Los dirigentes del PAN y PRD califican como insuficiente el protocolo de seguridad del INE y la Secretaría de Seguridad; el PRI se lleva el tema del blindaje de las elecciones a la Cámara de Diputados.
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En cambio, los representantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo avalaron el protocolo diseñado por el INE y el gabinete de seguridad federal, aseguraron que el gobierno puede garantizar elecciones pacíficas, y acusaron a la oposición de usar el tema de la inseguridad y la violencia como arma propagandística en sus campañas.
El representante del PRI, Rubén Moreira, dijo por su parte que el protocolo es un “gran avance”, reconoció que no corresponde al INE frenar la violencia ni la influencia del crimen organizado en los comicios, e informó que el blindaje al proceso se abordará en un grupo de trabajo creado también el miércoles mismo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las elecciones.
En qué consiste el protocolo
¿Cómo funciona el protocolo de seguridad a candidatos?
La consejera presidenta Guadalupe Taddei fue la encargada de explicar cómo funcionará el protocolo: el INE recibirá las solicitudes de protección (por escrito) que los partidos hagan para sus candidatos; éstas serán canalizadas a las autoridades de seguridad (federal o local, según el ámbito del cargo al que se aspira) a través de una mesa de coordinación interinsitucional que, dijo la consejera, operará 24 horas al día, los siete días de la semana.
Las solicitudes de protección se clasificarán según el nivel de riesgo denunciado por los partidos, y la información se irá sistematizando para detectar las zonas más peligrosas para las candidatas y candidatos.
Taddei le aclaró a los dirigentes y representantes de los partidos que el INE no hace ni hará mapas de riesgo, pues eso le corresponde a las autoridades de seguridad, tanto militares como civiles. Ofreció a los partidos canalizar todas sus denuncias e inquietudes a las autoridades, pero aceptó ante ellos que las atribuciones del instituto en ese tema son limitadas.
“La competencia del Instituto Nacional estriba en solicitar a las instancias correspondientes la relación interinstitucional, para que acompañe el proceso, no sólo de las candidaturas, también de toda la planta laboral del Instituto en las actividades que en este momento están desarrollándose”, dijo Taddei.
En un momento de la reunión, celebrada a puerta cerrada en un salón de las instalaciones del INE, la consejera Carla Humphrey dijo a los representantes que sus partidos también deben contribuir a cerrarle el paso al crimen organizado en los procesos políticos, cuidando a quién postulan a cargos de elección popular y cómo financian sus campañas.
Críticas de la oposición al protocolo de seguridad para candidatos
Al salir de la reunión, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, calificaron como insuficiente el mecanismo que les fue presentado y, cada uno por su parte, revelaron que tienen reportes de dirigentes locales y aspirantes que han abandonado candidaturas por amenazas de grupos criminales, o que han advertido que no hay condiciones para hacer campaña en sus municipios o estados.
“Es insuficiente. Lo que le hemos pedido al Instituto Nacional Electoral es que haga responsable al gobierno federal de un proceso violento y con inseguridad. Le queremos pedir al INE que no sólo nos diga las medidas que va a tomar, sino cómo va a evaluar si estas medidas están dando resultados. No basta poner medidas que no den resultados, tienen que ser evaluadas y corregidas con oportunidad”, dijo Cortés.
El dirigente panista expuso en la reunión los cinco momentos en los que, según él, está interviniendo el crimen organizado: 1. la selección y registro de candidatos, cuando se presentan amenazas para no postularse; 2. las campañas, cuando se amedrenta, golpea, secuestra e incluso se asesina a candidatas y candidatos en ciertos municipios o regiones; 3. la veda electoral (los tres días anteriores a los comicios), cuando se amenaza e intimida a funcionarios de casilla y representantes de partidos para no presentarse a la casilla y dejar a ciertos grupos operar solos; 4. la propia jornada electoral, cuando se mantiene la amenaza e intimidación a funcionarios de casilla, representantes de partidos y votantes, o de plano se secuestran paquetes electorales, y 5. el momento postelectoral, cuando se amenaza a candidatos y partidos para que no impugnen los resultados electorales.
El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la responsabilidad principal para brindar seguridad es del gobierno federal, pero corresponde al INE exigir que esas condiciones se den en los tres ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal.
Sugirió que todos los partidos, la autoridad electoral y los partidos políticos firmen un acuerdo por la seguridad en este proceso electoral, para que, cuando ocurra un hecho violento o una intervención clara del crimen organizado, todas las fuerzas políticas rechacen de manera unánime los hechos.
“Reconozco el esfuerzo del INE, pero lo que hoy nos presentaron es insuficiente para blindar al conjunto del proceso electoral y para darle seguridad a la sociedad, a las y los candidatos y a la gente para que acuda a los actos proselitistas y que acuda a las urnas a votar”, dijo Zambrano.
El PRI opta por blindaje desde el Congreso
El diputado Rubén Moreira, representante del PRI ante el INE y también integrante de la coalición opositora, evitó criticar el protocolo, aseguró que es “un gran avance” respecto a lo que se tenía antes, y aseguró que el tema del blindaje de todo el proceso es mejor atenderlo desde el Poder Legislativo.
“Te comento que ya, en la Cámara de Diputados, aprobamos un grupo de trabajo para darle seguimiento a las elecciones; en ese espacio va a ser más amplio para poder discutir temas que están entro de la administración de la seguridad pública. Lo que hizo el INE a mí me parece bien, pero hay que buscar otro espacio, que será éste que se creó en el Congreso”, dijo.
Moreira informó que ya se invitó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para que acuda a este grupo de trabajo legislativo el próximo 19 de febrero y que discuta con las fuerzas políticas las medidas que le correspondería a cada autoridad para garantizar elecciones en paz.
Durante la reunión con las consejeras y consejeros electorales, Moreira propuso que todos los partidos hagan un pronunciamiento conjunto en contra del crimen y el narcotráfico en las elecciones; un mensaje democrático y de unidad, para impedir que un partido que sí denuncie se convierta en un blanco de la delincuencia.
“Ya me lo aceptaron los partidos en el INE, lo voy a traer a la Cámara de Diputados”, añadió.
Violencia en el proceso electoral 2024
La violencia en contra de aspirantes ha sido un tema recurrente desde las elecciones de 2018, cuando el propio INE registró el asesinato de 98 políticos y aspirantes a cargos de elección popular. En 2021, el propio instituto contabilizó 30 asesinatos de aspirantes, precandidatos o candidatos, entre septiembre de 2020 y junio de 2021. Incluso, tres días antes de los comicios se registró el homicidio del candidato de MC a la alcaldía de Cazones, Veracruz, Remigio Tovar.
En el proceso electoral 2023-2024, iniciado formalmente en septiembre pasado, ya se han presentado al menos 13 asesinatos de aspirantes o personas directamente ligadas al proceso electoral.
Entre las víctimas se encuentran: Wilman Monje, exalcalde de MC en Gutiérrez Zamora, Veracruz, asesinado el 11 de octubre; Jesús Toral Rangel, líder comunal y consejero estatal de Morena en Michoacán, asesinado el 24 de octubre; Jaime Dámano Solís, panista de Chilpancingo, Guerrero, asesinado el 24 de noviembre; Ricardo Tapia, aspirante a diputado federal por Morena, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 21 de diciembre; Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista de Cuautla, Morelos, que aspiraba a una diputación local, asesinado el 4 de enero; Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a alcalde de Armería, Colima, asesinado el 5 de enero; Miriam Noemí Ríos, activista trans y comisionada de MC en Jacona, Michoacán, asesinada el 11 de enero; Samantha Gómez, aspirante de Morena a una senaduría en la CDMX, asesinada el 15 de enero, y Jaime Vera, precandidato del PVEM en el municipio de Mascota, Jalisco, asesinado el 1 de febrero.
La organización Data Cívica, a través de su iniciativa Votar entre Balas, ha calificado el 2023 como el año de mayor incidencia en violencia política, y ha alertado sobre el incremento de las agresiones, amenazas, extorsiones, intimidaciones y homicidios conforme se acerca la jornada electoral del próximo 2 de junio.
“De 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México 1649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. En México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios”, advierten en su reporte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN.
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