A través de un comunicado se pronunciaron en contra de la criminalización del gobierno del estado sobre las personas manifestantes que salieron a marchar el pasado 27 de enero en el centro histórico.
La colectiva expresó su rechazo a las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado de Oaxaca y su cuerpo policial. Asimismo, manifestaron su repudio a la criminalización que ha enfrentado su compañera Nizayeejh Chávez. La organización destacó la gravedad de la detención arbitraria y los supuestos actos de tortura y tratos crueles e inhumanos perpetrados contra las seis personas detenidas durante la mencionada protesta.
COJUDIDI ha dedicado más de cinco años a brindar un acompañamiento digno desde las áreas jurídica y psicológica a diversas comunidades vulnerables, incluyendo mujeres indígenas, migrantes, personas privadas de su libertad, víctimas de conflictos armados, desaparición forzada, niñez, adolescentes, disidencias sexuales y neurodivergencias.
Las personas detenidas, y que ya se encuentran en libertad, fueron víctimas de diversas formas de violencia y se encuentran en situaciones de precarización económica y social, lejos de la justicia constitucional, la salud mental y emocional, y una vida digna, destacó la colectiva.
En su comunicado, señalaron que su labor aborda carencias que las administraciones gubernamentales estatales y municipales, tanto anteriores como las actuales encabezadas por Salomón Jara y Francisco Martínez Neri, no han logrado proveer ni garantizar, especialmente en las periferias y zonas más precarizadas del territorio.
Ante esta situación, la colectiva exigió el cese inmediato de la persecución y criminalización en su contra, así como de las colectivas hermanas La Campamenta y La Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë. Enfatizaron que la lucha es por el respeto a los cuerpos, la tierra y el territorio, por el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, y frente a la represión, reafirmaron sus gritos de libertad.
La detención
El pasado 28 de enero la colectiva Chicatanas publicó un comunicado denunciando el proceso irregular y la detención arbitraria de defensoras, defensores y activistas feministas incluías dos mujeres periodistas.
Detallaron que a las 11:40 de la noche no les habían permitido contacto con una abogada ni con los representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, denunciaron también la violación al debido proceso, para ese momento llevaban 5 horas incomunicadas.
Denunciaron irregularidades en el proceso porque la detención se había realizado de manera arbitraria una vez terminada la protesta, por lo que responsabilizaron al gobierno del estado de Oaxaca y al gobernador Salomón Jara por la situación así como cualquier daño a la integridad física, emocional y psicológica de las personas detenidas.
Lo advertían las feministas
El pasado 15 de marzo del 2023, cuando se cumplían 100 días de haber iniciado la administración estatal de Salomón Jara Cruz organizaciones acusaron que la violencia contra las mujeres y niñas incrementó «de manera dramática» en la entidad, además, acusaron que se ha colocado como una de los estados con mayores ataques contra personas defensoras. Aunado a lo anterior el gobierno ha desplegado más de 600 elementos de la Guardia Nacional y Ejército en municipios del centro del estado.
En un comunicado, 30 organizaciones, redes y colectivas; así como 43 personas defensoras y periodistas urgieron al Gobernador del estado Salomón Jara Cruz a asumir con seriedad un compromiso real en favor de los derechos humanos, paz, justicia y democracia en Oaxaca.
En este pronunciamiento se dio a conocer que en los primeros 100 días de este gobierno, se habían registrado 43 feminicidios, prácticamente uno cada dos días; durante este mismo lapso, fueron desaparecidas 116 mujeres, 66 de ellas menores de edad.
Aunado a ello, Oaxaca se ha colocado como una de las entidades con mayores ataques contra personas defensoras, con base a datos del propio Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, se coloca como la segunda entidad federativa con más homicidios en contra de personas defensoras.
«Frente a este contexto, le demandaron al Ejecutivo Estatal garantizar una participación ciudadana real en la construcción de políticas públicas de derechos humanos integrales, además de garantizar el ejercicio libre del derecho a la protesta social».
Asimismo, demandaron a Jara Cruz la construcción de paz y justicia a partir de la voluntad política y una visión de la seguridad no militarista, así como garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia y el cese a la impunidad, mediante procesos penales transparentes, expeditos, independientes y no revictimizantes, en particular en casos de feminicidios.
“En Oaxaca las violaciones a derechos de pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante y se relacionan con la imposición de megaproyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, además de la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo; megaproyectos en los que desde una lógica de control territorial y despojo neoliberal los bienes y recursos comunes se transforman en mercancías resultando en la profundización de la conflictividad social”, subrayaron.
En ese contexto rechazaron el fortalecimiento de la postura militarista del gobierno quien ya había desplegado más de 600 elementos de la Guardia Nacional y Ejército en municipios del centro del estado, «una lógica que da continuidad a la política neoliberal de imposición, de control y sometimiento de los pueblos y territorios».
De igual forma, pidieron retomar e impulsar los pendientes en materia legislativa para lograr la aprobación e implementación de marcos legales que garanticen los derechos de las personas defensoras, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, los derechos de las mujeres, niñas, juventudes, pueblos indígenas y derechos humanos en general.
Y demandaron a Salomón Jara Cruz promover y garantizar una educación con enfoque de derechos humanos y comunitaria, sobre todo, tomando en cuenta que Oaxaca se ubica como el quinto estado con mayores agresiones en el ámbito escolar, cuya violencia escolar va en constante aumento y donde más del 50 por ciento de las aulas carecen de servicios básicos.
De igual forma, las activistas e integrantes de diversas organizaciones, demandaron el alto a la simulación y que se garanticen instancias de justicia, derechos humanos y atención a víctimas encabezadas por titulares con trayectoria y reconocimiento.
Por ello, reprobaron la designación a modo de Bernardo Rodríguez Alamilla como titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), nombramiento que fue rechazado contundentemente por la sociedad civil por su falta de perfil para llevar a cabo esta labor y por el papel gris que desempeñó en su cargo anterior como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Además de rechazar la elección de Héctor Eduardo Vila Ortiz como Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAVI), toda vez que la convocatoria lanzada por la Coordinación para la Atención a Derechos Humanos solo previó un plazo de 3 días para presentar candidaturas, este plazo impidió un proceso real de participación y presentación de personas con perfiles idóneos y permitió la imposición de un candidato «a modo», sin perfil ni reconocimiento de las víctimas, aseveraron.
AUTOR: CITLALLI LÓPEZ VELÁZQUEZ.
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