Como informé en este espacio, el Cartel de Sinaloa a través de Arturo Beltrán Leyva asociado de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo” e Ismael Zambada García alias "El Mayo”, hizo llegar a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares para obtener a cambio protección, en caso de ser electo presidente, y de tener influencia en el nombramiento de quien sería el Procurador General de la República (PGR).
El reto para el Departamento de Justicia no era solo superar todos los obstáculos políticos que significaba hacer una investigación de esa naturaleza sino encontrar testigos que corroboraran la información que les había proporcionado un miembro del clan de los Beltrán Leyva, Roberto López Nájera, quien se acercó al gobierno de Estados Unidos para obtener protección a cambio de proporcionar información sobre diversos miembros y cómplices del Cartel de Sinaloa. Una de las muchas informaciones que proporcionó fue lo relativo a la campaña presidencial de AMLO.
Un momento crucial en esa investigación fue el arresto por parte de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de uno de los principales partícipes de la triangulación de dinero de la organización criminal a la campaña: Mauricio Soto Caballero, quien fue miembro del equipo de campaña de AMLO en 2006, 2012 y 2018, y actualmente es integrante del Congreso Nacional del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional.
Jugada maestra
Desde la época en que se efectuó el financiamiento del Cartel de Sinaloa al 2010, Roberto López Nájera mantuvo comunicación con Soto Caballero, éste no sospechaba que López Nájera estaba colaborando con Estados Unidos y con la PGR.
Por instrucción del Departamento de Justicia, López Nájera hizo una reunión con Soto Caballero en San Diego, California en 2010. El informante dijo que seguía trabajando en el mundo del narcotráfico y Soto Caballero dijo estar interesado en entrar en ese circuito criminal.
De esa reunión se realizaron reportes oficiales que forman parte del expediente abierto, sellado.
Meses después se tuvo conocimiento de que Soto Caballero, quien seguía en contacto estrecho con Nicolás Mollinedo -otro de los partícipes en la triangulación del dinero ilícito a la campaña- viajaría a Miami, Florida. López Nájera acordó una cita con él y fue acompañado de un agente encubierto.
En el encuentro el colaborador de campañas de AMLO volvió a manifestar su interés en involucrarse en el tráfico de drogas. Todo estaba siendo registrado en audio y video sin que Soto Caballero lo supiera. El plan del gobierno de Estados Unidos era que cometiera un ilícito para entonces arrestarlo y convencerlo de colaborar en la investigación del financiamiento de la campaña.
No fue difícil lograrlo. En una tercera reunión ocurrida en McAllen, Texas, ya sin la presencia de López Nájera, el agente encubierto que estuvo en Miami y uno nuevo tuvieron reunión con Soto Caballero.
Ahí, simulando ser narcotraficantes, le dijeron que había llegado su oportunidad, tenían 10 kilos de cocaína para que él la vendiera, como era su deseo. Soto Caballero dijo que aún no estaba listo, y le pidieron que entonces los ayudara a guardar la droga lo cual aceptó: fue a un estacionamiento y tomó las llaves del vehículo donde estaba la cocaína. Había mordido el anzuelo.
Confesó todo
Horas después agentes de las fuerzas del orden tocaron a la puerta de su habitación en el hotel donde se hospedaba y le dijeron que estaba arrestado. La acusación era por conspirar en el tráfico de droga. Un delito muy grave en Estados Unidos.
Le hicieron una oferta que no podía rechazar: o lo presentaban ante un juez en Texas y quedaría detenido en una prisión, o aceptar se llevado a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, contar con la asistencia de su abogado y firmar un acuerdo de culpabilidad y colaboración.
Así, en otoño de 2010 quien fuera pieza fundamental en la canalización de dinero del Cartel de Sinaloa a la campaña de AMLO se declaró culpable y aceptó colaborar con la Fiscalía en la investigación sobre lo ocurrido en el 2006.
Ahí confesó todo. Reconoció que sí había ocurrido la primera reunión en Nayarit -narrada en la primera parte de esta historia- que había estado Edgar Valdez Villarreal alias "La Barbie” como enviado de Arturo Beltrán Leyva, su suegro Carlos Montemayor, López Nájera, el empresario Francisco León y el empresario Emilio Dipp entre otros. Y dijo que ahí se acordó la millonaria aportación a la campaña de AMLO.
También admitió -y de eso hay reportes escritos que están bajo sello en la Fiscalía- que él mismo recibió el dinero enviado por el Cartel de Sinaloa y que le entregó el dinero a Mollinedo, el hombre de mayor confianza de AMLO. Dijo que muchas de las entregas se hicieron en las oficinas de Aristóteles 131 en Polanco donde él despachaba. La confesión de Soto Caballero fue voluntaria y aceptó ayudar para tenderle una trampa a Mollinedo.
Infiltrado
En Las Vegas, Nevada, agentes del orden llegaron de improviso al hotel donde se hospedaba Emilio Dipp, otro de los testigos presenciales de los hechos. Asustado, aceptó contar lo que sabía y corroboró que hubo el acuerdo entre el Cartel de Sinaloa para financiar a AMLO en su aspiración presidencial.
Soto Caballero fue puesto en libertad temporal para que pudiera fungir como infiltrado. En 2011 lo mandaron a reunirse con Mollinedo en las oficinas que AMLO tenía en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Mollinedo no sospechaba que su amigo estuviera trabajando como informante del gobierno de Estados Unidos.
Con una grabadora oculta, Soto Caballero registró la conversación con Mollinedo. Estaba preocupado de que algunas personas detenidas por la PGR en el marco de la Operación Limpieza pudieran hablar de la relación entre ellos y el Cartel de Sinaloa. El chofer y operador de AMLO dijo que ya había hablado con la esposa de uno de ellos y que no había de qué preocuparse.
Aunque era una admisión de los vínculos, para judicializar se requería obtener una confesión de Mollinedo más explícita.
El dilema
De acuerdo a la información que he recabado, la Fiscalía y la DEA estaban ante un dilema. Aún faltaba tiempo para llevar a buen término la indagatoria y estaba por prescribir el delito que podría llegar a atribuirse en caso de concluir exitosamente la indagatoria. Por otro lado AMLO era el líder de oposición más importante en México. Se acercaba la elección presidencial de 2012.
El Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC por sus siglas en inglés) que había sido quien autorizó el inicio de la investigación, evaluó la pertinencia de continuar o no las pesquisas. AMLO anunció en noviembre de 2011 que sería de nuevo candidato a la presidencia para las elecciones del 2012. Ese fue un elemento sustancial para cerrar la investigación para evitar así que se acusara al gobierno de Estados Unidos de intervenir en los comicios. No es que no hubiera un caso o que las pruebas no fueran sólidas o creíbles para continuarlo, más bien pesaron más los criterios políticos.
Tras su colaboración con el Departamento de Justicia, Soto Caballero fue sentenciado en la Corte de Distrito Sur en Nueva York a un periodo probatorio (probation en inglés), un tipo de sanción para quien ha cometido un crimen. En vez de ingresarlo a prisión queda libre, pero si vuelve a cometer un delito en Estados Unidos irá a prisión.
AMLO perdió la elección presidencial en 2012 ante Enrique Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional. En esa campaña también colaboró Soto Caballero. Fue hasta 2018 que López Obrador logró ganar la presidencia. De nuevo, el responsable confeso del financiamiento ilícito, participó como operador en esa campaña.
Revivir el caso
AMLO negó este miércoles el financiamiento del Cartel de Sinaloa a su campaña y dijo que todo era falso, una calumnia. Acusó que era una operación del gobierno de Estados Unidos para incidir en las elecciones.
Después de la publicación de esta columna la noche del martes publicaron versiones coincidentes los prestigiados medios de comunicación ProPublica e Insightcrime.
Lo que yo puedo afirmar es que no hay ninguna intencionalidad electoral en los repostajes de investigación incómodos al poder que he escrito en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual. Llevó más de dos años señalando en esta columna los múltiples casos de gobernantes o funcionarios públicos relacionados con el partido Morena que tienen vínculos con el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales. No es una temática que aborde ahora porque son tiempos electorales. No hay duda de que la sociedad tiene derecho a conocer estos casos, incluyendo el del financiamiento a la campaña de AMLO en 2006.
Soto Caballero, actual miembro del congreso nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, un órgano clave donde se toman decisiones trascendentales en el partido de López Obrador, confesó que el financiamiento existió y que él fue parte de dicha operación.
Propongo desde este espacio que AMLO lleve a Soto Caballero a la conferencia matutina e informe a la sociedad mexicana que hubo ese financiamiento del Cartel de Sinaloa como él mismo lo admitió ante la Fiscalía de Nueva York.
Por cierto, en el año 2020 cuando el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y de complicidad con una célula de los Beltrán Leyva, en la Corte del Distrito Este de NY donde se llevaba ese caso y el del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se llegó a plantear si podría abrirse una investigación sobre el financiamiento a la campaña de AMLO en 2006. Para ello tendrían que contar con nuevos elementos o criterios.
Cuando de nueva cuenta pesaron más las repercusiones políticas que la justicia, y por presión de López Obrador, se liberó a Cienfuegos, volviéndose a cerrar la posibilidad de llegar al fondo en el caso Cartel de Sinaloa- campaña AMLO.
Personalmente yo como periodista pude hablar con dos testigos directos de los acuerdos del financiamiento y de la entrega efectiva del dinero del cartel de Sinaloa a la campaña. Hablé con un miembro del equipo de AMLO y uno del Cartel de Sinaloa.
FUENTE: DW
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
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