De último momento, consejeros del INE modificaron el proyecto de dictamen en el que originalmente se proponía aplicar la máxima sanción a 44 candidaturas de Morena.
La sanción venía contemplada en el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización del INE y que fue circulado horas antes entre los integrantes del Consejo General, pero dicho proyecto fue modificado repentinamente con adendas y fe de erratas incorporadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, y anunciadas por el presidente de la Comisión, Jorge Montaño Ventura.
Las adendas incorporadas por la Unidad de Fiscalización provocaron una caótica sesión, interrumpida por dos recesos, que se prolongo hasta las 22:00 horas, y que terminó con la modificación de las sanciones económicas y la eliminación del castigo máximo a los aspirantes morenistas.
Sólo un precandidato de Movimiento Ciudadano, en San Martín Texmelucan, Puebla, perdió el derecho a registrarse, por haber rebasado los topes de gastos de precampaña.
Los castigos originales del INE a candidaturas de Morena
Originalmente, el proyecto proponía aplicar sanciones por 32.7 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales y aspirantes a candidaturas independientes, y la cancelación del registro a 44 candidaturas de Morena por la omisión de presentar su informe, tal como lo prevé la Ley Electoral y como ocurrió en 2021 con los precandidatos a gobernador Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, y Raúl Morón, de Michoacán.
De esos 44 casos, cuatro eran de la Ciudad de México, uno de Jalisco, uno de Morelos y 38 de Tabasco. A todos se les buscaba sancionar con la cancelación del registro.
Sin embargo, el consejero tabasqueño Jorge Montaño ―cercano a la consejera presidenta Guadalupe Taddei― argumentó que el partido Morena presentó los informes de forma extemporánea, por lo que la UTF había incorporado erratas y adendas al dictamen que se sometería a votación, proponiendo una sanción económica y no la cancelación del registro.
En respuesta, la consejera Dania Ravel señaló que, en los hechos, los cambios que se pretendían incorporar al dictamen modificaban de fondo las sanciones.
“Hemos estado recibiendo una serie de adendas y erratas que ha circulado la Unidad Técnica de Fiscalización. Me quiero detener particularmente en unas en donde se advierten varios cambios de sentido sobre la omisión de presentar informes, pero no solamente esto, sino incluso también se están haciendo cambios en los criterios de sanción… No se trata de una fe de erratas, no se trata de un error de dedo, sino se trata de engroses que están modificando lo que en su momento se aprobó en la Comisión de Fiscalización”, advirtió.
El consejero Jaime Rivera también se manifestó en contra de las adendas, pues consideró que no podía darse por subsanada la omisión de presentar informes, argumentando ahora que se presentaron de forma extemporánea.
“¿Con qué dictaminó la Comisión de Fiscalización y elabora los proyectos? Con los elementos que tuvo; y si no había informes, no se presentaron. Los plazos establecidos son plazos obligatorios, no se puede cambiar y considerar que se subsana una obligación cuando se presenta fuera del plazo legal y reglamentario”, explicó.
Esta discusión dio pie a que la presidenta del Consejo, Guadalupe Taddei, declarara un receso propuesto por la consejera Rita Bell López, para que todas las consejeras y consejeros conocieran y analizaran a fondo las adendas y fe de erratas enviadas por la Unidad de Fiscalización.
Informes en ceros y sin el formato de ley
Al regresar al debate, las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey señalaron la gravedad de que algunos partidos políticos y precandidatos presenten informes en formatos distintos a los previstos en el Reglamento de Fiscalización y fuera de los plazos legales, pues eso atenta contra el espíritu de la fiscalización, que es tener claridad sobre el financiamiento de las precampañas.
Las consejeras y consejeros resaltaron el caso de 23 aspirantes de Morena ―de Tabasco― que presentaron informes en ceros, enviados por correo electrónico el 18 de febrero; es decir, un día antes de la sesión de Consejo General y cuando la Comisión de Fiscalización ya había votado el proyecto de dictamen.
Eso fue considerado grave por la mayoría de los presentes; sin embargo, en la votación final se puso a consideración que fueran sancionados con una multa del 200% del monto involucrado en la omisión, y ya no con la cancelación del registro.
Además, sobre la marcha se hizo ver que no eran 23, sino 24, los precandidatos que entregaron sus informes hasta el 18 de febrero.
Algunas consejeras y consejeros lamentaron que el proceso de fiscalización, en este primer bloque de sólo 10 de los 32 estados, haya sido tan confuso. Esto, porque aún falta que el Consejo discuta los dictámenes de fiscalización de las precampañas locales de 22 entidades y las precampañas federales.
“Pues yo creo que este procedimiento de fiscalización que hoy tenemos yo lo encuentro muy enturbiado, sin datos claros… Y esto nos está pasando en precampaña, pero aquí sí es un llamado al área. No podemos tener este tipo de consecuencias o de actuaciones de frente a un proceso tan complejo de revisión de fiscalización en campañas, porque en campañas también viene una consecuencia similar a determinaciones que se tienen en fiscalización”, señaló Claudia Zavala.
Luego de una larga discusión, la mayoría de consejeras y consejeros estuvieron de acuerdo en dar por presentados los informes de 13 precandidaturas que lo hicieron con suficiente anticipación, pero se mantuvo la discrepancia en torno a los 24 casos más graves, enviados el 18 de febrero.
Confusión en votación del INE
Al momento de ponerse a votación el dictamen, con las adendas y fe de erratas, se generó una confusión entre algunos consejeros, por la manera en la que la secretaria ejecutiva, Claudia Suárez, presentó los puntos a votación.
Como se trataba de un bloque de diez entidades, con adendas y fe de erratas, se debía poner a votación el dictamen en lo general y, posteriormente, cada punto en lo particular.
La confusión por lo que se estaba votando generó un intercambio ríspido entre el consejero Jaime Rivera y la presidenta Guadalupe Taddei.
“A ver, estoy de acuerdo, ya llegado a este punto, en que se voten las alternativas; pero sí quiero subrayar que, aunque en toda la discusión se dijo muchas veces y por varias personas, que la propuesta era dar por no presentados los informes, el texto leído para la votación no menciona para nada eso. Me parece una grave omisión que se aparta del sentido de la discusión y no quiero pensar que se haya hecho de mala fe, pero por lo menos con confusión”, señaló Rivera.
“Muy grave que usted diga eso. Ni siquiera pensarlo, consejero, ni siquiera mencionarlo como una suposición. Me parece que la redacción todos la tuvimos en la mano. Todos la escuchamos correctamente. Y hablar hoy de suposiciones que dañan la credibilidad de esta mesa me parece que no es correcto viniendo de un consejero electoral”, respondió Taddei.
La discusión por las caóticas votaciones se extendió durante más de dos horas y provocó que Taddei declarara un segundo receso para aclarar lo que se estaba votando.
Además, involucró a los representantes de los partidos, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, quienes argumentaron siempre en favor de la presidenta Guadalupe Taddei y el consejero Jorge Montaño, quienes defendían la legalidad de los cambios propuestos por la Unidad de Fiscalización.
En la discusión terciaron las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, y el consejero Uuc-kib Espadas, también del bloque de Taddei.
Al final, el dictamen con las sanciones, ya modificado, fue aprobado en lo general por unanimidad, pero la parte en la que se perdonaba la cancelación del registro a los 24 precandidatos de Morena que presentaron su informe un día antes de la sesión de Consejo General, fue aprobada por una mayoría de seis a cinco.
La consejera Carla Humphrey anunció un voto particular, para aclarar en ese documento el sentido de su voto y asentar la confusión durante el proceso de votación, lo mismo que Jaime Rivera, Arturo Castillo, Dania Ravel y Claudia Zavala.
De las multas aplicadas a los partidos, por un monto general de 31 millones 182 mil pesos, la mayor parte fue para Morena (14.9 millones de pesos); seguido de MC (7.6 millones); PAN, 3.5 millones; PRD, 3.1 millones; PVEM, 1.1 millones; PRI, 818 mil pesos, y PT, mil pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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