Fonatur, la instancia encargada del la infraestructura cometió irregularidades como realizar pagos en exceso a los contratistas y en algunos tramos no se acreditó el cumplimiento de las medidas de vigilancia ambiental ni de mitigación de daños ecológicos ocasionados por las obras del Tren.
En varios casos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la instancia federal encargada de este megaproyecto de infraestructura, cometió irregularidades como realizar pagos en exceso a los contratistas y en algunos tramos no se acreditó el cumplimiento de las medidas de vigilancia ambiental ni de mitigación de daños ecológicos ocasionados por las obras del Tren.
En esta nueva revisión de la Cuenta Pública, la ASF hizo hasta 12 informes centrados exclusivamente en las obras del proyecto ferrocarrilero. En uno de esos informes, relativo a inversiones físicas, la Auditoría señaló que hay 256 millones de pesos que continúan pendientes de aclarar.
Las irregularidades en el Tren Maya
Entre las irregularidades, el órganos fiscalizador señaló que Fonatur Tren Maya SA de CV compró un predio de 259 mil 157 metros cuadrados por un derecho de vía que no será utilizado para el paso del ferrocarril, de acuerdo con lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental para el tramo 6.
En otro informe de cumplimiento a inversiones físicas, la ASF determinó otros 57 millones 568 mil pesos por aclarar, y observó que hubo una “deficiente planeación de los trabajos a ejecutar” por parte de Fonatur.
“La entidad fiscalizada no contempló en la licitación del contrato la construcción de las estaciones Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, los viaductos Tenosique, Candelaria y Escárcega, la zona arqueológica y los Centros de Atención al Visitante, no obstante que las estaciones, puentes y viaductos sí se consideraron en el Análisis del Costo-Beneficio del proyecto”, refirió la ASF.
Asimismo, Fonatur habría realizado “pagos indebidos” por casi 3 millones y medio a una empresa de supervisión de obras, “por la falta de acreditación del personal participante” en esa supervisión, y pagos en exceso en el suministro de acero que generaron intereses financieros por 54 millones 105 mil pesos.
En otro informe, en el que se reportaron otros 28 millones 834 mil pesos pendientes de aclarar en el Tramo 2 que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche, la ASF detectó pagos en exceso a contratistas y trabajos que no cumplieron con lo indicado en diferentes normativas de obras de drenaje, paso de fauna y puentes. Asimismo, refirió que hubo falta de verificación y de supervisión en la construcción de estaciones, paraderos, centros de atención, y en las obras de los programas de mejoramiento de zonas arqueológicas.
En el tramo 4, el que va de Izamal a Cancún, entre Yucatán y Quintana Roo, la Auditoría señaló que Fonatur aún tiene que aclarar el gasto de 352 millones de pesos pues se detectaron pagos en exceso, así como “pagos indebidos” por deficiencias de calidad en el pavimento de una autopista: “con las pruebas del Índice de Perfil se consideran tramos inaceptables y no se aplicaron las sanciones correspondientes”.
Tren Maya no cuenta con vigilancia ambiental
En otro informe sobre el Tramo 6, que va de Tulum a Chetumal, en Quintana Roo, el órgano fiscalizador refirió que “no se acreditó el Programa de Vigilancia Ambiental en el que se señalan las acciones que se habrían de realizar (…), así como la documentación mediante la cual se llevaron a cabo las medidas de mitigación (…)”.
Además, la ASF refirió que las obras en el Tramo 6 no contaron con un manejo, control ni registro del arbolado recuperado y donado, ni fueron supervisadas por un ingeniero forestal.
Mientras que en el tramo 7, el que va de Chetumal a Escárcega, en los estados de Quintana Roo y Campeche, de nuevo la ASF señaló que “no se acreditó que se hubieran realizado las medidas de mitigación (ambiental)” de las obras del Tren.
Esta no es la primera vez que la Auditoría hace este tipo de señalamientos sobre el impacto ambiental del Tren Maya. En febrero de 2022 advirtió que el proyecto no tenía identificados cuáles serán los impactos ambientales que generará la construcción de más de 600 kilómetros de vías en los tres primeros tramos, ni cuáles serán las medidas de prevención, mitigación y recuperación ecológica, ni tampoco cuánto invertirá para restablecer las zonas afectadas.
Además, la Auditoría señaló en aquel entonces que en los tramos 2 y 3 del proyecto, las obras arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que detallara tanto los daños ecológicos previstos con la construcción, como las medidas de mitigación y restauración.
Cabe recordar que el tema del impacto ambiental del Tren Maya es uno de los que más polémica y críticas han suscitado entre ambientalistas, activistas y ciudadanía, a pesar de que el propio presidente López Obrador ha insistido en reiteradas ocasiones que el proyecto no está generando un impacto considerable, y que, incluso, llegó a prometer que no se talaría “ni un árbol” con estas obras.
Sin embargo, solo en el trayecto de Playa del Carmen, en Quintana Roo, las autoridades terminaron reconociendo que 3 millones 444 mil árboles han sido talados o removidos. Incluso, organizaciones ambientalistas advirtieron en marzo de 2022 que las obras provocarían la pérdida de más de 8 millones 763 mil árboles, palmas y arbustos en 120 kilómetros de selva. Y esto, sin contar con que múltiples ambientalistas han denunciado en reiteradas ocasiones que el paso del Tren Maya afectará al sistema de cuevas, cenotes y canales subterráneos de la península de Yucatán, el cual representa una gran fuente de abastecimiento de agua dulce para la ciudadanía que vive en Quintana Roo.
Sobrecostos millonarios
Por otra parte, la Auditoría también advirtió en un febrero de 2022 que solo durante los dos primeros años de las obras, el monto de inversión del Tren había aumentado 38 mil millones de pesos: de los 141 mil millones que en 2019 se esperaba gastar en esta obra, se pasó en 2021 a una inversión estimada de casi 180 mil millones de pesos. Esto representa un incremento del 27%.
Ahora, cuando quedan meses para terminar el sexenio, se calcula que el costo de la megaobra se puede disparar hasta los 500 mil millones de pesos. Esto, a pesar de que también la ASF advirtió en otro informe que el costo máximo para que la inversión deje de ser rentable económicamente es de 308 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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