El diputado panista explicó que presentarán un punto de acuerdo, que servirá como entrada a una denuncia ante la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública, para que se de causa a una investigación por el desvío de recursos públicos.
Durante su participación, el diputado panista explicó que presentarán un punto de acuerdo, que servirá como entrada a una denuncia ante la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública, para que se de causa a una investigación por el desvío de recursos públicos. Respecto a quiénes presentarán este recurso, el invitado no aportó más detalles.
Según relató, ya se sabían desde antes, a través de la Auditoría Superior de la Federación, los montos por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, los cuales suman una cifra de “casi 300 mil millones de pesos” que se reparten entre lo ya construido y lo impuesto por sanciones resultantes de la cancelación. “En aquel entonces AMLO muy molesto dio un manotazo sobre la mesa y recriminó y trato de silenciar a la Auditoria. Pero es real. Son 300 mil millones que se tendrán que pagar”.
Solo de la cancelación, afirma son 196 mil millones de pesos los que se deberán pagar.
En su momento se mencionó que estos costos iban a estar con cargo a la TUA, pero destaca que a raíz de la investigación, se dieron cuenta que este monto que el Gobierno recabó a través del GACM con la TUA, no se quedaron en el grupo aeroportuario para dar mantenimiento al aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez, sino que “nos enteramos a raíz de una expresión propia, directa, del ex secretario de Comunicaciones y Transporte, (Javier) Jiménez Espriú, que han sido desviados mil 200 millones de dólares para la construcción del Tren Maya“, destacó.
Ante esta revelación, asevera que estamos ante un “claro desvío de recursos por parte del Grupo Aeroportuario y la Secretaría de Hacienda, que trasladaron recursos que pagan las personas que usan el aeropuerto, y los desviaron completamente a la construcción del Tren, lo cual no puede ser posible“.
Antes esto, reveló que van a proceder en este caso con un punto de acuerdo, solicitando el informe detallado por Hacienda para justificar la razón detrás de la instrucción para primero tener los recursos, sustraerlos y dirigirlos al Tren, así como pedir a los funcionarios del Consejo de Administración y al titular del GACM que expliquen porque cedieron ante esta disposición y autorizaron el desvío de recursos.
Otro punto que destaca, es que con las declaraciones expresas de Jiménez Espriú, la investigación presentada en ‘El Gran Capricho de AMLO’, y documentos oficiales tanto en el GCM como en Hacienda, se puede dar cause de manera de manera oficial a que la Fiscalía General de la República inicie las carpetas de investigación de oficio.
Finalmente, afirma que el punto de acuerdo es solo el inicio, ya que también actuarán de manera oficial interponiendo la denuncia ante la Fiscalía y ante la Secretaría de la Función Pública, denuncias en materia penal y administrativa, para que se cause la investigación. De no recibir la información solicitada a Hacienda con este primer recurso, Téllez Hernández sentenció que “vamos a actuar por nuestra cuenta y vamos a presentar la denuncia“.
En sus palabras, “vemos que en esta acción de desvío de recursos se configuran por lo menos tres delitos. Uso ilícito del servicio público por parte de los servidores que dieron la orden de desviar estos recursos y los que permitieron, cedieron y autorizaron este desvío. Segundo, el delito del desvío de recursos como tal, el peculado, tipificado en el código penal federal. Por último el ejercicio abusivo de funciones. Son los que se pueden configurar en esta acción por parte del grupo al Tren Maya y hay delitos que se pueden dar una sanción de entre 3 y 12 años de prisión, y en materia administrativa, hasta 10 años de habilitación a quienes ordenaron este desvío y los que cedieron”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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