jueves, 11 de enero de 2024

Sedatu contrata a experto en ocultar fortunas en paraísos fiscales

La construcción de la sexta etapa del Malecón de Villahermosa fue asignada a un consorcio en el que participa Luis Doporto, quien fue un personaje central en los “Panamá Papers”. Con él se han asociado constructores que, según la Sedatu, son proveedores de la marca de mobiliario urbano “Grava y Arena”, propiedad de Hugo Buentello, ex funcionario involucrado en la trama de corrupción de Segalmex y quien pertenece al círculo de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente.

Mediante un procedimiento exprés, de apenas 7 días hábiles, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 400 millones de pesos a un consorcio en el que participa Luis Doporto Alejandre, un experto en representar a inversionistas en paraísos fiscales para ocultar fortunas e identidades.

El contrato para la sexta etapa del Malecón de Villahermosa fue asignado a un consorcio encabezado por “Brick Contratistas”, empresa en la que tiene una participación accionaria la sociedad “Chelsea Real Estate Fund”, fundada por Doporto, quien en 2016 estuvo involucrado en los “Panamá Papers” y al año siguiente en “Paradise Papers”, otro escándalo financiero de alcance internacional.

Este no es el primer contrato del actual gobierno federal que ha involucrado a Doporto. La empresa suiza LATAM Pharma Innovative Ventures, en la que él figura como presidente, fue el enlace entre CanSino Biologics y la Secretaría de Salud para la venta de 35 millones de vacunas chinas anti Covid, según reveló en junio de 2021 la periodista Claudia Ocaranza en el sitio Poder y en Univisión.

Vínculos con amigos de Andrés López Beltrán

Además de Doporto, en “Brick Contratistas” también son accionistas Jaime Martín Cabrera Parkman y José Antonio González Mendoza, quienes a su vez son dueños de “Conkrete”, empresa que en otra etapa del Malecón distribuyó el mobiliario urbano que había sido encargado a la marca “Grava y Arena”, propiedad de Hugo Buentello Carbonell, ex funcionario involucrado en la red de corrupción de Segalmex, y quien forma parte del círculo de amigos de Andrés López Beltrán, a quien conocen como Andy.

“Brick Contratistas”, empresa en la que es socio Luis Doporto, comparte domicilio con “Conkrete” en el despacho 203 de este edificio en Jardines de la Montaña.

En la licitación ante Sedatu, “Brick Contratistas” dio como su domicilio la oficina 203 del edificio ubicado en Pico de Verapaz 435, en Jardines de la Montaña, y esa misma dirección es la que aporta “Conkrete” en su sitio en internet.

En septiembre de 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que en la contratación de 6 obras, que representaron una inversión de mil millones de pesos, la Sedatu puso como requisito a los contratistas la colocación de juegos y bancas de la marca “Grava y Arena”.

En fotografías tomadas por MCCI consta que mobiliario encargado a “Grava y Arena” había sido empaquetado con el logotipo de la empresa “Conkrete”, cuyos dueños -como ya se dijo- son los mismos de “Brick Contratistas”.




En fichas técnicas de distintas obras, la Sedatu instruyó a los contratistas a colocar muebles urbanos de “Grava y Arena” y anotó como el proveedor de los mismos a “Conkrete”. Así ocurrió, por ejemplo, en obras en Campeche y en la remodelación del estadio de Villahermosa.




Al registrar la marca “Grava y Arena”, Buentello aportó como su domicilio una casa en Polanco que corresponde a la empresa Pirwi, propiedad de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andy y a quien López Obrador le encomendó supervisar la obra del Malecón.


El procedimiento exprés

La asignación de la sexta etapa del contrato del Malecón de Villahermosa al consorcio encabezado por “Brick Contratistas”, se realizó en un inusual procedimiento exprés.

El jueves 16 de febrero de 2023, la Sedatu publicó en la plataforma de Compranet la convocatoria para la licitación de la obra denominada “Construcción de parque lineal en Río Grijalva, margen derecho, etapa 6”, en la cual se dio a las empresas interesadas un plazo de 7 días hábiles para presentar las propuestas, pues la recepción cerró el lunes 27 de febrero a las 11 horas.

El plazo tan corto influyó en que sólo se inscribieran tres licitantes.

La ley de Obra Pública establece que deben pasar cuando menos 20 días naturales entre que se publica la convocatoria para el concurso de licitación en Compranet y la apertura de las propuestas de los licitantes, en este caso transcurrieron 11 días naturales y 7 días hábiles entre ambos actos.

La Sedatu utilizó el artículo 33, párrafo tercero de dicha ley, para reducir los tiempos. Esto es posible siempre y cuando existan “razones justificadas debidamente” y el tiempo se puede reducir hasta diez días naturales entre la publicación de la convocatoria y la apertura de propuestas, de acuerdo con lo que establece dicho artículo. No obstante en ninguna parte de la convocatoria se establece el motivo por el cual se hizo la licitación bajo la figura de plazos reducidos.

Perdonan incumplimiento que ameritaba descalificación

La convocatoria establecía que el resultado de la licitación se haría el 28 de febrero a las 5 de la tarde, pero ese mismo día se aplazó el fallo debido a que se dio oportunidad a que el licitante “Brick Contratistas” en participación conjunta con “FT Construcciones y Proyectos” completara su expediente, ya que no había acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS e Infonavit.

Al postor se le dio de plazo el 1 de marzo de 2023 para entregar los documentos faltantes, y una vez que los integró a su expediente, ese mismo día la Sedatu le adjudicó el contrato.

Lo anterior, a pesar de que en las mismas bases de la licitación se consideraba como causa de desechamiento de la propuesta o descalificación, que cualquiera de los postores no presentara en el plazo establecido los documentos actualizados expedidos por el IMSS y por el Infonavit que demuestran estar al corriente de sus cuotas.

El IMSS expidió el documento de cumplimiento el 28 de febrero de 2023 a las 4:53 de la tarde, a pesar de que el plazo original de entrega del expediente completo para participar en la licitación había vencido ese mismo día a las 11 horas.

Al final de este documento se menciona que Sedatu dio oportunidad a “Brick” a presentar documentación faltante fuera del plazo.

El dictamen del fallo fue firmado y autorizado por Ada Gricelda Bonifaz Villar, directora de recursos materiales y servicios generales de la Sedatu.

Esta funcionaria ha trabajado en Sedatu desde la anterior administración federal, cuando se desempeñó como delegada en Chiapas. En octubre de 2022 la prensa en aquel estado informó que Bonifaz Villar era investigada por la Fiscalía estatal por presuntos movimientos ilícitos del presupuesto federal.


Asignan obra a propuesta más cara

El licitante no sólo incumplió con la entrega de documentos en el plazo original, sino que además presentó la propuesta más cara, y a pesar de ello se le asignó la obra.

La propuesta económica conjunta de “Brick Contratistas” y “FT Construcciones” fue de 399 millones 856 mil pesos más IVA, mientras que la licitante “Diseño, Ingenierías y Manufacturas” proponía hacer la obra en 379 millones 745 mil pesos más IVA, lo que representaba un ahorro de 20 millones de pesos.

Un tercer licitante (Grupo Promotor de Vivienda para México en sociedad con Avanza Cimentaciones) proponía ejecutar la obra a un costo de 395 millones 239 mil pesos, cuatro millones menos que la postura ganadora.

En la evaluación técnica se determinó que la mejor propuesta era la de “Diseño Ingeniería y Manufacturas”, con 41.88 puntos frente a 39.24 otorgados al consorcio de “Brick Contratistas”.

Sin embargo, al realizarse la evaluación de las propuestas económicas, se otorgaron 50 puntos a “Brick” y cero puntos a “Diseño Ingeniería y Manufacturas”, pese a que ésta segunda había presentado la oferta más baja.

Al sumar los puntos del dictamen técnico y económico se declaró ganadora a “Brick” y a su asociada “FT Construcciones”.


Incumplen con entrega de obra

En el contrato se estableció que el inicio de la obra de la sexta etapa del Malecón sería el 6 de marzo de 2023 y el plazo de ejecución no debería exceder los 280 días naturales. La fecha de terminación de los trabajos se fijó para el 10 de diciembre de 2023.

Sin embargo, “Brick” y su asociada incumplieron con el plazo establecido. Un informe elaborado el 8 de enero de 2024 revela que el avance físico real de la obra era de 85 por ciento.

El reporte interno refiere que la contratista ya había recibido a esa fecha más del 92% del dinero que la Sedatu se comprometió a aportar para la obra.

De un presupuesto original de 399.8 millones de pesos (sin IVA), se habían pagado 370 millones y el avance físico en la primera semana de enero equivalía a 341 millones.

¿Quién es Luis Doporto?

Cuando en 2016 salieron a la luz los documentos secretos del despacho panameño Mossack Fonseca (conocidos como los “Panamá Papers”), Luis Doporto quedó evidenciado como el intermediario de grandes fortunas en “paraísos fiscales”.

Los millones de documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos a más de 400 periodistas de todo el mundo, revelaron que su despacho ubicado en Polanco había auxiliado en la apertura de empresas fachada en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, con derivaciones en otros destinos financieros que no sólo ofrecen beneficios tributarios, sino también garantizan mantener en secreto la identidad de los dueños de los dineros, como es el caso de Suiza, Nueva Zelanda, Países Bajos y Bahamas.

De hecho, 13 empresas representadas en el extranjero por el despacho de Luis Doporto se conectaban con otras entidades mayores, como Mossfon Managers Ltd., ubicada en Bahamas, la cual es intermediaria de otras 1,870 entidades o compañías fachada, de acuerdo con la base de datos de Panama Papers elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En 2017, en la investigación internacional “Paradise Papers” en la que colaboró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), nuevamente salió a la luz la participación de Doporto en esquemas financieros en paraísos fiscales, esta vez en Malta, archipiélago del Mediterráneo utilizado para ocultar fortunas.

El caso Nadro-Marzam

Doporto estuvo involucrado en la compra encubierta de Marzam a Nadro, dos de las más grandes distribuidoras de medicamentos en México, de acuerdo con revelaciones realizadas en 2016 por Aristegui Noticias y por la revista Proceso, como parte de la investigación de Panamá Papers.

Los documentos revelados por los periodistas de Aristegui Noticias y Proceso evidenciaron una compleja operación financiera a través de la cual el fondo holandés Moench Cooperatif trianguló dinero de Marina Matarazzo, esposa del accionista mayoritario de Nadro, para comprar acciones de Marzam.

Esa operación encubierta representaba una posible concentración monopólica en la distribución y comercialización de medicamentos, por lo que el 30 de junio de 2020 el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a Moench y a Luis Doporto con una multa por 30 millones de pesos, “por incumplir sus compromisos para eliminar en forma total y permanente cualquier posible vínculo que pudiera existir entre Nadro y Marzam”.

MCCI publicó en 2019 que a partir de que Marzam cambió de dueño, la suerte de la empresa cambió radicalmente, y en los tres últimos años del gobierno de Peña Nieto recibió contratos por más de 526 millones de pesos en el IMSS, en cuyo consejo técnico participaba el papá de Doporto.


Las operaciones de Doporto en Eslovaquia

También como parte de la investigación de Panamá Papers, el sitio eslovaco Trend junto con el Centro Checo de Periodismo de Investigación, reportaron el hallazgo de operaciones de empresas ligadas a Luis Doporto en el Privatbanka de Eslovaquia, que ha sido considerado un paraíso fiscal en Europa, por su baja tributación.

“La firma de abogados mexicana Doporto & Asociados SC se especializa en adquisiciones y planificación fiscal internacional. A través de Mossack Fonseca, fundó la empresa Perval en las Islas Vírgenes Británicas. Su accionista es un fideicomiso en Nueva Zelanda, pero el beneficiario final sería el socio de la empresa mexicana, Luis Doporto, según la comunicación por correo electrónico. Junto con abogados panameños, los mexicanos encontraron una manera de canalizar dinero libre de impuestos desde México a las Islas Vírgenes Británicas, donde no hay impuestos”, refiere la publicación del medio eslovaco Trend, tomando como base los documentos filtrados en Panamá Papers.

De acuerdo con Trend, una de las operaciones por casi 88 millones de pesos (4.4 millones de euros al tipo de cambio de entonces) se realizó en septiembre de 2015 entre una empresa mexicana anónima y la consultora holandesa Rest-See, por supuesta consultoría en materia de propiedad intelectual y marcas, “una forma típica de invertir o lavar dinero”.

Como la empresa holandesa Rest-See no tenía cuenta en ningún banco europeo, los pagos se habrían realizado a través de la empresa Black Water Company BV y/o Latem Trading, en el Privatbank de Eslovaquia, y luego el dinero sería enviado a Perval Holding Business Ltd., en las Islas Vírgenes, empresa ligada a Doporto, de acuerdo con el reporte del sitio Trend y la base de datos del ICIJ.


Vínculo con dueño de mayor operador de casinos

“Chelsea Real Estate Fund”, la cual es copropietaria de “Brick Contratistas”, fue constituida en julio de 2008 en la Ciudad de México, aunque según el registro de sociedades con inversión extranjera, tiene capital proveniente de Luxemburgo, y en julio de 2013 fue inscrita en Panamá como sociedad extranjera.

Además de Luis Doporto, en “Chelsea Real Estate Fund” participa como accionista por partes iguales Kim Nizam Pasha Sharpe, quien es director de “Codere”, el mayor operador del sector de juegos y apuestas en México.

En su sitio web, “Brick” refiere que ha participado en construir o remodelar 100 casinos.

De acuerdo con informes de la propia compañía, Codere ostenta 135 permisos para operar salas de juego en el país, con vencimientos comprendidos entre 2027 y 2048, además de que en 2018 renovó la concesión para operar el complejo de entretenimiento “Las Américas”, que incluye el Hipódromo de las Américas y el parque familiar La Granja.

Codere cuenta con 88 salas de juego, 63 puntos de apuestas deportivas, 4 mil 695 máquinas, 692 puestos de bingo y 577 terminales de apuestas.

El origen de Codere está en España, donde inició actividades en la década de los 80 como operador de máquinas recreativas, y actualmente tiene presencia en México, Panamá, Colombia, Argentina, Uruguay e Italia. En 2021, con la pandemia, amplió su actividad a las apuestas virtuales. Su matriz operativa es Codere New Topco, SA, con sede en Luxemburgo.

Inversiones en islas del Atlántico

“Brick Contratistas” (que ejecuta la sexta etapa del Malecón de Villahermosa) tiene una empresa hermana de nombre “Brick Ingenieros”, en la cual Luis Doporto también tiene participación accionaria a través de “Chelsea Real Estate Fund”.

En su sitio en internet, “Brick Ingenieros” refiere que ha participado en la construcción y mejoramiento de más de 100 salas de juego o casinos, además de desarrollar proyectos inmobiliarios en islas del Atlántico, como el conjunto “Atlantis Paradise Island”, que es el emblema turístico de Bahamas, y en “Cap Juluca”, el hotel más lujoso de Anguilla, cuyo costo de habitación por noche ronda entre los 35 mil y los 80 mil pesos.

“Atlantis Paradise Island”, el emblema de Bahamas, fue desarrollado por JACA TCI.

En el mismo sitio en internet se menciona que “Brick Ingenieros” surgió de la fusión de “Grupo Juluca” y “Chelsea Real Estate Fund”.
En actas inscritas en el Registro Público Mercantil de la Ciudad de México consta que en “Grupo Juluca” participan Jaime Martín Cabrera Parkman como socio fundador y José Antonio González Mendoza como apoderado general; ambos, a su vez, son dueños de “Conkrete”, la empresa que colocó el mobiliario urbano que había sido encargado a “Grava y Arena” para el Malecón de Villahermosa.

Cabrera Parkman también ha participado en la empresa JACA TCI Ltd., que desarrolló proyectos inmobiliarios en el archipiélago Turks y Caicos, ubicado al sureste de Bahamas, según consta en documentos oficiales de ese territorio británico de ultramar.

Un ex empleado refirió que JACA TCI ejecutó obras en la isla privada Ambergis Cay, un destino turístico de ultralujo, así como en el complejo “The Regent Grand Resort”.

En octubre de 2023, la Unión Europea incluyó a Bahamas, Anguilla y el archipiélago de Turks y Caicos en su lista de países que no cooperan para luchar contra la evasión y la elusión fiscal, la que en lenguaje coloquial es conocida como la lista de “paraísos fiscales”.

Un reportaje de la televisora alemana Deutsche Welle considera que en destinos del Atlántico y del Caribe son un misterio quiénes son los inversionistas de los proyectos inmobiliarios; y como ejemplo citó Anguilla, isla con 10 mil habitantes en la que hay más de 10 mil empresas fantasma, cuyos socios permanecen en el anonimato.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: REDACCIÓN/RAÚL OLMOS, VANESSA CISNEROS.

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