De acuerdo con el estudio, presentado por representantes de organizaciones como Melel Xojobal y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), la mayoría de las víctimas de reclutamiento forzado en Chiapas tienen un promedio de edad entre 15 y 21 años y son en su mayoría de los pueblos tsotsil y tseltal.
Una vez dentro de las pandillas o los grupos del crimen organizado, los jóvenes son obligados a hacer mandados, vender y transportar drogas, reclutar a otras personas y realizar labores de vigilancia o coyotaje. En el caso de las mujeres, son obligadas a hacer la limpieza y ser meseras en cantinas o bares, hasta ser víctimas de explotación sexual.
Los activistas expresaron que los niños y adolescentes reclutados son vistos como “piezas reemplazables”, por lo que a menudo son obligados a participar en enfrentamientos con grupos rivales y realizar acciones de pandillerismo o sicariato que ponen en peligro su vida.
“Todas las violencias contra niñas, niños y adolescentes han ido en aumento en Chiapas y en San Cristóbal de Las Casas como consecuencia del empobrecimiento y desigualdad que se agudizaron con la pandemia, y también del crecimiento de las diversas economías criminales y grupos armados que cada día fortalecen su poder y control territorial en la región sureste del país, con la omisión y complicidad de diversas autoridades y del Estado mexicano en su conjunto”, aseguró Jennifer Haza Gutiérrez, directora de Melel Xojobal, dedicada a la defensa de la niñez y adolescencia indígenas en la ciudad.
De acuerdo con los realizadores, es necesario atender las detonantes de la violencia, como la desigualdad social, el racismo y la exclusión social, a través de la promoción de acceso a servicios básicos de salud, saneamiento, educación, empleo, así como urgieron impulsar acciones de atención y prevención de las autoridades responsables de garantizar una vida libre de violencia para las infancias.
AUTOR: REDACCIÓN.
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