“El pasado 31 de enero del presente año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo que declaró la inconstitucionalidad del orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, por transgredir los principios de competencia y libre concurrencia”, recordó la SCJN.
“[…] pronunciamiento que no sólo significó conceder el amparo a las quejosas, sino que también generó una consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista”, señaló el máximo tribunal constitucional, a través de una breve tarjeta informativa.
“Además, una de las implicaciones de esa decisión impactó de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del T- MEC, contra México por la política del Gobierno en el sector”, enfatizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Es decir, la inconstitucionalidad declarada dejó sin materias las consultas que, en el Panel de Energía, formularon esos países en julio de 2022; lo que se traduce en que se evitó para México, una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético”, indicó la SCJN.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, desde el 7 de octubre de 2022, declaró, el 27 de febrero de 2024, durante una conferencia de prensa, que la SCJN “recientemente derogó” la reforma energética, lo que había dejado sin efecto la controversia con Estados Unidos y Canadá, en torno a dicho tema.
“En octubre [de 2023] acordamos que íbamos a hacer un memorándum de entendimiento para bajar la consulta. Se elaboró un borrador y desde octubre lo tienen ellos; no hemos recibido comentarios ni nos han dado reunión para darle seguimiento. Esperamos que no sea otra de las cosas que brinque después, por las elecciones. Nosotros ya dimos por concluido ese tema”, mencionó la funcionaria federal.
Además, Buenrostro Sánchez precisó que las acusaciones de una supuesta triangulación para la comercialización de acero, por parte de México hacia Estados Unidos, obedecían solamente a una presión política en víspera de las elecciones presidenciales en ambos países.
“Es una presión de los congresistas [estadounidenses[]por el proceso electoral y, en la medida que se acerque noviembre, las presiones aumentarán”, advirtió la funcionaria federal, en conferencia de prensa.
Buenrostro Sánchez aseveró que ni a México ni a Estados Unidos “les conviene imponer aranceles para superar este tema”, e incluso calculó que la imposición de dicha medida solo duraría escasos meses.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de Economía de México sostuvo que de aplicarse algún arancel sobre productos de acero y aluminio de origen mexicano, el Gobierno tendría la facultad de responder con la misma medida, afectando la industrias en ambos lados de la frontera compartida.
“Jurídicamente también nos corresponde poner aranceles para ellos en ciertos productos para que tengan el mismo impacto, por eso les digo que no nos conviene, porque ante una aplicación así nos corresponde actuar en reciprocidad”, explicó la funcionaria federal.
Desde el 6 de febrero de 2024, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) acusó una falta de transparencia por parte de México, para la comercialización de acero desde terceros países y previó que podría decretar aranceles a ciertos productos.
No obstante, Buenrostro Sánchez afirmó que esto era falso, ya que para la importación de productos siderúrgicos se requerían datos sobre su país de fundido o colado, por parte de las autoridades. Además, consideró que los perjuicios por medidas arancelarias afectarían a un mayor número de empresas estadounidenses, cuya participación en México era del 14 por ciento del total.
La titular de la Secretaría de Economía Federal también precisó, las empresas mexicanas sólo participaban en un 2.5 por ciento de la cuota de mercado en la industrias acerera y de aluminio en Estados Unidos.
La funcionaria federal recordó que, según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), durante 2023, EE.UU. tuvo una balanza comercial superavitaria con respecto a México, por 3 mil millones de dólares, siendo que las exportaciones mexicanas disminuyeron 28 por ciento y los flujos provenientes de Estados Unidos ascendieron un 10 por ciento.
Buenrostro Sánchez también compartió que, junto a la USTR, se implementaban medidas para contrarrestar dicha inquietud, como era el homologar las fracciones arancelarias de estos productos, además de incrementar los aranceles para la entrada de productos asiáticos.
Así como incorporar los certificados de molino, que contenían la información del país de origen donde había sido fundido y colado el acero, además de ubicar la información de comercio exterior de productos de acero y aluminio, a través del Sistema de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI).
A pesar de los dichos de la funcionaria federal y de la SCJN, tras la resolución del 31 de enero de 2024, de la Segunda Sala de la SCJN, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó, el 27 de febrero de 2024, ante la Secretaría General en San Lázaro, la solicitud para un juicio político en contra del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien ante el empate en la votación, emitió un sufragio ponderado.
“En defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán, hoy presenté, en nombre de diputados de #Morena, solicitud de Juicio Político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional”, anunció Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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