Ambas organizaciones exhortaron a las autoridades a respetar la legislación local vigente y abstenerse de modificarla.
La negativa se sostiene, según las organizaciones, porque el ex-vocero de la Fiscalía capitalina no cuenta con los requisitos de antigüedad de la cédula y título profesional, tampoco la experiencia jurídica y de procuración de justicia de cinco años a la que se refiere el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, “pues tal como se puede apreciar en página oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal, la cédula de Licenciado en Derecho, de quien se designó, fue emitida en el año 2024”.
Debido al incumplimiento de las credenciales, el comunicado hace un llamado a que se revise esta designación con el objetivo de que se “cumpla con la normativa vigente en la Ciudad de México”, considerando el “papel trascendental que desempeña la procuración de justicia de la capital del país”.
En otro comunicado, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) exhorta al Congreso CDMX a respetar la legislación local vigente y abstenerse de modificarla “para designar a una nueva persona”.
Calificaron como “preocupante y dudosa” la designación de Ulises Lara como titular del órgano de justicia capitalino ya que, al igual que sus homólogos abogados, consideran que “no cumple con los requisitos” y subrayan que la obtención de su cédula profesional fue “bajo circunstancias cuestionables que podrían constituir un delito”.
“El funcionario fue designado fiscal interino pese a carecer la experiencia de cinco años como abogado solicitada en los requisitos para ocupar el cargo y pese a registrarse una extraordinaria prontitud para la expedición de su cédula profesional en esta área, sin mencionar su militancia activa en el partido Morena, lo que pone en riesgo la independencia judicial en la capital”, señaló la organización.
Finalmente, advirtieron de la iniciativa presentada por el diputado local morenista, Alberto Martínez, que consiste en la designación del titular de la Fiscalía por voto popular a través de elecciones partidistas. Aseguran que esta medida “sometería a la fiscalía a voluntades políticas y presiones externas”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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