Sin autonomía ni personalidad jurídica, con un presupuesto acotado y sin voluntad política para dotarlo del personal necesario para cumplir sus tareas, finalmente se ha decidido el cierre del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado en 2019 por insistencia de las familias buscadoras con la encomienda de realizar peritajes independientes que permitieran devolver el nombre a decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes, en los Servicios Médicos Forenses e incluso en escuelas de medicina.
Este desenlace se suma al recorte masivo de especialistas forenses y funcionarios en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que afectó principalmente al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución fundada en 2022 para atender la crisis forense, cuya sede en Xochitepec ya fue desalojada. Así, el sexenio termina sin que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya cumplido la promesa de convertir en su “principal prioridad” las tareas de búsqueda e identificación humana, como aseguró al inicio de la administración, en mayo de 2019, el entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado miércoles 21 de febrero, en una reunión a puerta cerrada, la titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, anunció que el Gobierno federal no otorgará más presupuesto para continuar con la labor del MEIF, un organismo multidisciplinario y con autonomía técnico-científica que empezó a operar en agosto de 2020.
“Lo están manejando desde los recursos. [Reyes Sahagún] dijo que los recursos que tiene todavía el Fondo de Población [de las Naciones Unidas, UNFPA, que administra el presupuesto], desde la comisión [CNB] no autorizaron que se gaste más en el mecanismo”, indicó una de las fuentes consultadas.
En la reunión participaron representantes del UNFPA, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Consejo Nacional Ciudadano, un grupo integrado por familiares de personas desaparecidas y especialistas que vigila el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desapariciones. De parte del gobierno federal también estuvo un representante de la subsecretaría de Derechos Humanos, hoy a cargo de Arturo Medina.
El fin del mecanismo y el desmantelamiento del CNIH –institución que debía agilizar las identificaciones, independientemente de la investigación de los delitos, a cargo de las fiscalías– significan un retroceso a la situación que había al inicio del sexenio, que concluirá sin que se haya resuelto la crisis que generó la creación de estos organismos: un sistema forense que ha dejado sin identificar más de 52,000 mil cuerpos desde 2006.
A dónde van los desaparecidos confirmó a través de cuatro fuentes, dos que asistieron a la reunión con Reyes Sahagún –que se extendió más de tres horas– y dos integrantes del MEIF, quienes pidieron no ser nombrados por temor a represalias laborales, que la intención del Gobierno es extinguir el organismo. Pero como el mecanismo fue creado mediante un acuerdo aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda, que reúne a autoridades federales, estatales, representantes de colectivos de búsqueda y personas expertas en el tema, será necesario convocar a una sesión extraordinaria en el mes de marzo para formalizar su cierre.
El descontento de Reyes Sahagún con el MEIF fue evidente en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda en 2024, realizada el 2 de febrero. La funcionaria cuestionó: “Como Comisión Nacional de Búsqueda, nosotros tuvimos una reunión con el doctor Jairo [Vivas Díaz, coordinador del MEIF,] y le hice una pregunta muy simple: ‘¿Cuántas personas han sido identificadas por el equipo del MEIF en el tiempo en el que ha estado?’. Él me contestó, y había más personas presentes, que nada más a una persona habían identificado y que estaban en proceso de identificar a la segunda persona. Ese es el tema […] revisemos cuántos recursos, cuánto dinero se ha gastado”.
La medición de los resultados del mecanismo ha estado en el centro de la discusión. Mientras que las autoridades federales y algunas familias reclaman que el MEIF únicamente ha logrado identificar a una persona desde 2020 con un gasto de millones de pesos del presupuesto público, los especialistas en materia forense recuerdan que la identificación humana es un proceso científico que puede prolongarse muchos años.
Vivas argumentó que en ningún país latinoamericano que ha enfrentado decenas de miles de desapariciones y una crisis forense se ha llegado a identificar al 50 % de las víctimas, incluso tras décadas de trabajo. A diferencia de lo que ocurre en esas naciones, como su natal Colombia, las situaciones de violencia que generan desapariciones y cuerpos sin identificar han tenido un inicio y un final. En México, la violencia no ha parado y el colapsado sistema forense sigue recibiendo cuerpos anónimos día tras día.
Historia de una debacle
El MEIF se creó mediante un acuerdo del incipiente Sistema Nacional de Búsqueda que no tiene la “fuerza” a nivel jurídico para obligar a que las fiscalías del país –que en su mayoría albergan los Servicios Médicos Forenses y, por tanto, tienen la custodia legal de los cadáveres sin identificar– permitan a los especialistas del mecanismo revisar los archivos de cada cuerpo e, incluso, reexaminarlo de ser necesario.
En las mesas de negociación con las familias buscadoras, en las que participaban Encinas, la ex comisionada de Búsqueda Karla Quintana y la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, el gobierno federal propuso la creación de una ley general del MEIF. Cuando el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –una red de colectivos de búsqueda– llegó con una propuesta, las autoridades retrocedieron, según las minutas de las reuniones obtenidas por este medio a través de peticiones de información pública. El consenso entre las partes fue emitir solo un acuerdo.
“Desde un inicio, en las primeras mesas de discusión ante la Secretaría de Gobernación, la FGR y la CNB, varias organizaciones insistimos en que el MEIF debía tener una mayor jerarquía normativa para que pudiera obligar a la FGR y a las fiscalías a cooperar y trabajar conjuntamente; señalamos que el diseño normativo lo dejaba en una posición frágil”, recordó la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que participó en las reuniones.
Aunque el MEIF fue creado oficialmente el 5 de diciembre de 2019, las negociaciones entre las autoridades federales, las familias buscadoras y las organizaciones civiles para definir los términos de la contratación de un grupo de siete expertos, prevista por el acuerdo, y su proceso de selección, se prolongaron hasta el 2021.
El 30 de agosto de ese año, el subsecretario Encinas presentó al grupo coordinador, integrado por Sharon Bissell, Ximena Antillón Najlis, Édgar Cortez Morales, Yadira Reyna Hernández, Alan Gabriel Robinson Cancedo, Jairo Vivas Díaz y Magner Rincón Soto.
La elección del UNFPA para administrar los recursos del MEIF se debió a una recomendación de la ONU-DH, aseguró Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris –desaparecido en 2007 en Ramos Arizpe, Coahuila–, en una entrevista realizada en 2023.
“Se pensó en una instancia que diera mucha confianza a las familias y que fuera receptiva para los recursos que el MEIF necesitara. Una instancia con la que el Gobierno se relacione, que asegure los sueldos del grupo coordinador y [que] eso no fuera una traba para que siguiera trabajando”, dijo la integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
La expectativa era alta. En la ceremonia de 2021, Grace Fernández Morán, que busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en Torreón, Coahuila, en 2008, agradeció a los expertos y les aseguró que “las familias no los vamos a soltar”.
“Sabemos que el reto es enorme, y sabemos y esperamos que ustedes entiendan que no lo van a lograr solos. Esto nació desde las familias, se construye con las familias y la única forma de lograrlo es con las familias”, dijo la buscadora.
Durante casi un año, del grupo coordinador solo se supo que tenía dificultades, debido a su falta de personalidad jurídica, para firmar convenios con las fiscalías, una colaboración que resultaba esencial para que pudieran examinar los cuerpos depositados hasta 2019, sobre los que debían hacer peritajes. En una entrevista realizada el año pasado, Vivas recordó que el acuerdo de creación del mecanismo no es vinculante y no obliga a ninguna autoridad del país a colaborar y abrir sus registros.
“Dependemos totalmente de la voluntad de las fiscalías”, dijo entonces, “y como vimos que la Conferencia [Nacional de Procuración de Justicia] no le iba a dar un trámite rápido a nuestra solicitud, porque sesiona dos veces al año, empezamos los acercamientos con los estados”.
El primer convenio de cooperación técnica del MEIF, firmado en San Luis Potosí el 28 de abril de 2022, es el único en operación, aunque ese año se firmaron dos más: el 17 de junio con la fiscalía de Tamaulipas, y el 14 de noviembre con la de Zacatecas. En su último informe, publicado el 15 de diciembre de 2023, el organismo no reportó más acuerdos de colaboración.
“San Luis Potosí es muy importante para el mecanismo porque podríamos llamarlo prueba piloto. Es totalmente novedoso y, si tú me preguntas como forense, ¿qué es el MEIF?, lo describo como un proyecto de identificación humana extraordinario y retrospectivo, que organizamos en seis fases”, explicó Díaz.
La primera consiste en analizar la información existente en el estado, con un registro de 613 personas sin identificar; la segunda en estudiar y completar los huecos que pudiera haber en el registro forense; la tercera en la toma de muestras genéticas; la cuarta, en recopilar información de las personas desaparecidas en la entidad; la quinta, en el cruce de datos, y la última, en identificar a las personas. Hasta hoy, han logrado una identificación.
La creación del CNIH perjudicó también al MEIF, pues generó una competencia en la búsqueda de financiamiento de organismos internacionales que, finalmente, favorecieron al centro nacional.
“Una de las cosas que nos afectó ciertamente era la prioridad política. La prioridad política era la creación de un centro nacional; entonces, todo el esfuerzo, tanto de comunicación como de recursos y demás, va a ir hacia esa construcción de algo que va a servir, como Estado, para enfrentar el problema”, dijo Bissell en una entrevista realizada en octubre de 2023. La especialista en cooperación internacional fue la encargada de conseguir financiamiento de estas instituciones para el MEIF.
En su primer año, el UNFPA decidió evaluar el funcionamiento del mecanismo, sin consultar a su grupo coordinador. Entrevistado en 2023, Iván Castellanos, representante auxiliar del UNFPA en México, dijo que era usual realizar evaluaciones externas para informar a los donantes sobre el trabajo llevado a cabo. Investigación en Salud y Demografía, S. C. (Insad), se encargó de hacerla con un costo de 28,000 dólares (casi 500,000 pesos).
“Estamos hablando de que se tardaron dos años en generar un acuerdo para crear el MEIF. Dime tú qué institución va a salir bien evaluada a un año de su creación o qué organismo. Ninguno. Si tú al año evalúas a la Comisión Nacional de Búsqueda o a una comisión estatal, o al Centro Nacional de Identificación [Humana], pues vas a salir reprobado porque, al primer año, ¿qué resultado o impactos vas a tener? Pues uno muy limitado, muy chiquito, muy cortito. Bajo esa evaluación justificaron que no estaba dando el ancho el grupo coordinador y entonces se fueron diluyendo nuestros contratos”, apuntó la antropóloga forense Yadira Reyna Hernández, con quien se habló el pasado agosto.
El resultado fue una asfixia gradual del MEIF: Bissell y Robinson renunciaron antes de cumplirse el segundo año del organismo; a Cortez, Reyna y Rincón no les renovaron el contrato en octubre de 2022. Antillón, quien estaba a cargo de la implementación del enfoque psicosocial y de la vinculación con las familias, renunció en febrero de 2023.
Solo un integrante del grupo de “los siete fantásticos”, como les llamaron algunas buscadoras, llegó al segundo aniversario del MEIF: el médico forense Jairo Vivas. Desde el pasado agosto le acompaña en el grupo coordinador la psicóloga Esmeralda Cisneros Torres.
Falsa autonomía
El MEIF se concibió como un organismo autónomo, pero en la práctica nunca lo fue. Entre 2021 y 2023, la CNB transfirió 75 millones de pesos al UNFPA. El dinero, que debía destinarse a la operación del mecanismo, fue asignado también a la CNB e, incluso, una parte fue para pagar los costos operativos del UNFPA –incluso la evaluación de Insad salió de esa bolsa–, según el último informe del organismo.
En una carta pública, Cortez, quien se desempeñó como especialista en materia legal y jurídica del mecanismo entre agosto de 2021 y octubre de 2022, dijo que “hubo un acuerdo entre UNFPA y CNB para modificar el número de integrantes y su tarea en el MEIF, [pero] esta decisión nunca se nos comunicó con claridad”.
Reyna señaló que con el tiempo se dieron cuenta de que no había una autonomía real. “Sí dependíamos de una institución, sí teníamos una jefa [la excomisionada Karla Quintana], sí teníamos a quien darle cuentas, pero a nosotros jamás nos lo dijeron. […] Todos los recursos, todo pasaba por ella. […] UNFPA estaba totalmente alineado a las decisiones de la Comisión Nacional de Búsqueda”, aseguró la también académica.
Cortez, en una entrevista realizada en 2023, consideró que la estrechez del vínculo del MEIF con la CNB fue favorecida por la gestión del UNFPA: “No hacía acción alguna ni tomaba decisión que no estuviera previamente acordada y autorizada por la Comisión Nacional de Búsqueda”.
Bissell coincidió en que la autonomía fue simulada. “Si eso hubiese sido claro desde el inicio, que [el MEIF] no es autónomo, entonces eso pudo haber cambiado las cosas porque más bien es un proyecto del Estado a través de la CNB”.
Paradójicamente, la excomisionada Quintana, cuando en 2021 presentó al grupo coordinador, dijo que la participación del UNFPA y de la ONU-DH –que respaldó su creación– daban legitimidad al MEIF y atendían a la preocupación de las familias buscadoras de contar con una institución autónoma.
Entrevistado hace un año, Ángel Ruiz Tovar, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompañó como asesor técnico a las familias durante el proceso de gestación del mecanismo, aseguró que “el MEIF se está asumiendo como parte del Sistema Nacional de Búsqueda, y aunque legalmente no es falso, sí lo subordina políticamente a la comisión nacional”.
Recordó, además, cuál fue el motor para su creación: “Que fuera independiente, para que las identificaciones fueran aceptadas por las familias, era el valor añadido del MEIF. Hoy es un aporte forense más y ya”.
El estatus del mecanismo como garante de las identificaciones y su vinculación a organismos internacionales hizo que los sueldos del grupo coordinador se equipararan a los de funcionarios de Naciones Unidas, que superan los 100,000 pesos mensuales. Ruiz no quiso decir si eran altos o bajos, pero matizó: “Están recibiendo una remuneración para una tarea que tendría que ser estratégica en todo el país, pero en este momento se está limitando a ser un equipo técnico operativo en algunos estados”.
Bajo la administración de Reyes Sahagún, el presupuesto para 2024 no fue garantizado por el Gobierno federal. Un trabajador del MEIF dijo a este medio que, en noviembre pasado, el UNFPA aseguró que habría recursos a partir de septiembre de 2024, por lo que el mecanismo tenía previsto operar con un remanente de 2023, pero posteriormente se les avisó que únicamente dispondrían de dinero hasta el 31 de marzo.
En la reunión del pasado miércoles, Reyes Sahagún mencionó que solo el personal que trabaja en las fiscalías estatales, alrededor de once personas, podrá permanecer en sus cargos hasta septiembre de 2024 y estará adscrito al desmantelado CNIH. El resto, una decena, incluido Vivas, no tiene asegurada una renovación del contrato después de marzo.
Nadie sabe cuántos cuerpos sin identificar hay en el país. Aunque la FGR ha asegurado que ya se encuentra en operación el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, ha evitado entregar vía transparencia una versión pública del mismo con el argumento de que el registro está albergado en un sistema informático, no una base de datos, y producir una lista derivada de ese sistema significaría elaborar un documento específico, lo que no es obligación de las autoridades.
En la audiencia ante la CIDH de mayo de 2019, el Gobierno federal, representado por Encinas, reconoció por primera vez que el país atravesaba una emergencia forense. Sin embargo, al ocaso del sexenio se abandonan los esfuerzos institucionales para abatirla, mientras que el número de personas desaparecidas, más de 115,000, no hace más que incrementarse.
AUTOR: EFRAÍN TZUC.
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