Además de no entregar contratos de Pegasus, la Sedena también ha negado la existencia del Centro Militar de Inteligencia, el área encargada del espionaje durante este sexenio, pese a las evidencias que confirman su operación.
No ha entregado la información ni siquiera a la Fiscalía General de la República (FGR) que se la requirió como parte de la investigación judicial iniciada en 2017; e incluso está en desacato ante la resolución del INAI que le obligó a entregar información que fue solicitada vía transparencia desde abril de 2023.
La negativa de la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval ha pasado por encima del compromiso público que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho durante sus conferencias matutinas en las que instruyó la entrega. “No debe haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo”, dijo en octubre de 2022 a pregunta expresa.
La Sedena también ha negado la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), el área encargada del espionaje durante el actual sexenio, pese a las evidencias que confirman su operación, como la referencia que la propia dependencia hizo sobre él en su segundo informe de labores en 2020.
Otro intento por ocultar la información relacionada con Pegasus vino de la Consejería Jurídica de la Presidencia a través del recurso de revisión que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando “seguridad nacional”.
Se trata de las operaciones financieras relacionadas con los contratos de adquisición del software que la Secretaría de Hacienda debía entregar luego de una resolución del INAI. Sin embargo, la Corte ordenó a la dependencia entregar versiones públicas de dicha información.
El Ejército espía y oculta
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Citizen Lab, Artículo 19, R3D, Social TIC publicaron la investigación Gobierno Espía, que daba cuenta del espionaje cometido en contra de periodistas, activistas contra la corrupción y defensores de derechos humanos, utilizando el software Pegasus.
A partir de la investigación, las organizaciones interpusieron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República. Como parte de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la autoridad ministerial requirió a la Sedena información sobre contratos con diversas empresas de la red KBH, que comercializó Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto.
Aunque sí entregó un listado, en él no incluyó ningún contrato con Comercializadora Antsua o Air Cap, parte de la red de compañías autorizadas para vender el software de espionaje.
En tanto, la investigación periodística Ejército Espía publicó en octubre de 2022 que la Sedena contrató a Comercializadora Antsua S.A. de C.V. –empresa designada por NSO Group, dueña del software Pegasus, para representarla de manera exclusiva ante la SEDENA, para la realización del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, el 12 de abril del 2019, durante el gobierno de López Obrador.
Artículo 19 y R3D interpusieron una denuncia que derivó en la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-CDMX/00001291/2022 y en la que nuevamente la Fiscalía General de la República pidió a la Sedena la información sobre los contratos con Comercializadora Antsua S.A. de C.V.
Sin embargo, la Sedena también se negó a entregarla argumentando que “no se encontró evidencia documental sobre algún instrumento contractual con la empresa denominada “Comercializadora Antsua, S.A. de C.V.”.
La dependencia ha mantenido oculta esta información pese a que hay evidencia oficial en la que reconoció la existencia de los contratos. Una de ellas fue su respuesta a la Auditoría Superior de la Federación, que realizaba una revisión a las contrataciones de Tecnologías de la Información (TIC) de 2020. En dicha auditoría entregó “una nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito entre esta secretaría y Comercializadora Antsua, S. A. de C. V.”.
Aún así, la Secretaría de la Defensa aseguró que los contratos no existían en su respuesta a una solicitud de información interpuesta por la Red por los Derechos Digitales (R3D).
En enero de 2023, el INAI resolvió el recurso de revisión interpuesto por R3D y ordenó la entrega de los contratos en versión pública. La Sedena rectificó y dijo que sí localizó los documentos, pero no los podía entregar porque se trataba de información reservada. De hacerlo, dijo, podría generar afectaciones a la seguridad nacional dado que las contrataciones “se realizaron para la adquisición de equipo y servicios para la generación de inteligencia militar”.
Aunque las resoluciones del INAI son inatacables y el Instituto determinó que la Sedena incumplió, la dependencia está en desacato, pues hasta el momento no ha entregado la información.
R3D denunció el desacato ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena el 18 de mayo de 2023, pero tampoco han informado sobre algún avance de la denuncia.
La Sedena también desacató una segunda resolución del INAI de diciembre de 2023 por una segunda solicitud de los contratos hecha en julio de ese año.
El CMI existe, pero lo niegan
En la segunda entrega de la investigación Ejército Espía, el 7 de marzo de 2023, se dio a conocer la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI) y un documento elaborado por dicha área. La tarjeta informativa detallaba el espionaje al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, y que estaba dirigida al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
R3D nuevamente hizo solicitudes de información respecto al CMI, pero la Sedena dijo que no contaba con información sobre él. En el recurso de revisión RRA 11563/23, el INAI determinó “que existen elementos que permiten desprender que la inexistencia invocada por el sujeto obligado no puede ser validada”, por lo que de nuevo ordena la entrega de la información solicitada.
Para no entregarla, el 8 de noviembre de 2023, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, por medio del subjefe de inteligencia, emitió una resolución de existencia en la que afirma de manera categórica que “dentro de la Estructura Orgánica del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, no existe un Centro Militar de Inteligencia, ni se cuenta con documento o registro relativo a su preexistencia”.
Y aunque había un nuevo requerimiento de cumplimiento por parte del INAI, el subjefe de Inteligencia reiteró que “no existe ni existió área, departamento y oficina denominada Centro Militar de Inteligencia o con designación análoga”, el 1 de diciembre de 2023.
Sin embargo, existe evidencia que confirma la existencia del CMI, como el Segundo informe de labores de la Sedena, de septiembre de 2020, en cuyo apartado titulado “Relaciones Internacionales con Fuerzas Armadas de otras naciones” advierte que “el 24 de septiembre de 2019, el General Secretario de la Defensa Nacional, acompañado del Almirante Secretario de Marina, participaron en la Reunión de Alto Nivel con los Comandantes del Comando Norte y Sur de los E.U.A., en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.)”.
Además, entre los documentos filtrados por el grupo Guacamaya, se pudo localizar una presentación donde se dan detalles de la visita de los Comandantes del Comando Norte y Sur de EU al CMI, incluyendo la logística y los recorridos de los participantes.
En una diapositiva se muestra la “Secuencia de eventos en la visita al Centro Militar de Inteligencia” en la que se observa una foto de un edificio y con número se identifica la ubicación de la “Sala de Operaciones del CMI” y de la “Sala de Operaciones del COC” (Centro de Operaciones del Ciberespacio), así como un traslado a un lugar denominado “área de monitoreo”.
En una búsqueda en Google maps de esa dirección confirma la existencia del edificio y su ubicación dentro del Campo Militar No. 1 A.
Mientras que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) se da cuenta de “intervenciones de comunicaciones de la Sedena”, y de diversos documentos emitidos por el CMI.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa también identificó informes del CMI, pero al preguntar al respecto, la dependencia contestó que se referían al concepto “contenido mediático de información”. Aunque el GIEI no identificó ningún otro archivo clasificado así, sino referencias al Centro Militar de Inteligencia como una instancia.
El 15 de agosto de 2023, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos presentaron una demanda de amparo por la obstaculización de la cadena de mando de la inteligencia militar de cooperar con las investigaciones.
Dentro del juicio de amparo, la Sedena niega la existencia del CMI, pero reconoce que existió al decir que “éste Centro fue creado como un organismo circunstancial, pero a la fecha ha cesado sus funciones”. Y el 5 de septiembre de 2023, la dependencia reafirmó ante el juez de distrito en el que se tramita el juicio de amparo que el CMI no existe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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