Yaneli Fuentes y Fernanda de Luna Ferral no sólo tuvieron que dejar sus hogares ante las amenazas por su labor periodística, también han lidiado con el aparato gubernamental que, en lugar de ayudarlas a retornar de forma segura, las ha violentado.
Yaneli, periodista de Guerrero, resume y define lo que es el desplazamiento que desde 2019 ha vivido: “Es una tregua para los agresores; al final no hay justicia”. Mientras que Fernanda, periodista en Veracruz, lo complementa: “Nos despojaron de todo y nos ofrecieron nada”.
Ambas se encuentran ahora con problemas de salud derivados del estrés al que las han sometido no sólo los agresores que están libres, sino quienes debieran protegerlas, o al menos procurar las mejores condiciones para que puedan seguir trabajando en el periodismo.
Morna Macleod, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ha investigado el tema de desplazamiento forzado de periodistas, comenta que hay elementos del desplazamiento forzado interno que son comunes: la pérdida del entorno, de la familia, del trabajo, del patrimonio, y todo eso es terriblemente traumático.
“Lo que pasa con los desplazados es lo mismo que lo que pasa con los asesinatos de periodistas y las desapariciones de periodistas. ¿Qué es lo que pasa? Se les calla la voz en su lugar de origen [...] algunos tratan a través de medios digitales y todo, pero hay mucha intolerancia hacia la crítica”.
Reubicación que no es temporal
Marquelia, ubicado en la Costa Chica de Guerrero, es un municipio de 13 mil habitantes y era el hogar de Yaneli, quien muy joven había comenzado a trabajar como reportera en el Diario Alternativo. Su vocación para denunciar corrupción y abusos contra la población de parte de las policías comunitarias le valió que la Unión de Pueblos y Organizaciones (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) la amenazaran con hacerle daño por dar voz a los ciudadanos víctimas de injusticias de estas agrupaciones.
“No se sabe si te van a levantar o si te van a matar”, dijo Yaneli, quien entre el 4 y 5 de julio de 2019 tuvo que salir de madrugada de la comunidad costera. No imaginaba lo que vendría a su partida.
Llegó a la Ciudad de México, donde fue concentrada. Primero ubicada en un hotel por parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego durante 17 días en un departamento administrado por la empresa RCU Sistemas, contratista del mismo Mecanismo.
María Fernanda de Luna Ferral, de 24 años de edad, es hija de María Elena Ferral Hernández, quien fue atacada por sujetos a bordo de motocicletas que le dispararon el 30 de marzo de 2020, cuando salía de una entrevista. Por la gravedad de las heridas fue llevada a un hospital en Poza Rica, donde murió.
Luego ella fue víctima de un atentado armado el 24 de mayo de 2020, a la altura de la comunidad de Galeana, cerca de Gutiérrez Zamora, al norte del estado. Había ido a Papantla, su exhogar, y la situación no pasó a mayores porque los escoltas repelieron la agresión, aunque ella nunca fue atendida médicamente.
El ataque a su madre generó el desplazamiento de ella y su hermano de ocho años, quienes radicaban en Papantla. Los hermanos fueron separados y sacados de la ciudad durante una semana. Fernanda fue llevada lejos del lugar donde ocurrió el asesinato y regresó una semana después para empacar lo poco que tenía y abandonar la casa rentada, que era lo que se podía pagar con el ingreso de su madre como periodista independiente.
Durante seis meses permaneció en un refugio al que la envió la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz. Aunque no era suficiente el tiempo, el protocolo así lo establece y debió seguir su desplazamiento.
Revictimización y abandono
A menos de un mes de haber llegado a la Ciudad de México, Yaneli viajó a Barcelona hacia finales de 2019. Durante seis meses participó en un programa de acogida para mujeres periodistas en riesgo a través de las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Taula per Mèxic.
A su regreso al país, en plena pandemia de Covid-19, fue enviada a un edificio casi solitario y custodiado por elementos de RCU. A los 15 días, de madrugada, un guardia del edificio abrió la puerta de su departamento y no pudo explicar qué pretendía al entrar a la vivienda. Yaneli reportó el incidente al Mecanismo y ahí empezó la vulneración a su seguridad y privacidad.
Días después, otra vez de madrugada, el mismo guardia le llamó para decirle que un hombre la buscaba en la entrada, pero ella no esperaba a nadie, ni conocía ningún hombre en la Ciudad de México. El guardia le permitió al sujeto ingresar al edificio para ponerlo en comunicación con la periodista. Otra vez vulneraron su seguridad y nunca supo quién era ese sujeto ni por qué la buscó a esas horas.
Volvió a reportar el incidente, pero no obtuvo respuesta y otro guardia del edificio le dijo que la conocía, que era famosa en el chat de guardias de la empresa RCU donde subieron fotografías de ella cuando entraba o salía del refugio. Yaneli comprobó la existencia de las imágenes, pero desconoce cómo y por qué las tomaron.
Tras estos incidentes se quejó de que su privacidad era vulnerada por la propia empresa que se supone firma contrato de confidencialidad. No hubo investigación y fue cambiada a un hotel durante cinco días y luego fue enviada a otro departamento; era el tercero para septiembre de 2020.
Yaneli dejó de ejercer el periodismo y se involucró en el activismo en pro de los derechos de las mujeres y de los presos políticos. Ha sido una pieza importante en la lucha por liberar a la defensora Kenia Hernández, presa en el penal de Morelos y también es lo que provocó que surgieran amenazas en su contra.
En octubre de 2020 y de manera simultánea, cuando en Marquelia un compañero periodista de ella fue privado de la libertad, en casa de los padres de Yaneli se llevaron a su perro, lo torturaron y mataron con saña, según dijo su familia.
Yaneli fue considerada entre las autoridades como una generadora de violencia y para marzo de 2021 era buscada por elementos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quienes se presentaron en el domicilio de la organización CIMAC para preguntar sobre el domicilio de la periodista y notificarle el inicio de un proceso en su contra.
La organización que le daba acompañamiento se negó a dar su información y al enterarse la periodista de que la FEADLE la buscaba, fue sacada del refugio por otra organización no gubernamental que la llevó a un nuevo lugar en el Estado de México, sin conocer del proceso que se le seguía.
Yaneli supo que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos -que participa en la revisión de casos con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas- la que entregó la información domiciliaria de ella a la FEADLE, violando su seguridad y la protección de datos personales como beneficiaria del Mecanismo, que a partir de ese momento dejó de enviarle notificaciones a través de los canales oficiales y tampoco gestionó que la Fiscalía le brindara información, solicitada en la Junta de Gobierno, sobre la indagatoria que presuntamente le habían abierto.
En ese tiempo, mientras la enviaron a un cuarto refugio, el Mecanismo propuso un plan de retorno a casa, pese a que no había condiciones para que ella regresara a Marquelia porque el expediente que se abrió por las amenazas recibidas, y que provocó su salida de Guerrero, no tenía avances que demostraran la factibilidad para retornar y reintegrarse a su familia sin el miedo de que sus agresores cumplieran sus amenazas.
Ella recuerda con rabia el vencimiento del término legal para que se pudiera proceder y demostrar la responsabilidad de sus agresores, pero los abogados de oficio dejaron pasar los tiempos y no se pudo ejercer acción penal contra los perseguidores de la periodista.
Aun así, era el Mecanismo el más interesado en que la periodista y defensora abandonara su condición de desplazamiento, pese a que continuaban los incidentes generados ahora por su activismo y los cuales no reportó porque el organismo nunca le respondió sus llamadas, a pesar que tenía asignada a una persona que debía estar atenta las 24 horas del día.
En diciembre de 2021 se acordó realizar mesas de trabajo para enero del año siguiente y el Mecanismo le insistía en llegar a un acuerdo con la Unión de Pueblos y Organizaciones y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, pero la periodista contestó a Luis Pablo Ballesteros, quien estaba al frente de la segunda Unidad del organismo: “Yo no voy a negociar con mis agresores”.
Yaneli considera que este tipo de peticiones, la persecución, criminalización e impunidad le han provocado afectaciones de diferente índole y se quiebra de impotencia cuando recuerda que fueron las acciones del Mecanismo las que la dañaron durante estos años de desplazamiento.
Acuerdos olvidados
Hubo una reunión para julio de 2022 donde la periodista fue revictimizada por el propio Mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que ninguno de los acuerdos promovidos con anterioridad por el Mecanismo se llevó a cabo.
Por esa fecha el propio Luis Pablo Ballesteros le informó que iba a ser reubicada a otro estado del país, ya que no había condiciones para que volviera a Guerrero. Yaneli se negó y le dijeron que el refugio iba a terminar el 31 de diciembre de 2022; la notificación fue sólo por celular y a una cuenta de correo diferente con la cual se comunicaba de manera oficial con el Mecanismo.
El jueves 24 de julio de 2023 le comunicaron que se efectuó la mesa de trabajo con autoridades del gobierno del estado de Guerrero y el de Marquelia. Al día siguiente estuvo en desacuerdo al considerar que los convenios carecen de legitimidad al no haber estado ella presente por atender la salud de su madre y “yo no di el consentimiento para que trataran mi destino y tomaran decisiones por mí”; aseguró.
Señala al titular de la segunda unidad, Cristian Alfonso de La Rosa, de haber acelerado las reuniones y acordar su retorno en un momento muy vulnerable para ella por la enfermedad de su madre, pero además por no consultarla en la toma de decisiones.
“Yo no estaba en condiciones de pensar con claridad y mucho menos de tomar decisiones. Quien debiera tomar las decisiones sobre mi vida y mi destino soy yo, no un puñado de hombres que no saben nada de mí y que fueron por ahí hablando de mi caso de manera irresponsable con autoridades locales, sin mi consentimiento”.
Yaneli realizó un plantón con apoyo ciudadano afuera del Mecanismo, que de nada sirvió. La empresa RCU la dejó sin gas y sin energía eléctrica, además que llegaron representantes de la CNDH y de la mencionada empresa, todos hombres, para desalojarla del refugio. Hubo hostigamiento durante horas y la amenazaron con iniciar un proceso legal en su contra si no se iba del departamento.
Tres días después de su desalojo la empresa RCU le llamó para preguntarle si iba a entregar formalmente el departamento y esto Yaneli lo considera “una burla” del mecanismo.
"Me siento presa"
Para Fernanda de Luna la salida de su lugar de origen, tras el homicidio de su madre, ha sido una cárcel en donde no debería estar mientras los agresores disfrutan de libertad. Una especie de prisión que la ha llevado casi al límite de varias maneras, al no contar con un proyecto de vida en el desplazamiento y no tener ni idea de cuándo retornará.
“No te quiero ver de periodista”, fue el comentario que un funcionario estatal de Veracruz le hizo tras el homicidio de su madre y que marcó su situación actual y dejó incierto su futuro profesional y personal.
El desplazamiento para Fernanda no fue una opción de vida, porque se ha convertido en una forma de callarla y condicionarla para no ejercer el periodismo. Diversas autoridades le han dicho que si llega a escribir algo y los agresores la ubican, será bajo su propio riesgo.
Su hermano menor, que tenía ocho años al momento de ser asesinada su mamá, no recibe apoyo alguno de becas para continuar sus estudios, los cuales costea con el mismo y único recurso que recibe para manutención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
El menor cursó el quinto grado de primaria en ese tiempo que la escuela fue en línea, porque ocurrió durante la pandemia de covid-19. Fernanda incluso recuerda que debía salir a reuniones por el crimen de su madre y fue muy difícil que su hermano se quedara en el refugio tomando sus clases.
“A partir de que me avisan que mi madre ya había fallecido sólo me dieron dos días: uno para velar y otro para enterrarla. El mismo día del entierro salgo de Papantla y estuve toda una semana completamente aislada en un refugio en que me pusieron. Tuve muchas reuniones en la ciudad de Xalapa con varias autoridades y lo primero que me dijeron es que no querían que regresara y que me iban a poner en un refugio”, recuerda.
Esto aún es difícil para ella externarlo, porque de la noche a la mañana perdió su universidad, sus amigos; tenía que aceptar que estaba huyendo, cuando ella era la víctima.
Afirma que el entonces secretario ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales, estaba en su contra y quería retirarle el apoyo de escoltas porque, presuntamente, estaría en un lugar seguro, aunque los agresores de su madre seguían libres.
“Casi son cuatro años y no me permiten regresar a Papantla. Ya es insostenible esta situación. Dejé de recibir muchos apoyos de la CEAPP, el secretario ejecutivo me ha intentado ayudar, pero los estatutos se lo prohíben. Nada más se queda el apoyo de la Comisión de Víctimas Estatal, pero nada más son tres mil pesos de apoyo para un lugar donde rentar; somos mi hermano y yo, y la verdad, en donde estoy, no es barata la renta”.
De Luna Ferral comenta: “Prácticamente siento que me dejaron a la deriva. Simplemente fue un ‘ya no quiero que regreses’, pero tampoco me dan opciones, ni soluciones ni nada”.
Por lo que respecta a la alimentación, la CEEAIV ha otorgado un apoyo llamado “canasta básica” de un monto de dos mil pesos que resultan insuficientes.
Tras los primeros seis meses la CEAPP dejó de apoyarla y tuvo que comenzar a adaptarse al poco recurso que le daba la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
“Acudí a pedir apoyo a instancias gubernamentales y nunca me hicieron caso”, afirma.
Su madre era una periodista con más de 30 años de carrera y el medio para el que ella enviaba información sólo la consideraba como “colaboradora”, por lo tanto no se hizo cargo de suministrar algún apoyo económico a sus dos hijos que quedaron solos tras el asesinato de la periodista. En El Heraldo le dieron un finiquito a Fernanda tras lo sucedido y nada más.
En tres años De Luna Ferral sólo se ha presentado ante el Mecanismo en una ocasión físicamente y otra por llamada telefónica. Lo único que hacen es llamarla “pobrecita”, le dan el botón de pánico que no funciona y los escoltas que ella continúa teniendo.
Salud afectada y sin apoyos
Las condiciones provocaron que Yaneli cayera en depresión ante el inminente término de su refugio, sin un plan seguro de retorno a casa y sin tener justicia por los hechos que originaron su desplazamiento. Carecía de apoyo para atender su salud mental.
“Yo estaba al borde del suicidio. (Un día) Me avisó la empresa RCU que debo entregar el refugio mañana -no hubo notificación oficial del Mecanismo- y aunque no se han llevado mesas de trabajo donde yo esté presente, el Mecanismo de Protección Federal me ha dicho que ellos sí la tuvieron y que no es su problema si estuve presente o no”, explica.
Al dejar de trabajar de forma normal, las periodistas desplazadas ven reducidos sus ingresos y Yaneli recibió como apoyo, durante estos cuatro años y dos meses que estuvo fuera de su hogar, una tarjeta de despensa por tres mil 900 pesos al mes, que al final fue de cuatro mil 600 pesos.
La CEAV le otorgaba un apoyo de cuatro mil pesos, sin embargo no recibía ayuda sicológica ni médica y hoy tiene diagnosticadas afecciones en riñones, vesícula y diabetes. Además ella buscaba generar algunos ingresos propios para costear gastos y enviar dinero a sus dos hijos.
Fernanda presenta problemas de la vista, ya que padece astigmatismo y miopía, además tiene tres hernias de disco, cuya atención no la proporciona la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
A los 17 años María Fernanda fue operada de la vista y su madre pagó la intervención. En el año 2021, ya viviendo como desplazada, comenzó otra vez a presentar pérdida de la visión y un psicólogo le dijo que eso es resultado del estrés postraumático que ella vive y que no ha sido atendido de manera integral.
“También el doctor me dijo lo mismo: que es debido al estrés que todas mis enfermedades están detonando. Estoy perdiendo otra vez la vista, tengo tres hernias en la columna y a raíz de todo el estrés que estoy pasando me empezaron los dolores, me pasaron las lumbalgias. La verdad es que es una situación muy crítica la que estoy pasando y sin ningún apoyo”, señaló.
“No puedo solventar los medicamentos. Literalmente me estoy muriendo de dolor. Pedí apoyo y me dijeron que era un apoyo único para una consulta, pero el doctor me dijo que necesitaba más estudios porque otra vez estaba desarrollando esto y me dijeron que no me podían apoyar con los estudios ni con las medicinas. Sólo me dijeron que me apoyaron para ir a ver a mi doctor y prácticamente que yo resolviera”, fue la respuesta que obtuvo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Dice que en la CEEAIV existe un apoyo para medicinas, pero forzosamente la atienden los doctores de la Secretaría de Salud de Veracruz. donde no ha tenido resultados positivos.
Le sugirieron ampararse y pelear para que le otorguen la atención con un especialista, pero es un proceso que considera muy desgastante.
Fernanda colaboraba con su madre en el portal Veracruz Quinto Poder, el cual una semana después de su muerte se reactivó y desde entonces es quien, desde el lugar donde está desplazada, maneja el sitio digital.
Trabaja desde el refugio actualizando información, aunque no sale a buscarla porque desde en la CEEAIV le dejaron claro que si salía era bajo su propio riesgo.
Retorno sin garantías ni medidas
Yaneli salió del refugio del Mecanismo el 5 de septiembre de 2023 sin un plan de retorno y ni siquiera la ayudaron con la mudanza, pero sí reclamaban por una lavadora que ella movió de su lugar.
Hasta el momento de esta entrevista nadie le ha marcado para saber cómo retornó a Marquelia, no tiene medidas de seguridad y ha tenido una serie de incidentes que la han puesto en el ojo público en su comunidad. Un sujeto la amenazó con hacerle daño por un tema de la localidad que ella subió a redes sociales, casi a su llegada.
Yaneli insiste que su activismo en la defensa de Kenia Hernández y salir a exigir por familiares y víctimas en desplazamiento con peores condiciones que ella, y a quienes ayudó hasta conseguir que se cumplieran los compromisos, fue lo que detonó la actuación en su contra por parte del Mecanismo.
“Primero el Mecanismo se metió tanto que orilló y neutralizó a CIMAC conmigo, luego me sacaron del activismo y me llevaron al límite con el desalojo del refugio y mi retorno a Marquelia sin ninguna medida de seguridad. Me dejaron sola; me orilló hasta terminar sacándome y dejándome a mi suerte”, concluye al asegurar que la dejaron igual que hace cuatro años: expuesta ante sus agresores que continúan dominando la zona y sin una sola instancia a la cual recurrir en caso de alguna situación de riesgo.
No tiene empleo, su madre se encuentra muy enferma y uno de sus hijos también está en una condición de salud delicada. Ella no cuenta con ninguna seguridad social y a dos meses de su retorno vive con depresión y en este momento no sabe cómo recobrar su vida.
El desplazamiento no fue una solución, sino “una pausa para mis agresores. Ni justicia ni nueva vida ni una fortaleza física y menos mental. No sé qué va a pasar”; concluye al decir que vive en incertidumbre, con rabia e impotencia.
En el caso de Fernanda de Luna Ferral la situación no es distinta a Yaneli. Ella no visualiza un plan de retorno a Papantla porque los asesinos de su madre siguen libres y cuatro de los nueve detenidos y sentenciados a 30 años podrían salir en cualquier momento.
Ella reconoce el daño psicológico y económico en esa prisión en la que se convirtió su desplazamiento.
“Yo no soy criminal. Yo no soy a quien deberían tener así, pero no puedo hacer nada. He recurrido a varias instancias y ninguna me resuelve, he pedido apoyo y nada, han hecho oídos sordos”.
Recientemente, como integrante de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, se reunió con el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quienes les prometieron apoyos de la Secretaría del Bienestar, los cuales tampoco ha recibido, como no se ha hecho la disculpa pública a la que se comprometió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por todos los periodistas asesinados.
Fernanda De Luna resume el desplazamiento como algo a lo que las instancias no dan continuidad porque sólo sacan a la persona y la ponen en un lugar, luego se olvidan y no preguntan si las víctimas necesitan algo, ni saben cómo están. No hay proceso de acompañamiento en el desplazo.
Propuesta Cívica, organización que apoya jurídicamente en el caso de su madre, le ha dado atención sicológica para entender el cambio que tiene su vida al salir esporádicamente de su refugio y siempre acompañada de sus escoltas, pero sin tener una vida como cualquier muchacha de su edad, sin continuar su formación profesional, sin poder activar económicamente el portal de su madre y sin atenderse sus enfermedades y, lo peor, sin saber cuánto tiempo más permanecerá así.
Pidió que las instancias gubernamentales volteen a ver a todas las víctimas, que son muchísimas, y a quienes no les llegan apoyos, como becas para los niños, como el caso de su hermano y ella misma, que quiere continuar su universidad y hoy no tiene cómo solventarlo. De la justicia para su madre sabe que no llegará, porque no se siguieron todas las líneas de investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: /SANDRA SEGURA, JOSÉ MARTÍN ARRIAGA.
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