El abogado Alejandro Robledo afirmó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde se ha convertido en "el brazo armado" del presidente López Obrador para conseguir las órdenes de aprehensión contra ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.
“Él está muy mal en meterse en una investigación de carácter penal en la que nada tiene que hacer y al parecer su secretaria de Gobernación se convirtió en su brazo armado para lograr conseguir las órdenes de aprehensión”, enfatizó en conferencia de prensa el abogado Alejandro Robledo.
Junto con César Omar González, los juristas acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho un “cochinero” con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues afirmaron que las nuevas acusaciones contra sus clientes, por delincuencia organizada, fueron fabricadas como parte de una persecución política por parte del gobierno federal.
“Hoy tenemos como víctimas a las familias de Ayotzinapa, a los militares y a las familias de los militares, hoy ellos también son víctimas, esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado, los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero, porque no hay otra forma de describirlo, el cochinero que han hecho en esta administración, en la investigación y proceso del caso, lo único que han logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y la verdad”, indicó César González.
“Cada vez estamos más lejos y se antoja complicado, por no decir imposible, que vayamos a tener un día acceso a la verdad. Con todo el mugrero que estamos viendo que hay”.
Informaron que la nueva acusación contra los militares está fundamentada en las declaraciones del 22 y 23 de enero pasados, realizadas por los testigos protegidos “Karla” y “Neto”, ex integrantes de los Guerreros Unidos, quienes afirmaron que los castrenses recibían dinero para brindar protección a dicha organización delincuencial y los habría reconocido mediante fotografías.
Sin embargo, señalaron que anteriormente los testigos tuvieron a la vista las fotos de los 8 militares y nunca los reconocieron, hasta ahora.
Por ello, anunciaron que presentarán denuncias penales contra el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, funcionarios a su cargo y los testigos protegidos “Karla” y “Neto”.
“Al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del exsubsecretario Encinas, en esta nueva etapa del caso vamos a presentar denuncias penales esta semana en contra de los servidores públicos, los que se encargaron de integrar esta lamentable investigación. Todos los que se vieron involucrados en el trámite de esto, los vamos a denunciar penalmente, igual que al exsubsecretario Encinas y también vamos a denunciar a estos testigos protegidos que tienen mucho miedo, que son miembros de la delincuencia organizada, también los vamos a denunciar por falsedad y delitos contra la administración de justicia. Y al igual que al exsubsecretario Encinas, algún día, como dice Alejandro, no sé si hoy, mañana o en dos años, o en cuántos, los militares van a estar fuera y absueltos y van a estar en la cárcel los que armaron todo este mugrero”, dijo González.
Esto, debido a que la defensa solicitó realizar una diligencia esta mañana para entrevistarse con los testigos pero a las 6:00 horas la FGR informó a la juez que no puede presentarlos porque uno tiene un problema de salud y el otro está como “no localizable” en el domicilio que proporcionó a las autoridades.
“Nosotros esperábamos que con la misma eficiencia y premura y de forma exprés y cumpliendo y atendiendo a todos los principios de inmediación, deber de lealtad, objetividad y debida diligencia el agente del ministerio público que se encargó de integrar esta ‘marranada’ adscrito a la Unidad Especializada de Investigación para el Caso Ayotzinapa presentaría a sus testigos estrella evidentemente esto no ocurrió”, señaló el abogado.
Los ocho soldados que representan los abogados son los mismos que la semana pasada salieron de la prisión militar luego de que la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo les concedió la libertad condicional en cumplimiento a una suspensión concedida por un tribunal Colegiado.
La resolución de la juez provocó que la titular de Segob y el presidente López Obrador emitieran diversas declaraciones contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) y a su vez la FGR anunció el inicio de carpetas de investigación contra la juez y los magistrados que conocieron del asunto y dictaron las resoluciones que derivaron en la liberación de los militares.
“Este tipo de ‘cochinadas’ que están haciendo no tienen nada qué ver ni con el estado de Derecho ni con el Poder Judicial, por eso reiteramos que confiamos en el Poder Judicial, por eso también nosotros no ocupamos estar mandándome cartitas a la ministra presidenta Piña, como lo hace la Secretaría de Gobernación”, precisó Robledo.
El abogado acusó que sus clientes son presos políticos en el caso Ayotzinapa y confió en que el Poder Judicial incline la balanza para frenar las afectaciones ocasionadas a los padres de los normalistas, a los militares y a las familias de estos también.
“Esto aquí y en China se llaman chicanadas, creo que todos como mexicanos ya estamos cansados de tantas chicanadas y tanto marranero”, agregó.
Mañana se vence el término constitucional para que la juez de Procesos Penales Federales resuelva la situación jurídica de los militares.
Los abogados confiaron que, debido a que la FGR informó hoy que no puede presentar a los testigos cuyas declaraciones sirvieron para emitir las órdenes de aprehensión, la juzgadora desestime la nueva acusación y dicte auto de libertad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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