El INAI le había ordenado entregar copia del escrito que presentó ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) sobre la denuncia contra la minera, pero el gobierno se negó a hacerlo.
Durante la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte confirmó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitida el 30 de noviembre de 2022 en la que ordenó la entrega de dicho escrito.
La información fue requerida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y se refiere a la denuncia presentada por el gobierno mexicano contra la empresa Calizas Industriales del Carmen, S. A. de C. V. (Calica), subsidiaria de la minera estadunidense Vulcan Materials Company, por el desastre natural ocasionado en la selva de Playa del Carmen.
El gobierno federal rechazó entregar la información y una vez que el INAI le ordenó entregar la copia del escrito que presentó ante la ONU para acreditar el daño ambiental que denunció, argumentó razones de seguridad nacional y llevó el caso a la Corte.
Este jueves, el Máximo Tribunal indicó que el INAI no podía analizar si la información violaba la seguridad nacional porque la Semarnat nunca probó ni argumentó la actualización de dicha causal.
“El INAI no puede determinar motu proprio la actualización de causales de reserva no argumentadas por los sujetos obligados, ya que esto sería contrario a las reglas constitucionales y convencionales en materia de acceso a la información, especialmente, a lo establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el Máximo Tribunal.
La planta de Calica está ubicada en la carretera federal Chetumal-Cancún en Solidaridad, Quintana Roo.
Allí se muele y tritura la piedra caliza para producir agregados de construcción para obras y edificaciones de concreto.
Durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo la empresa consiguió contratos para operar en la zona sin la realización previa de un estudio ambiental.
El gobierno federal acusó que la actividad de Calica ha ocasionado la devastación de cerca de dos mil 400 hectáreas de la selva, ríos, subterráneos, cenotes, manglares y ha afectado el hábitat de animales en peligro de extinción.
Pero en 2019 la empresa presentó una demanda internacional de arbitraje contra México por mil 500 millones de dólares al acusarlo de violar disposiciones del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Por ello, el gobierno federal inició diálogos con la empresa para frenar sus actividades y, de paso, recuperar uno de los predios ocupados para construir una estación del Tren Maya.
En abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que llegó a un acuerdo con Vulcan Materials para la donación de un predio de 2 mil 451 hectáreas en Plaza del Carmen, así como el desarrollo de un parque y una zona de reserva natural.
El gobierno, a cambio, permitiría a la compañía exportar, gradualmente, material pétreo extraído en el lugar y ampliar su terminal marítima.
Aunque la empresa debía frenar sus actividades, en mayo de 2022 el presidente anunció el inicio de una batalla legal internacional contra la empresa porque se dio cuenta de que, contrario a lo acordado, la minera continuaba extrayendo materiales y exportándolos a Estados Unidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario