El instituto mostró su disposición de participar en parlamentos abiertos o cualquier mecanismo de consulta que le permita dar a conocer sus resultados.
En un posicionamiento público, consideró que transferir sus atribuciones por completo al Ejecutivo federal, como pretenden las reformas constitucionales presentadas este lunes por el presidente, implicaría volver a un modelo que demostró tener “serias limitaciones”.
Aseguró que se pondría en riesgo la capacidad de lograr la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar igualdad de condiciones para que más mexicanos accedan a servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad.
Además, de contar con más estaciones de radio y televisión, donde, dijo, “puedan expresarse mayor diversidad de voces y opiniones”.
El Instituto señaló ser respetuoso de la división de poderes y aceptó ser un órgano autónomo de servicio público, abierto y transparente, así como sujeto al escrutinio y evaluación públicos.
Sin embargo, admitió que la autonomía constitucional que le fue otorgada fue indispensable tras largos años de tener mercados con escasa competencia y elevados precios.
Lo cual, recordó, generó un perjuicio social de al menos 129,000 millones de dólares, según la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte.
Además, apuntó que, en 2010, las personas usuarias de internet solo representaban el 34 % de la población mexicana.
Dijo que estas fueron las razones para que, “frente a estos rezagos” se generara el consenso para considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como dos pilares del desarrollo económico y social del país en 2013, así como habilitadores de derechos y libertades fundamentales.
En este sentido, señaló que esta autonomía alcanzada por el IFT ha permitido que las decisiones sean tomadas solo con base en criterios técnicos y en beneficio de los mexicanos.
“Resultando en que estos sectores hoy sean muy diferentes a lo que eran con el esquema anterior a la reforma constitucional, contribuyendo al cierre de brechas digitales, y con ello al bienestar social”, manifestó.
El IFT compartió que de 2013, cuando se hizo autónomo, al cierre de 2023, los precios de comunicaciones en su conjunto disminuyeron un 31.7 %, mientras que la inflación fue del 62.2 % en ese mismo periodo.
También mencionó la eliminación de la larga distancia nacional, la solicitud de portabilidad entre empresas de telefonía conservando el mismo número en no más de un día y que el servicio móvil de banda ancha pasó de 27.4 a 120.4 millones de líneas, un incremento del 339 % (cuatro veces) en los mismos 10 años.
Además, indicó que con su autonomía se asignaron por primera vez radiofrecuencias por licitaciones transparentes, logrando 141 nuevas frecuencias de radio; así como el otorgamiento de concesiones comunitarias e indígenas.
El IFT también precisó que lejos de ser un Instituto oneroso, argumento de López Obrador para desaparecer organismos autónomos, ha reducido su presupuesto en más del 34 % en términos reales en los últimos 10 años; e incluso, sostuvo que el presupuesto de 2024 es menor en un 3 % al de 2023 en términos reales.
“Las acciones regulatorias del IFT se han traducido en poco más de 728,000 millones de pesos, lo que significa que por cada peso que ejerce el IFT para su operación, genera beneficios por 45.5 pesos para las y los mexicanos”, agregó.
“Manifestamos nuestra apertura para participar en parlamentos abiertos o cualquier mecanismo de consulta que nos permita enfatizar sobre el avance y resultados públicamente conocidos que el IFT ha logrado como órgano constitucional autónomo”, señaló.
“Seguiremos trabajando en favor de la sociedad mexicana, con el fin de maximizar las oportunidades de que los servicios lleguen a toda la población, ya que contribuyen al bienestar social, garantizando derechos fundamentales como la educación y la salud”, dijo el organismo.
Posicionamiento del IFT:
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AUTOR: REDACCIÓN.
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