Un juez federal negó amparar al Gobierno de la Ciudad de México contra el pago millonario que una empresa reclama por la venta de casi nueve mil chalecos antibalas; la administración de Martí Batres impugnó esa resolución.
El juez Décimo Primero de Distrito en materia Civil confirmó que el gobierno capitalino debe pagar dos millones 17 mil 128.75 dólares a la empresa A. P. American Protective, SA de CV, como cumplimiento de un contrato firmado en 1999 con Gertz Manero para la compra de ocho mil 995 chalecos antibalas.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Gobierno de la Ciudad de México contra los actos reclamados y las autoridades responsables que se precisan en el considerando segundo de esta sentencia, con base en las razones expuestas en el último considerando”, indica el resolutivo.
Sin embargo, el gobierno de Martí Batres ya impugnó la resolución mediante un recurso de revisión para que sea un tribunal Colegiado el que confirme o revoque la negativa del amparo y, por tanto, determine si debe o no pagar.
“Se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer, en contra de la sentencia dictada en este asunto. Distribúyase entre las partes –incluida la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional– copia de los escritos de agravios y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia certificada de la resolución que se impugna y demás constancias pertinentes.
“Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, para que una vez que se cumpla con lo ordenado en el párrafo anterior, remita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el escrito original por el que se interpuso el recurso de que se trata, así como las constancias que la autoridad responsable remitió con motivo del juicio en que se actúa”, indicó el juez de amparo.
El origen del amparo
Proceso informó (en su edición 2381) que, desde que incurrió en incumplimiento del contrato, el gobierno capitalino fue condenado a pagar la millonaria deuda que dejó Gertz Manero, pero esta orden ha sido impugnada en diferentes ocasiones bajo el argumento de que no cuenta con los recursos para liquidarla ni puede hacerlo en los términos del contrato de 1999.
Lo anterior ha generado que, desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la administración capitalina tenga que pagar más de 100 mil pesos en multas.
En julio de 2022 la todavía jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, perdió un amparo que tramitó contra la condena de pago que estableció que la administración capitalina debía ajustar las condiciones del pago a la realidad actual.
Es decir, pagar el monto conforme al tipo de cambio actual, para lo cual el gobierno de la ciudad recibiría la cantidad de chalecos correspondientes a los más de dos millones de dólares al precio actualizado, mismo que en este tiempo se multiplicó.
Además, debido a que banco Bital dejó de existir hace más de dos décadas, la carta de crédito debía ser expedida por HSBC, institución que absorbió la cartera del extinto Bital.
En agosto de 2022 Sheinbaum volvió a argumentar ante el juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México que estaba imposibilitada para cumplir con la condena, pero que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), entonces encabezada por Omar García Harfuch, que diera cumplimiento.
El secretario, a su vez, solicitó al Congreso de la Unión los recursos para pagar a la empresa, pero la Cámara de Diputados consideró inviable la petición, mientras que la Secretaría de Hacienda, que también fue requerida por la dependencia capitalina, indicó que los recursos deben salir del presupuesto que esta ejerza para el año 2023.
Con todo esto, el juez Cuadragésimo Civil consideró acreditado que el gobierno capitalino estaba imposibilitado para cumplir con la sentencia condenatoria.
Contra esta resolución, la empresa American Protective tramitó un recurso de apelación y, según lo informado por esta casa editorial el 20 de marzo de 2023, los magistrados de la Cuarta Sala Civil resolvieron que el gobierno capitalino y la SSC deberán usar sus presupuestos para pagar la deuda de más de dos millones de dólares.
“El trámite para la expedición de la carta de crédito materia de la condena correspondía al Gobierno de la Ciudad de México, pues ello se debía cubrir con cargo al presupuesto de la unidad ejecutora de gasto y no así financiamiento; asimismo, que en caso de no contar con suficiencia presupuestaria, debía realizarse un trámite interno presupuestal dentro del propio Gobierno de la Ciudad de México”, indicaron los magistrados.
Ello, luego de que la Secretaría de Administración y Finanzas y el Congreso capitalinos señalaron que no pueden generar una nueva deuda a partir del pago que se le reclama al gobierno de la CDMX porque esos recursos fueron liberados desde el año 2000 y desaparecieron, por lo que, al no tratarse de un endeudamiento nuevo, los diputados locales no pueden autorizar la entrega de ese dinero.
Contra esta resolución, la todavía jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum tramitó el amparo que ahora perdió, en el que el juez de Distrito indicó que en su demanda la quejosa no combatió eficazmente los razonamientos de la Sala Civil.
“Los pretendidos conceptos de violación deben calificarse como inoperantes, puesto que los mismos deben constituir auténticos argumentos lógico-jurídicos y estar dirigidos a controvertir de manera eficaz las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, lo cual no se actualiza en el caso concreto, de manera que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para abordar el estudio de fondo”, señaló el juez de amparo.
Ahora que la administración de Batres impugnó la sentencia de amparo, es posible que el Colegiado emita su acuerdo de admisión en los próximos días y prepare en las próximas semanas la resolución definitiva del asunto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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