La Segob argumentó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. “El Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, añadió la Segob.
La titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, compartió un boletín donde la dependencia suscribe la inconformidad que este fin de semana expresó a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la resolución de la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, luego de permitir la liberación de dichos elementos del Ejército mexicano.
“No nos extraña la posición del PJF en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, sentenció.
Postura del Gobierno de México respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/0Xqg2GmO47
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
La Segob argumentó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. Asimismo, señaló que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturadas, pero no actuaron en contra de torturadores, como el caso de Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel.
De igual manera, recordaron los esfuerzos del Poder Judicial para intentar liberar al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, hecho que fue impedido gracias al trabajo de la FGR y otras dependencias del Gobierno federal.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones, el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, añadió.
Atribuyó la decisión de los jueces a la deliberada intención de favorecer “la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado. […] Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
Es por ello que el Gobierno federal pedirá a la Fiscalía General de la República que solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma Jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del 2023, pero que “el mismo Tribunal ignoró y dejó sin efectos”.
A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que los ocho elementos del Ejército Mexicano, relacionados con el caso Ayotzinapa, se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, tras anunciarse la decisión judicial de su liberación.
En dicho expediente, se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tomando como sustento la naturaleza del delito referido de desaparición forzada y lo preceptuado al respecto, por el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante ello, los elementos castrenses, inconformes con tal determinación, promovieron juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para resolver la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta.
Sin embargo, la persona juzgadora detalló que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada, por lo que determinó las siguientes medidas cautelares, no privativas de libertad, para los imputados.
En primera instancia, la presentación periódica quincenal los días uno y dieciséis de cada mes de los encausados, ante el juzgado de distrito, así como la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50 mil pesos.
Al igual, se determinó la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte, y de evitar el lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero. Finalmente, se planteó no convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos,
siempre que no afecte el derecho de defensa.
El día de ayer, la FGR expresó su rechazo “tajante” a la decisión de la Jueza de revocar la prisión preventiva contra los ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ocurrida hace más de nueve años.
A través de un comunicado, la dependencia federal criticó que la secuela procesal de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los magistrados del Tribunal Colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, es “absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”.
De acuerdo con la FGR, la determinación de los juristas concedió “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
En este contexto que aseguró, está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a sus seguridad y a la Nación misma, “dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”, se buscará aplicar procedimientos de amparo y de ampliación de amparo “con el propósito de generar una evidente situación de injusticia”.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, reiteró la FGR.
Las autoridades federales señalaron que esta conducta procesal es “notoriamente injusta” y que, además, “se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política”.
También acusaron que algunos medios de comunicación utilizan la información de manera “parcial y engañosa”, cometiendo una distorsión mediática que se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo cual ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado.
Esta conducta procesal, notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, es usada por algunos medios de manera parcial y engañosa. 3/4
— FGR México (@FGRMexico) January 21, 2024
La FGR puntualizó que durante el 2023, el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas y difundió diariamente más de 700 comunicados, así como cerca de cuatro mil comunicados más a nivel local.
“Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios”, detalló.
AUTOR: REDACCIÓN.
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