El conflicto por la expropiación de tierras en Mixtequilla a 26 pesos el metro cuadrado derivó en la detención de 9 activistas el 27 de enero pasado, sin que se sepa hasta ahora sobre su paradero.
Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo conjunto con la Policía Estatal de Oaxaca, la Guardia Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dieron a conocer miembros de la RCM y las organizaciones no gubernamentales EDUCA y Red TDT en una serie de comunicados.
“Nos fueron a buscar a todos con uso de violencia. Rompieron puertas y ventanas. De hecho en mi taller rompieron la puerta, las ventanas e hicieron destrozos”, dice en entrevista para Animal Político, Fernando Osorio Márquez, vocero de la Resistencia Civil Mixtequillense, sobre las detenciones y cateos que comenzaron a las cuatro de la mañana del sábado.
Además, asegura que desde entonces ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. “Dicen que me van a desaparecer si la ley no me agarra. Un amparo no me va a servir de nada”.
Las personas detenidas fueron identificadas como Adelaido López Gallegos, Armando Sánchez Gómez, Orlando de la Cruz Gallegos, Roberto Vázquez Orozco, Alba Pérez Santana, Ana Sánchez Castro, Jorge Ontiveros Álvarez, Ricardo Vargas Ruiz y Albino Palacios Orozco. Los últimos dos, además, son comuneros del núcleo agrario de Santa María Mixtequilla.
Desconocen el paradero de manifestantes contra Interoceánico en Mixtequilla
Osorio tiene conocimiento de otras dos personas que no lograron detener, como a él, y asegura que el número de órdenes de aprehensión aprobadas por un juez de control de Tehuantepec, en contra de miembros de la RCM, asciende por lo menos a 12.
“Le exigimos a los gobiernos federal y estatal que intercedan y tomen en cuenta al pueblo y que nuestros compañeros sean liberados. No se vale que sigamos con la misma vieja política, que el inocente esté en la cárcel, cuando los delincuentes, los verdaderos rateros y asesinos anden libres”.
Fernando relata que el mismo sábado en el que detuvieron a sus compañeros, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes, los había convocado a una reunión para un tercer diálogo, en el que le aseguraron iba a participar el Comisariado de Bienes Comunales. “No se vale que el propio gobierno federal rompa ese diálogo. Nos hicieron a un lado completamente”.
La Red TDT emitió ayer la Acción Urgente 001/2024 en la que relata que las personas detenidas fueron trasladadas al Juzgado de Control de Tehuantepec para iniciar su proceso penal, en donde se determinó la Prisión Preventiva Oficiosa. Posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca, “desconociendo hasta el momento el paradero de las personas defensoras”.
En un boletín la FGEO informó que la institución dio cumplimiento a órdenes de cateo emitidas por un Juez. Asimismo, comunicó que el operativo derivó de una carpeta de investigación iniciada por el delito de robo cometido en perjuicio del ayuntamiento municipal de Santa María Mixtequilla, cuyo alcalde es Juan Carlos García Salud.
“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos sucedieron el 5 de enero de 2024, cuando un grupo de personas se presentó en el Palacio Municipal de la comunidad antes citada donde, haciendo uso de violencia, se apoderaron de diversos bienes, por lo que, la parte afectada presentó la denuncia por estos hechos”.
Conflicto en Mixtequilla
La Resistencia Civil Mixtequillense está conformada por pobladores y comuneros inconformes con el proceso de expropiación de tierras de uso común para la construcción de un Polo de Desarrollo del Corredor Interoceánico.
El 2 de febrero de 2023, el gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que confirma la expropiación, por causa de utilidad pública, de 502 hectáreas en Santa María Mixtequilla, a favor del CIIT. Contempla una indemnización total de 130 millones 631 mil pesos, incluido el pago por las casi 180 hectáreas de uso parcelado y las 322 hectáreas de uso común. Esto equivale a un promedio de 26 pesos el metro cuadrado.
Sin embargo, miembros de la RCM argumentan que el pago por la tierra de uso común, además de ser muy bajo, “pagaron el metro cuadrado a lo que cuesta un kilo tortilla”, está destinado solamente a los comuneros registrados en el Registro Agrario Nacional (RAN) y no a toda la población, que según el último censo del INEGI asciende a 4,690 habitantes.
“El pueblo exige que el dinero sea repartido equitativamente, o bien que lo decida el pueblo a través de una asamblea comunitaria entre habitantes y comuneros. Que no sean nomás unos cuantos los que decidan qué se va a hacer con todo ese dinero”.
Además argumentan que ni el gobierno federal ni el estatal han informado sobre los daños que pueda provocar la instalación de un parque industrial en la zona, pues sólo informan que generará empleos y que a las empresas nacionales y extranjeras que se instalen tendrán incentivos fiscales, se les dotará energía, conectividad y agua; situación que también les preocupa por la evidente sequía.
Por lo mismo, tiempo después estalló un conflicto entre las y los ciudadanos y comuneros de la Resistencia Civil Mixtequillense por un lado y el Comisariado de Bienes Comunales y la Presidencia Municipal de la misma población, por el otro, que derivó en que el primer grupo tomara la Casa Comunal, sede del comisariado de bienes comunales, por más de 9 meses.
Luego de meses sin solución, el 5 de enero la RCM se movilizó con un bloqueo carretero y la quema de instalaciones de un campamento instalado por una empresa de seguridad privada subcontratada por la Marina para vigilar al polígono expropiado. Ese día se iniciaron las mesas de negociación con el delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes, que se interrumpieron el sábado pasado con las detenciones.
En conversación con Animal Político, miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Mixtequilla aseguraron que la asamblea de comuneros es la máxima autoridad de la comunidad en materia agraria, y fue ésta la que negoció la expropiación y el monto. Además, es la única que puede gestionar la repartición del recurso destinado a los comuneros y particulares afectados.
También aseguraron que ellos aún no tienen el dinero, pues está retenido en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). Finalmente, reprueban las acciones del movimiento de la Resistencia Civil Mixtequillense pues aseguran está operando en paralelo al Comisariado y a la Asamblea de Comuneros.
El 8 de enero pasado, el reportero le solicitó una entrevista personalmente a Angelino López Cortés, Delegado de Paz Social para el Istmo de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, quien se encontraba mostrando el polígono de Santa María Mixtequilla a inversionistas interesados en el PODEBI. Sin embargo, rodeado de elementos de la Marina, respondió que no estaba autorizado para otorgar la entrevista.
El CIIT y los conflictos en las comunidades indígenas de la región
Este no es el único conflicto derivado de la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y otros pueblos indígenas de la región. En un pronunciamiento publicado por la Misión Civil de Observación, conformada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, aseguran haber registrado en la región “al menos 46 eventos de agresiones en total, cometidas por instituciones del Estado, empresas o personas que tienen intereses en la construcción del megaproyecto”, desde el 2021 hasta la fecha.
Apenas el 18 de enero, defensores comunitarios y comuneros zapotecas de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunciaron la tala de 7 mil árboles para la rehabilitación de las vías del ferrocarril y el incumplimiento de los acuerdos para la reparación de los daños ambientales por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), encargada de las obras del Corredor Interoceánico. Ante ello, bloquearon por un día el campamento de la línea “K”.
Otro ejemplo fue en marzo de 2023, cuando la Marina y la Policía Estatal de Oaxaca desalojaron un plantón en las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el tramo Mogoñé Viejo-Vixidu, realizado por ejidatarios y pobladores de San Juan Guichicovi, Oaxaca, e integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quienes estaban reclamando sus derechos frente a las afectaciones sociales y medioambientales provocadas por las obras realizadas por el CIIT.
En enero de 2023, David Hernández Salazar, agente municipal de la comunidad de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, fue detenido por elementos de la FGEO, trasladado a la capital de Oaxaca y liberado al día siguiente, luego de fuertes manifestaciones en el Istmo de Tehuantepec.
Sin embargo, él y una docena más de pobladores de San Blas Atempa tienen procesos legales en su contra derivados de su activismo contra la instalación de uno de los Polos de Desarrollo en San Blas Atempa. Luego de un litigio agrario la comunidad logró un amparo en junio de 2023 que detuvo la adquisición del polígono destinado a dicho PODEBI. Este martes, se desahogó la audiencia final del caso de David Hernández en Oaxaca y se le declaró culpable, de acuerdo con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: RAFAEL E. LOZANO.
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