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La petición original, promovida por el colectivo Voz con Dignidad y Justicia en México, argumentaba la omisión de las fiscalías estatal y general para emprender medidas efectivas, oportunas y congruentes con las normas internacionales para la búsqueda y localización de la víctima –cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad–, el esclarecimiento de su desaparición y la sanción de los responsables.
Sin embargo, a partir de las diversas denuncias que se han hecho públicas en torno al desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y uno de los órganos que esta había puesto en marcha en los últimos años para la identificación masiva de fragmentos humanos, el CNIH, estas preocupaciones también fueron incorporadas a la solicitud.
Denuncian desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana
En ella, se expusieron deficiencias como la falta de personal técnico certificado mediante normas internacionales, las limitaciones presupuestales, las instalaciones inapropiadas para trabajar, entre otras, que –argumentan el colectivo y sus abogados– obstaculizan la preservación, indexación, identificación y cotejo de material genético entre familiares de personas desaparecidas y los fragmentos hallados en fosas.
El Comité respondió favorablemente el 14 de febrero de este año, y determinó que se requieren acciones urgentes para establecer una estrategia integral y un plan de acción calendarizado de búsqueda inmediata de la víctima. Para ello, pide que las autoridades cuenten con todos los procedimientos, “incluso asegurando que el Centro Nacional de Identificación Humana tenga los medios necesarios para conservar y analizar los restos humanos y muestras genéticas”.
En principio, las acciones urgentes —solicitudes del CED para tomar medidas de manera inmediata— se ciñen al contexto específico de los hechos denunciados, explica Moisés Montiel, uno de los abogados participantes en la petición.
“Lo que buscan es preservar los derechos de la persona que acciona el mecanismo, para que no se frustre eventualmente la posibilidad de localizar a la persona desaparecida”, agrega.
Sin embargo, en este caso lo trascendente es que se incluyeron diversas preocupaciones en torno al estatus del Centro Nacional de Identificación Humana, dado que en su momento los familiares de la persona desaparecida acudieron a la fiscalía correspondiente a que les fuera tomada una muestra de ADN.
“Aprovechando que los familiares de la víctima sí habían en algún momento aportado muestras genéticas, con la esperanza eventual de que se las procesara y se las cotejara con los hallazgos de las fosas, incluimos en lenguaje muy descriptivo, fundamentalmente nos apoyamos en las notas periodísticas, para decirle al Comité ‘aquí hay un gran problema que nos frustra definitivamente el proceso de identificación’”, explica Montiel.
Centro Nacional de Identificación Humana opera hasta con agua y luz prestadas
Para Viridiana Baena, presidenta del colectivo Voz con Dignidad y Justicia México, señalar las omisiones y la falta de respuesta del Estado en la búsqueda de la víctima en torno a la cual se hizo la solicitud original les permitió, como agrupación, conseguir que el organismo internacional ahora le ordene al Estado mexicano la reactivación general del CNIH.
La buscadora recuerda que en un principio se reportó que el Centro empezaría a operar con 56 personas, mientras que tras la salida de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y su reemplazo por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, los colectivos y familiares tuvieron conocimiento de que se había quedado con dos personas trabajando, además de que recurría a agua y luz prestada de otros laboratorios.
“Empezaron a despedir a las personas que laboran ahí, y eso a nosotras como buscadoras, como defensoras de derechos humanos, nos dice que es una acción conjunta para dejar de buscar… Que despidan a las personas de CNB aunado a la desactivación del CNIH, nos dice que las cosas no van bien en materia de desaparición. Por eso es que como asociación decidimos ayudar y no quedarnos callados ante esta violación tan grande”, cuenta Baena.
Montiel puntualiza que esa fue una manera de reaccionar a todas las notas periodísticas y reportes que se empezaban a ver, así como a comentarios y relatos de otras buscadoras y víctimas indirectas, en torno a que el centro nacional permanece paralizado. El abogado recuerda que en su momento, el propio Comité de la ONU había reconocido como una virtud la puesta en marcha de ese órgano.
“Todavía no estaba seca la tinta de la felicitación, y ya el centro estaba dejando de funcionar”, agrega. “Aquí lo interesante es que el Comité, un poco separándose de su propia práctica –que las acciones urgentes van exclusiva y excluyentemente con respecto a la persona desaparecida–, para nuestra grata sorpresa habrá encontrado procedente ordenarle a México reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana”.
El abogado además recordó que México es el único país donde las acciones urgentes –de acuerdo con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado. Por lo tanto, los autores de la solicitud se encuentran a la expectativa de que, lo más pronto posible, le dé el cumplimiento que está obligado a dar.
Qué es el Centro Nacional de Identificación Humana
De acuerdo con el decreto que le dio vida, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2022, el CNIH, ubicado en Xochitepec, Morelos, debe ser una unidad administrativa, con independencia técnico-científica, para resguardar información tendiente a la identificación humana, que, una vez procesada, debe ser remitida a autoridades competentes y dada a conocer a las familias interesadas.
En agosto de ese mismo año, Animal Político documentó la lenta puesta en marcha del Centro, que apenas empezaba a adecuarse y para el que se evaluaban –según la entonces comisionada– más de 8 mil perfiles para contratar a varias decenas de personas para septiembre de 2022. Aunque en aquel año no se le dotó de recursos específicos, para 2023 se planteó un crecimiento considerablemente en el presupuesto global de la CNB.
Sin embargo, en 2024 –ya con Karla Quintana fuera de la CNB–, el paulatino crecimiento de los recursos destinados a una de las mayores crisis del país se detuvo. Más tarde, se conoció que hasta el 31 de enero de este año, de acuerdo con el recuento de los mismos exempleados, más de 100 personas servidoras públicas de la dependencia habían sido despedidas, presionadas para renunciar o rechazadas para renovación de contrato, 40 de ellas asignadas al CNIH.
“No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el Estado mexicano se tome en serio la desaparición forzada, a las familias, y para que las familias dejen de vivir en este sufrimiento, en esta tortura constante, no solo porque no encuentran a su familia, sino porque ven que nadie está haciendo nada por encontrarlos. No nos vamos a cansar, vamos a estar de pie hasta encontrarlos”, advierte Baena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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