Consejeras electorales demandan a las instituciones de la Secretaría de Hacienda no obstaculizar las labores de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El más reciente informe de la Comisión de Fiscalización del INE señala que, de 69 solicitudes hechas entre enero y diciembre de 2023, la UIF sólo respondió ocho, y lo hizo fuera de tiempo. Y sobre las cinco solicitudes de información hechas en lo que va de 2024, ninguna ha sido respondida.
“Es importante mencionar que desde el año 2022, la UIF ha retrasado las solicitudes requiriendo información adicional para poder atender, por lo que desde abril de 2022 existe un retraso en oficios emitidos de hasta 545 días”, añade el informe entregado este jueves al Consejo General del INE.
¿Qué información pide el INE a unidades de Hacienda?
Los requerimientos de información que hace la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a la UIF tienen que ver con las alertas que hacen los bancos -y entregan a dicha unidad de la SHCP- sobre movimientos inusuales y movimientos relevantes por sus montos, en el sistema bancario.
Según el reporte del INE, la información de la UIF al INE fluye con más lentitud desde 2021, año en el que llegó el morenista Pablo Gómez a dicha dependencia. En 2021, el 25 por ciento de las 88 solicitudes rebasaron el plazo de cinco días establecido en la ley; en 2022, fue el 82 por ciento de las 163 solicitudes formuladas, y en 2023 el cien por ciento de las solicitudes fueron atendidas fuera del plazo.
“Los plazos establecidos en la legislación electoral obligan a esta UTF a resolver y dar a conocer las anomalías cometidas por los actores políticos en 45 días. Por lo tanto, es de vital importancia contar con la información solicitada en los tiempos que marca el convenio de colaboración para el intercambio de información firmado por los titulares de las instituciones involucradas con el INE. De ahí la necesidad de exhortar para que dichas instituciones cumplan con el artículo 200 de la LGIPE y atiendan en un plazo máximo de cinco días los requerimientos realizados”, señala el informe de la Comisión de Fiscalización.
SAT y CNBV también retrasan información
En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también dependiente de la SCHP, más de la mitad de las solicitudes se respondieron fuera de tiempo.
El informe detalla que, entre enero y diciembre de 2023, el INE hizo 319 solicitudes de información, de las cuales 112 se respondieron en el plazo indicado, y 196 fuera de plazo. Del total, 11 se dejaron sin respuesta.
Además, de las 20 solicitudes realizadas en 2024 al SAT, 10 presentan un atraso de atención de más de cinco días, siete se encuentran dentro del plazo para responderse y tres ya fueron atendidas.
El informe también reporta las solicitudes hechas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El INE hizo 2 mil 93 solicitudes de información en 2023, y de ellas, 433 no fueron respondidas, es decir el 20 por ciento. De todas las solicitudes hechas a la CNBV, mil 544 fueron respondidas fuera del plazo. En lo que va de 2024, el INE ya le hizo 233 requerimientos a la CNBV.
La información financiera solicitada a estas instituciones permite a la Unidad de Fiscalización verificar la información entregada por los partidos políticos en sus reportes de ingresos y gastos.
“La fiscalización con enfoque de riesgo es el resultado de contrastar lo registrado por los actores políticos en el Sistema Integral de Fiscalización, contra lo entregado por las instituciones de banca múltiple a nivel nacional, a través de la CNBV, las referencias fiscales enviadas por el SAT y las estadísticas financieras y económicas proporcionadas por la UIF”, se explica en el informe.
Consejeras del INE explican por qué preocupa bloqueo de información
Al respecto, la consejera Claudia Zavala mostró su preocupación por la negativa -principalmente de la UIF- a entregar al INE la información necesaria para sustanciar sus procesos de fiscalización y cerrar el paso al financiamiento ilegal de campañas.
“En un tiempo electoral, esta circunstancia tenemos que platicarla muy de la mano del área, porque la UIF es una autoridad del Estado mexicano fundamental para el trabajo de fiscalización, entre otras autoridades, que llevamos a cabo en este Instituto Nacional Electoral, y que administra información útil y eficaz para el trabajo que nosotros realizamos durante los procesos electorales, para verificar que el origen de los recursos sea lícito”, señaló Zavala.
Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel también lamentaron que las autoridades financieras que cuentan con información necesaria para verificar el origen legal del dinero que se usa en la política se estén negando a proporcionarla.
Humphrey recordó que la entrega oportuna de información no es sólo parte de un convenio, sino una obligación legal de dichas autoridades.
“Es vital para garantizar que podamos fiscalizar adecuadamente los informes de gastos, que lo hagamos en tiempo y forma y con toda la información, oportuna completa y veraz. Una vez más, exhortamos a todas las autoridades para que envíen la información sin obstaculizar las labores de fiscalización”, dijo Humphrey.
La FGR niega información sobre Morena
Uno de esos procesos es el registrado como INE/Q-COFUTF/07/2020 y sus acumulados INE/PCOF-UTF/06/2021 y INE/P-COFUTF/07/2021, abiertos por presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización, derivadas de un supuesto desvío de recursos por parte del partido Morena, respecto a obras de remodelación y mantenimiento de los inmuebles del partido, supuestamente contratadas por la entonces presidenta de Morena, Yeidckol Polevnski.
Sobre este caso, la FGR respondió en abril de 2022 -a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción- que la información no puede ser divulgada pues sólo las partes involucradas en esa denuncia pueden tener acceso a información reservada.
Luego de acudir al Tribunal Electoral para impugnar la respuesta de la FGR, el INE envió nuevas solicitudes en noviembre de 2022, en febrero, en abril y en septiembre de 2023, y según el informe sigue en espera de una respuesta de la Fiscalía.
FGR e información sobre Pío, hermano de AMLO
El otro caso en el que la FGR ha negado información al INE es el del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, quien fue captado en un video entregando dinero en efectivo a David León Romero, supuestamente para financiar campañas de Morena en Chiapas.
Sobre este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización abrió cuatro procedimientos y demandó información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en octubre de 2020, enero de 2021 y octubre de 2021.
Al respecto, el informe señala: “niega la información respecto de un expediente que tienen en sustanciación, alegando secreto ministerial. El agente del Ministerio Público alegó que, al ser un criterio aislado, no vincula a dicha representación social”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN.
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