Más de 20 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México; muchas siguen buscando entre amenazas. Colectivos exigieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección, seguridad y ser reconocidas como defensoras de derechos humanos.
Como parte de la exposición inicial, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante este sexenio. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.
Además, Sandoval recordó que desde la notificación de que se llevaría a cabo la audiencia, dos personas más fueron asesinadas: Angelita Almeras, en Tecate, Baja California, y Noé Sandoval, en Zumpango del Río, Guerrero, mientras que Lorenza Cano, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, permanece desaparecida.
En tanto, Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las voces sin justicia de Sinaloa y hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido el 12 de julio de 2020, habló de los riesgos y los impactos –que las familias incluso normalizan, dijo– a través del caso de Rosario Lilián, que buscaba a su hijo en La Cruz, Sinaloa, desde el 2019 y fue asesinada por sus acciones de búsqueda en 2022. La mataron a golpes, le pasaron una camioneta por encima y envolvieron su cuerpo en la lona que llevaba la foto de su hijo. Antes, las amenazas habían sido muchas.
“A Rosario el crimen organizado también le llamaba por teléfono. Nunca supo de dónde tenían su número pero les repetía que ella solo quería saber en dónde estaba su hijo. Se reunió con ellos para implorarles que le dijeran dónde estaba. Rosario buscaba todo el tiempo, pero sobre todo por las noches porque de día trabajaba en el campo, en el corte de chile. Nosotros, como colectivo, íbamos a apoyarla, ella localizaba lugares donde posiblemente había cuerpos, a veces no podía esperarnos y escarbaba la tierra sola. Nos mandaba fotos y nos preguntaba ‘¿estos serán restos humanos?”, relató Martínez.
La buscadora denunció ocasiones en que la seguridad que las acompañaba las dejó solas porque surgía algún enfrentamiento, la vigilancia permanente de “halcones” –personas en motocicletas– del crimen organizado y extorsión por parte de la fiscalía estatal. “Lo que les cuento de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país: Nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y nos revictimizan, pero seguimos buscando”, agregó.
“Rastreamos la huella de la vida, y nos encontramos con nuestra propia muerte”
Javier Barajas Barrera, del colectivo Ángeles de Pie por Ti de Guanajuato y padre de María Guadalupe Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero de 2020, la encontró un año después, en compañía de su hijo Francisco Javier Barajas Piña, en una fosa clandestina en San Juan de Salvatierra con 80 cuerpos más. Por su insistencia en la búsqueda, Francisco Javier fue asesinado el 29 de mayo de 2021.
Finalmente, Javier y su esposa fueron desplazados por la violencia. “Lo más doloroso de ser desplazados es que no podemos ir a las búsquedas con el colectivo al que pertenecemos: No solo nos arrebataron a nuestros hijos, sino la posibilidad de seguir buscando a los que nos faltan. Como buscadores, rastreamos la huella de la vida, y nos encontramos con nuestra propia muerte”, relató.
Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete, desaparecido el 8 de enero de 2018, subrayó que en México las instituciones están rebasadas y los mecanismos de protección que brinda el estado son ineficientes, pues cuando quieren acceder a ellos, les piden demostrar las agresiones que han sufrido, pero en muchas ocasiones, las autoridades también son perpetradoras. Por ello, han solicitado ser consideradas como defensoras de derechos humanos, lo que les ha sido negado.
Peticiones a la Comisión Interamericana por parte de las familias
Familiares y activistas concluyeron su presentación inicial con la enumeración de sus peticiones a la CIDH, en la voz de María de Vecchi, oficial de Verdad y Memoria de Artículo 19: Que urja al Estado mexicano a reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y que sus riesgos están asociados a sus actividades de búsqueda, además de requerir que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas informe cuántas personas buscadoras han solicitado medidas de protección, cuántas han sido otorgadas y cuántas rechazadas, así como qué medidas se les han otorgado.
Asimismo, que exhorte al Estado para que ese mecanismo defina esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes reconociendo su diversidad, que se lleve a cabo una urgente visita de la CIDH a México con especial atención al tema de desapariciones y protección de personas buscadoras, y que se incluya la información presentada durante la audiencia en el informe temático “Desapariciones en México” que prepara la CIDH.
También solicitaron que la relatoría de personas defensoras y la unidad a cargo de medidas cautelares de la CIDH revise las peticiones individuales y medidas presentadas sobre el tema, especialmente las de Franciso Javier Espinoza Almanza, Ismael Alejandro Martínez Carrizales y Guadalupe Alejandra Aguilar Jaúregui, y que solicite información al Estado respecto a la respuesta que han dado las comisiones locales y la nacional a las peticiones de familiares de realizar búsquedas en puntos ubicados por colectivos. Adicionalmente, que requiera al Estado información sobre la investigación y, en su caso, sanción a los asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. Para contribuir, las peticionarias ofrecieron enviar los casos que han identificado, sin que se trate de una lista exhaustiva.
Durante su intervención, representantes del Estado mexicano –todos mandos medios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Gobernación, sin la presencia de la titular de la CNB, que solo apareció accidentalmente al inicio de la transmisión– se limitaron a citar el marco legal y normativo general en materia de desaparición, sin especificar acciones concretas en torno a las amenazas y asesinatos de personas buscadoras, ni datos específicos sobre los mecanismos de seguridad y protección para ellas.
En tanto, Jesús Peña, de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, hizo énfasis en que los riesgos que enfrentan las personas buscadoras las han llevado a hacer llamados desesperados al crimen organizado, por lo que es necesario reconocer el papel de las víctimas, que todas las instituciones de búsqueda sean eficientes, cuenten con recursos y se coordinen, así como garantizar su protección conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda.
Finalmente, la Comisión requirió al Estado mexicano que responda por escrito: ¿Qué medidas está tomando para garantizar la investigación y sanción de los asesinatos a personas buscadoras? ¿Cuántas condenas hay a autores materiales e intelectuales? ¿Cuántas autoridades están siendo investigadas por garantizar impunidad?
“Estamos aquí porque ustedes nos han cerrado las puertas”
Ante la falta de respuestas concretas del Estado mexicano, Bibiana Mendoza le recordó a sus representantes que las familias y colectivos estaban en la audiencia porque el gobierno les ha cerrado las puertas, y que en México la violencia está lejos de parar. Recordó también que el reciente “nuevo censo” emprendido por el Gobierno de México es violatorio de la ley y del Protocolo Homologado de Búsqueda.
“Lo que se propone es reducir las cifras de personas desaparecidas, y es absurdo que de esta manera el Estado mexicano diga que está buscando a nuestros familiares, cuando la realidad es que nuestro país es una fosa clandestina”, remarcó ante la CIDH.
Mientras concluía la audiencia, familias y colectivos presentaron en un video las fichas de los casos particulares que han identificado de 2010 a la fecha:
-Marisela Escobedo Ortiz. Asesinada el 16 de diciembre de 2010 en Chihuahua, Chihuahua. Exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años.
-Nepomuceno Moreno Núñez. Asesinado el 28 de noviembre de 2011 en Hermosillo, Sonora. Buscaba a su hijo Jorge Mario Moreno, desaparecido el 10 de julio de 2010.
-Sandra Luz Hernández. Asesinada el 12 de mayo de 2015 en Culiacán, Sinaloa. Buscaba a su hijo Édgar García Hernández, desaparecido en febrero de 2012.
-Miriam Rodríguez Martínez. Asesinada el 10 de mayo de 2017 en San Fernando, Tamaulipas. Buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en 2012.
-José Iván Orozco Medina. Asesinado el 11 de enero de 2018 en Uruapan, Michoacán. Buscaba a su padre Leonel Orozco Ortiz y a sus hermanos Leonel y Moisés Orozco Medina, desaparecidos en 2008, 2009 y 2012 en Michoacán.
-Zenaida Pulido Lombera, asesinada el 20 de julio de 2029 en Aquila, Michoacán. Buscaba a su esposo, quien había desaparecido 17 años atrás.
-María del Rosario Zavala Aguilar. Asesinada el 14 de octubre de 2020 en León, Guanajuato. Madre de Yatziri Misael Cardona Zavala, desaparecido en diciembre de 2019.
-Jorge Ulises Cardona Zavala. Asesinado el 27 de junio de 2022 en León, Guanajuato. Hermano de Yatziri Misael Cardona Zavala, desaparecido en diciembre de 2019.
-Francisco Javier Barajas Piña. Asesinado el 29 de mayo de 2021 en Salvatierra, Guanajuato. Hermano de María Guadalupe Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero de 2020.
-Gladys Aranza Ramos Gurrola. Asesinada el 15 de julio de 2021 en Guaymas, Sonora. Buscaba a su esposo Bryan Omar Celaya, desaparecido el 6 de diciembre de 2020.
-José Nicanor Araiza Dávila. Asesinado el 27 de julio de 2021 en Concepción del Oro, Zacatecas. Buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, desaparecido el 30 de septiembre de 2018.
-Ana Luisa Garduño Juárez. Asesinada el 27 de enero de 2022 en Temixco, Morelos. Exigía justicia ante el feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea en 2012.
-Brenda Jazmín Beltrán Jaime. Asesinada el 17 de julio de 2022 en Cajeme, Sonora. Buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán desde 2018.
-Grisell Pérez Rivera. Asesinada el 23 de agosto de 2022 en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. No era familiar de persona desaparecida, pero dedicó varios años al acompañamiento de familiares de víctimas de feminicidios y mujeres desaparecidas.
-Rosario Lilián Rodríguez Barraza. Asesinada el 31 de agosto de 2022 en La Cruz Elota, Sinaloa. Buscaba a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, desaparecido el 16 de octubre de 2019, y a su hermana Diana Carolina Rodríguez Sánchez, desaparecida el 27 de septiembre de 2019.
-Buscadora asesinada el 4 de octubre de 2022 en Puebla, Puebla. Buscaba a su hija desaparecida el 13 de enero de 2021.
-María del Carmen Vázquez Ramírez. Asesinada el 6 de noviembre de 2022 en Abasolo, Guanajuato. Buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido el 14 de junio de 2022.
-Teresa Magueyal Ramirez. Asesinada el 2 de mayo de 2023 en San Miguel Octopan, Celaya, Guanajuato. Buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido en abril de 2020.
-Griselda Armas. Asesinada en Tacámbaro, Michoacán el 23 de octubre de 2023. Buscaba a su hijo Diego Yahir Valdovinos Armas, desaparecido en septiembre de ese año.
-Lorenza Cano Flores. Desaparecida en Salamanca, Guanajuato el 15 de enero de 2024. Buscaba a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido el 17 de noviembre de 2018. Un comando armado entró a su casa para llevársela, y asesinó a su esposo y su hijo.
-Angelita Almeras León. Asesinada el 8 de febrero de 2024 en Tecate, Baja California. Buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido el 27 de junio de 2018.
-Noé Sandoval Adame. Asesinado el 13 de febrero de 2024 en Zumpango, Guerrero. Buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, desaparecido el 17 de noviembre de 2023.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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