadie le proporcionó la información. Ahora, hace cerca de cuatro meses que la hija de Esther está en un centro de reclusión, por un delito que cometió el hombre con el que estaba, asegura su mamá.
El censo “casa por casa” de AMLO
Ahora que el presidente López Obrador instruyó el censo “casa por casa” a partir de la misma metodología a la que Esther tuvo que recurrir sin ayuda de las autoridades, y que se han presentado los primeros resultados, ella lo califica simplemente como “una mentira”.
“Conozco a mucha gente que anda buscando a sus familiares y no los encuentra, y cada día son más. Al menos aquí en Tijuana la violencia está a todo lo que da, hay muchísimos desaparecidos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, y no hacen nada por buscarlos. Siguen con el mismo método: les dan largas, vas y te victimizan más, te hacen sentir culpable, son prepotentes cuando vas a poner una denuncia.
“No ha cambiado en nada la fiscalía. Son más jóvenes y todo lo que tú quieras, y son diferentes caras, pero es el mismo método. No se interesan”, concluye Esther. Tras su experiencia, lo único que espera ahora de las autoridades es que busquen de verdad, que hagan su trabajo y hagan bien las cuentas. En su colectivo, ella es la única que ha encontrado a su hija con vida; fallecidos, recuerda a por lo menos cuatro.
“Que digan la verdad, ¿cuántos desaparecidos hay en cada estado? Porque no van para abajo, van para arriba”, afirma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario