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El informe resume que el Tren Maya y el Corredor Transístmico “forman parte de un megaproyecto regional que busca culminar la intención que han tenido distintos gobiernos en el pasado por explotar los bienes naturales, la biodiversidad, así como las condiciones geográficas y climáticas del sur sureste de México”, cuyos fines “continúan colocando al centro la reproducción del capital” y la ganancia de las grandes empresas a partir de la explotación de la naturaleza “por encima de los derechos de las comunidades y del medio ambiente”.
Por su carácter prioritario, explica el documento, el gobierno federal otorgó a las fuerzas armadas no sólo la construcción de ambos megaproyectos, sino también su administración y gestión, lo que implica control de empresas de propiedad estatal, coordinación y administración de los proyectos, poder sobre el otorgamiento de contratos con empresas de propiedad privada, así como la gestión de los territorios.
“Este papel de las fuerzas armadas genera incertidumbre al ser considerados proyectos prioritarios, de interés público y seguridad nacional”, pues representa un riesgo de abuso a los derechos humanos como la transparencia, la rendición de cuentas y la criminalización de los defensores en su ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y la protesta social, pues, recuerda el informe, tanto el Tren Maya como el Corredor Tranístmico “fueron impuestos” como la única forma para que las comunidades indígenas y locales “puedan acceder a los bienes y servicios básicos y así evitar su ‘rezago’, pero las excluyó de la posibilidad de aportar ideas de proyectos que las vean como actores relevantes y no sólo como espectadores”.
Uno de los puntos que destaca el documento son las empresas europeas y mexicanas beneficiaras de los proyectos de infraestructura, especialmente alrededor del megaproyecto del Tren Maya. Entre ellas, figuran los nombres de Alstom Transport México y Bombardier Transportation México; la empresa alemana DB Engineering and Consulting GmbH; la empresa SGS de México con un contrato por 138,952,719 pesos; y la Operadora CICSA y FCC Construcción, con un monto de 15,994,602,016.24 pesos.
“La participación de las empresas es fundamental para que el actual gobierno concrete sus proyectos, incluidos el TM, el CIIT, aeropuertos, gasoductos y la refinería de Dos Bocas, entre otros. El papel que juega el ejército y la Marina Armada de México como administradores de esta infraestructura permite prever algunos riesgos que atentan contra los derechos humanos”. Sin embargo, añade el informe, el paradigma de la seguridad nacional sobre un proyecto de infraestructura que genera impactos negativos a distintos niveles “responde más a una intención por anticipar las condiciones para suprimir cualquier muestra de rechazo”.
Frente al control que ejercen las fuerzas armadas en los proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, PODER recordó que la seguridad nacional “no puede ser utilizada como un mecanismo para suprimir los derechos de las personas”, por lo que concluyó que la transparencia y rendición de cuentas del ejército y la Marina “debería aumentar porque continuar reservando información por cuestiones de seguridad nacional y manteniéndola oculta del escrutinio público genera las condiciones ideales para que los riesgos de corrupción, captura corporativa del Estado y abuso de los derechos humanos aumenten”.
DESCARGA EL INFORME COMPLETO https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2024/02/Militares_SAdeCV.pdf
AUTOR: REDACCIÓN.
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