Con la reforma que plantea AMLO, la política de atención y protección a las infancias pasaría al DIF, una dependencia de corte asistencialista, lo que resulta regresivo, advierten especialistas.
Como parte de las propuestas que anunció López Obrador el 5 de febrero, el “proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica” contempla la fusión, integración o extinción de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado; entre ellas, el SIPINNA.
Hoy conformado como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el sistema tiene su origen y sustento legal en la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes promulgada en 2014. Ahora, el Gobierno de México propone convertirlo en una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Sin embargo, el 30 de abril de 2018, como parte de su campaña a la presidencia, López Obrador firmó con organizaciones que promueven los derechos de las infancias –agrupadas en el movimiento #MXporlaNiñez– un documento donde, por el contrario, se comprometía a fortalecer institucionalmente al SIPINNA y a invertir más en esa población, entre otras acciones.
Aunado a ello, alrededor de un 30% de las más de 300 recomendaciones que se han hecho a México por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU se relacionan con las atribuciones que tiene el sistema, lo que significa –señala Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia– que el llamado internacional es a fortalecerlo, dado que además se trata de un mecanismo de coordinación, no de una institución.
El activista añade que la integración del SIPINNA –emanado de un enfoque de derechos humanos– como órgano administrativo al DIF –una dependencia de corte asistencialista– es regresiva en garantía de derechos dado que anula la política de Estado de atención universal, lo vuelve dependiente de la Secretaría de Salud, a la que está adscrito el DIF, y viola el principio constitucional que prioriza el interés superior de la niñez.
En su capítulo tercero, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el SIPINNA se crea para asegurar la protección de las infancias y adolescencias como una instancia encargada de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a sus derechos. Se integra por representantes de diferentes autoridades y dependencias, y debe ser presidido –por ley– por la persona titular del ejecutivo federal o, en su caso, la de la Secretaría de Gobernación.
Actualmente, un representante del DIF es solo un integrante más del SIPINNA. A esto, agrega Pérez García, se suma que es una instancia que atiende a las niñas y niños cuando ya han sido víctimas, y no cuenta con la cobertura ni la capacidad de atender a los 38 millones que hay en el país. “Es reducir una política de Estado para mandarla al archivero de un sótano que no va a servir para nada”, asegura.
Además –recuerda–, la ley de 2014 que crea el SIPINNA es el avance más importante que México ha tenido en política de Estado, incluso con el reconocimiento del Comité de los Derechos del Niño. Por lo mismo, en Ginebra, Suiza, ya se realizó una sesión previa en la que organizaciones llevaron a la ONU información sobre la situación que atraviesa México con este como uno de los temas centrales. En el Examen Periódico Universal, diversas recomendaciones de otros países también llamaron a fortalecer el sistema.
“Por eso podemos hablar de una visión perversa y de traición a su compromiso y a la infancia, porque el Presidente no es ingenuo: sabe lo que está definiendo y lo que esto representa para el propio Estado mexicano”, añade Pérez García.
El SIPINNA no solo planteaba una atención universal –para la que no tiene competencia el DIF, que solo tiene la atribución de asistencia–, sino que en estos años avanzó en articular esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal en temas como prevención de embarazo, prohibición de matrimonio infantil, atención a adolescentes en conflicto con la ley, actualizaciones a marcos normativos y la estrategia de primera infancia.
“Todo esto son políticas de Estado que se van implementando y que tienen avances variopintos: hay estados que tienen más avance, hay otros que ni siquiera han arrancado, pero la ventaja que tenemos es que ahora hay un marco normativo, hay institucionalidad y hay un mecanismo que permite observar dónde están las fallas y dónde tenemos que mejorar. Mandar al SIPINNA al DIF es enterrarlo en un sótano de la asistencia que ya no va a operar, como ha estado operando con mucha dificultad desde que hay este ataque directo a la institucionalidad del Estado”, insiste el activista.
El sentido de que el sistema dependa de la Secretaría de Gobernación es que esta tiene el papel de la gobernabilidad democrática, y es la instancia que cuenta con el punto de acuerdo y de diálogo para coordinar a otras. “Si no se hace en ese lugar, no es política de Estado”, dice Pérez García. Aunado a esto, por ley el SIPINNA tiene que sesionar dos veces al año, lo que no ha ocurrido en este sexenio.
Otras asociaciones que atienden a las infancias, como Save the Children, ya habían expresado por anticipado su preocupación ante esta reforma. La organización consideró que llevar el tema de los derechos de infancias y adolescencias a una institución asistencial como el DIF, que no tiene facultades para coordinar al Estado mexicano, es desdibujar definitivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para Save the Children, la propuesta –que ya tenía como antecedente un decreto presidencial publicado en abril– implica una acción de regresividad en el proceso de saldar la deuda histórica que tiene el Estado con infancias y adolescencias. Al mismo tiempo, consideró, representa uno de los más graves retrocesos en materia de garantía de derechos de las infancias.
“Resulta preocupante que la reciente iniciativa propone que la Secretaría Ejecutiva sea absorbida por una institución de carácter asistencial como el DIF, misma que no cuenta con las capacidades estructurales, operativas y técnicas para coordinar la gran política de Estado en materia de niñez. El DIF no tiene facultades para coordinar a otras secretarías, mientras que el SIPINNA se centra en proteger los derechos de la niñez mediante la creación de políticas públicas y la armonización de las leyes a nivel nacional, y se ubica en un órgano de gobernanza como la Secretaría de Gobernación”, concluyó la asociación.
Según la propuesta del presidente, la separación entre el SIPINNA y el DIF no tiene ningún sentido de planeación, ejecución o evaluación de las políticas dirigidas a la niñez. “La duplicidad de sistemas no se justifica –sino sólo para la coordinación de distintas autoridades–, pues se desdoblan funciones de manera incoherente, ya que ambos realizan planeación de políticas y coordinación de autoridades locales y federales en la misma materia. Sin embargo, solo el DIF las aplica de manera directa”, dice la iniciativa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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