En vísperas del arranque de las campañas políticas, la organización recomendó a quienes aspiran a puestos de elección popular, “abstenerse de iniciar procesos judiciales en el ámbito civil, penal o electoral contra periodistas críticos o medios de comunicación”; no estigmatizar.
En el informe titulado “Violencia contra la prensa en México 2023: ¿cambio o continuidad?”, la organización especializada en la defensa de la libertad de expresión registró 561 agresiones contra la prensa, entre las que se encuentra la desaparición del periodista de La de 8News Juan Carlos Hinojosa Viveros en Veracruz (6 de julio), así como los asesinatos de Ismael Villagómez Tapia, de El Heraldo de Juárez, en Chihuahua (16 de noviembre); Jesús Gutiérrez Vergara, de Notiface Prensa Digital, en Sonora, (25 de septiembre); Nelson Matus Peña, de Lo Real de Guerrero, en Guerrero (15 de julio); Luis Martín Sánchez Íñiguez, de La Jornada y Crítica ADN de Nayarit (7 de julio) y Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista independiente de Puebla (23 de mayo).
La organización reconoció que pese a que hay una disminución de registros con respecto al año anterior de 19.4%, sin embargo, la tendencia de la violencia contra la prensa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han cometido más agresiones contra periodistas que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Recurriendo a la comparación de los actos de violencia registrados durante el quinto año de gobierno de los tres mandatarios, Artículo 19 resaltó que mientras con Felipe Calderón, en 2011, “se documentaron 172 agresiones (el año 2023 representaría un cambio porcentual de 226.16% respecto a este)”, en tanto que en el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto, “la organización documento 507 agresiones (cambio porcentual de 31.40% respectivamente)”, datos con los que “se da cuenta de que los niveles actuales de violencia permanecen aún más altos que en los mismos periodos de gobiernos anteriores”.
Ante el escenario de violencia, Artículo 19 consideró que “el 2024 se perfila como un año particularmente difícil para la labor periodística”, según lo ha documentado la organización anteriormente que “en los procesos electorales se materializan grandes tensiones políticas en las cuales periodistas y medios de comunicación se encuentran vulnerables”, siendo ejemplo de ello lo ocurrido en 2018, en que “prácticamente dos de cada cinco agresiones contra periodistas ocurrieron en el marco de la cobertura electoral”. De acuerdo a lo registros de Artículo 19 en 2023 el 58.82 % de los casos registrados se concentraron en intimidaciones y hostigamiento (124 agresiones); uso ilegitimo del poder público, a través de la estigmatización (106), y las amenazas de forma física y como en forma digital (100).
La organización destacó que en 2023 se registraron “22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e incluso penales, el equivalente a que cada mes en promedio se inicien 1.8 procesos judiciales en contra de periodistas por las investigaciones que realizan”.
El informe detalla que los servidores públicos siguen siendo los principales agresores de los comunicadores, con 287 registros, de los cuales 204 corresponden a funcionarios públicos, 75 a fuerzas de seguridad civiles y 8 a fuerzas armadas.
El resto de las quejas ubican a representantes de partidos políticos (25), al crimen organizado (57), a particulares (95) y sin elementos suficientes para ser identificados (97).
Tomando en cuenta a qué nivel de gobierno se ubica a los agresores, 24.39% a nivel municipal, 43.90% a nivel estatal y 31.71% a federal.
A esas agresiones destacan bloqueo o alteración de contenido (54); ataque físico (45): acceso ilícito (37); ataque a bienes materiales (24); privación de la libertad (23), así como allanamiento (8), desplazamiento (6); remoción de contenido (18); dominios o cuentas falsas (2); ataques de denegación de servicio (4) y tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (4).
El informe destaca que, en cuanto a los actos de intimidación y amenazas, “en al menos 10 casos, se identificó que particulares estaban usando el discurso repetido en las Conferencias Matutinas presidenciales, y al agredir a la prensa también la catalogan como ‘chayoteros’, ‘vendidos’ o ‘golpistas”.
En 2023 fue posible identificar que “los grupos de delincuencia organizada se vinculan principalmente a amenazas consolidando 30 casos”, lo que resulta preocupante porque “hubo 15 casos de ataques físicos tanto a periodistas como a sus bienes materiales, y al menos 4 privaciones de la libertad, donde se pudo documentar de manera explícita el involucramiento de la delincuencia organizada”.
Artículo 19 resaltó que en los cinco asesinatos documentados “la delincuencia organizada presuntamente tuvo un vínculo directo o indirecto con los hechos”, convirtiéndose esos grupos delincuenciales en “un grave riesgo para la prensa”.
En su informe la organización alertó que la violencia hacia la prensa está prácticamente generalizada en todo el país, pues las agresiones se registraron en 29 de las 32 entidades federativas, siendo los estados de Hidalgo, Querétaro y Zacatecas, los únicos que no documentaron actos de violencia.
Las entidades con más casos registrados fueron Ciudad de México con 115, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 y Veracruz con 36 casos.
Cabe destacar que en el contexto de las conferencias matutinas, en la capital del país “se registraron al menos 62 casos de estigmatización, criminalización, bloqueos informativos e incluso publicación de información sin consentimiento”.
La organización agregó que hay entidades que han reducido su índice de agresiones como Tamaulipas con seis registros, Michoacán y Chiapas, con ocho cada entidad, entidades que un año anterior tenían al menos 30 denuncias cada uno.
El estudio detalla que el año pasado los periodistas que dan cobertura a casos de corrupción y política “son quienes más están en riesgo, como se demuestra con los 299 casos documentados, o 53.30% del total”, en tanto que quienes cubren las fuentes de seguridad y justicia registraron 132 agresiones, lo que equivale a 23.53%.
Los periodistas que asignados a dar seguimiento a protestas o movimientos sociales (52), a derechos humanos (51), al sector privado (21) y a la defensa de tierra y territorio (6), también fueron agredidos en 2023.
Artículo 19 resaltó que de las 561 agresiones registradas, en 167 casos las víctimas fueron mujeres, dos de ellas transgénero, 303 fueron hombres, y en 91 los ataques se dirigieron a medios de comunicación o a colectivos.
Asimismo, entre los denunciantes siete pertenecen a la comunidad LGBT, ocho se asumen como indígenas o afrodescendientes y dos radios comunitarias.
En vísperas del arranque de las campañas políticas, la organización recomendó a quienes aspiran a puestos de elección popular, “abstenerse de iniciar procesos judiciales en el ámbito civil, penal o electoral contra periodistas críticos o medios de comunicación”; no estigmatizar o denostar la labor periodística e incluir en sus plataformas políticas el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
A las autoridades públicas la organización exigió “garantizar las condiciones de seguridad para el libre ejercicio periodístico”, sobre todo en la contienda electoral, así como “abstenerse de seguir agredido a la prensa, particularmente a través de la estigmatización”.
En cuanto a las fiscalías, Artículo 19 recomendó realizar investigaciones “diligentes y expeditas de todos los casos de crímenes contra periodistas”; esclarecer los casos existentes a fin de combatir la impunidad y coordinarse con las comisiones de b´squeda para localizar a 32 periodistas que permanecen desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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