Países de la ONU cuestionaron de manera directa a la representación mexicana cuál era el plan del Ejecutivo para “desmilitarizar” la vida pública en México.
Entre los principales temas y cuestionamientos que la comunidad internacional planteó en este nuevo examen están la preocupación por la creciente militarización en el país y el corte militar de la Guardia Nacional; las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; las agresiones a mujeres; las violaciones a derechos humanos en materia de movilización de personas migrantes y solicitantes de refugio.
También alertó el uso de las fuerzas armadas para llevar a cabo detenciones; las desapariciones y las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado; y la discriminación de personas mexicanas afrodescendientes.
Muchas de estas recomendaciones ya se hicieron en ediciones anteriores, como en la de 2018, por lo que organizaciones civiles de derechos humanos reunidas en el Colectivo EPUmx subrayaron que esto se traduce en que dichas recomendaciones y observaciones no se han cumplido, ni han experimentado avances significativos en estos cinco años del gobierno de López Obrador.
“Hay una insuficiencia en el esfuerzo institucional”, indicaron.
Cuestionan militarización en México
Por el contrario, en casos como el de la militarización, que no fue mencionada por los países miembro de la ONU en el examen de 2018, en esta ocasión fue de los temas que más preocupación provocó.
De hecho, países como Gran Bretaña y Nueva Zelanda cuestionaron de manera directa a la representación mexicana cuál era el plan del Ejecutivo para “desmilitarizar” la vida pública en México y, en concreto, a la Guardia Nacional, a lo que la representación mexicana respondió insistiendo en que este cuerpo de seguridad es “civil”. Respuesta que fue criticada por los colectivos de derechos humanos.
“A pesar de que el Estado mexicano niegue e insista en que la Guardia Nacional es civil, está claro que la comunidad internacional sabe que no es así y por eso ha aumentado notablemente la preocupación de los Estados frente a la militarización de México”, apuntó Eduardo Guerrero, activista integrante del colectivo, en una conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México.
Por su parte, el representante de Turquía hizo un llamado al Estado mexicano para que el uso del Ejército “no impida la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, los estados miembros de la ONU mostraron su preocupación por el incremento del uso de las fuerzas armadas mexicanas en múltiples sectores de la vida pública de México, poniendo especial énfasis en el uso de éstas para la detención de personas migrantes, a pesar de que en años anteriores se ha repetido la recomendación de que la política migratoria mexicana esté basada en un enfoque de derechos humanos y no de seguridad nacional.
Daniel Osorio, integrante de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), enfatizó que otra de las preocupaciones que no habían sido mencionadas en ediciones anteriores del examen periódico universal de Naciones Unidas es el de la discriminación en México de las personas afrodescendientes.
Sobre esto, los estados miembros instaron al país a adoptar acciones de respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su consentimiento libre y consulta previa e informada.
No asiste FGR ni Poder Judicial
Asimismo, los estados miembro de la ONU hicieron señalamientos por la persistencia en el país de altos niveles de impunidad en materia de justicia, y la falta de una estrategia para combatirla, así como la falta de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las fiscalías y los organismos para la búsqueda de personas desaparecidas.
A pesar de estos señalamientos internacionales, cabe resaltar que entre la delegación mexicana que acudió a Suiza a defender el papel del Estado en materia de derechos humanos, no se encontraba ningún representante de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni del Congreso mexicano. Por lo que preguntas acerca de qué pasó en México después de la reforma que dio lugar a la actual FGR, y cuáles han sido los avances de ésta en procuración de justicia, se quedaron sin respuesta por parte de la comitiva mexicana.
Libertad de expresión y ataques a la prensa
Otro de los temas que más preocupación suscitó entre la comunidad internacional es el del respeto a la libertad de expresión y las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En total, hasta 28 países, entre ellos Estados Unidos o naciones de Europa, como Bélgica y Austria, mostraron su preocupación por los ataques a la prensa en México y pidieron que se garantice la libertad de expresión en el país, mientras que naciones como Canadá hicieron incluso un pronunciamiento con perspectiva de género al pedir mayor protección para las periodistas mujeres víctimas de agresiones. Por su parte, Australia expresó su preocupación “por los altos niveles de feminicidios” en el país.
No hubo respuesta sobre desapariciones
Y otro tema recurrente fue el de las desapariciones en el país y cuál es la situación actual del Registro Nacional de Personas Desaparecidas tras el nuevo censo que está elaborando el gobierno de López Obrador, el cual ha suscitado numerosas críticas por la falta de transparencia en la nueva metodología que ha reducido considerablemente el número de víctimas en este gobierno. Sin embargo, la representación del Estado mexicano tampoco ofreció respuesta.
“Es lamentable que la delegación mexicana se haya dedicado a justificar las cifras del nuevo censo”, criticó el activista Eduardo Guerrero, que también apuntó que la delegación mexicana “destacó como si ya hubiera cumplido con esa recomendación” la puesta en marcha de un Banco de Datos Forenses.
“Los estados preguntaron qué estaba haciendo México para que funcionara ese Banco, pero tampoco hubo respuesta”, subrayó el activista.
“Millones de mexicanos dejaron la pobreza”
Por su parte, en la sesión de hoy, los representantes del gobierno mexicano destacaron avances en materia de seguridad, al asegurar que hubo una reducción en los índices delictivas, así como buenos resultados en políticas públicas de carácter social, como las diferentes becas destinadas a las personas más necesitadas, que habrían reducido la pobreza en el país.
“Más de 5 millones de personas dejaron la pobreza”, subrayó uno de los integrantes de la comitiva mexicana, que también hizo hincapié en que durante el actual gobierno se han realizado cambios en beneficio de la inclusión laboral de la mujer, lo cual fue aplaudido por países como Turquía, Ucrania, o Uganda.
¿Qué sigue?
Tras las recomendaciones, ahora el gobierno mexicano tendrá hasta el mes de junio para analizarlas y decidir, en una nueva comparecencia en Suiza, si las acepta o no. Y en caso de aceptarlas, cuáles serán los mecanismos que habilitará para cumplirlas y llevarlas a cabo.
“Esperamos que estas recomendaciones se traduzcan en acciones concretas de políticas públicas que impacten de manera positiva en el respeto a la dignidad de las personas que habitan en México, y que estas recomendaciones sean una herramienta para la elaboración de una hoja de ruta que conduzca a políticas y acciones gubernamentales para los próximos años, involucrando a la sociedad civil y a las víctimas en la toma de decisiones”, expusieron los integrantes del Colectivo EPUMx.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario