Este viernes 8 de marzo, colectivas de diversos frentes y agendas, se dieron cita en las instalaciones del Poder Legislativo para apoyar dos planteamientos trascendentes relacionados con la agenda de género, donde se pretende implementar una serie de restricciones administrativas a personas que sean identificadas como deudores alimenticios, pero también para apoyar económicamente a familiares de personas víctimas de feminicidio, lo que representaría un reconocimiento del Estado en torno a la protección gubernamental a la mujer.
Durante la sesión, las dos iniciativas presentadas por la diputada morenista Michel Sánchez Allende, fueron avaladas por la mayoría de los diputados, salvo por abstenciones como la diputada Alejandrina Corral, quien se inconformó con el concepto de “personas gestantes” al afirmar que solo se trata de un beneficio para las mujeres.
La Ley Sabina, es el término simplificado la reestructuración del Marco jurídico en el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley que regula los servicios de control vehicular, con la que se impide que deudores alimenticios acceder a cargos públicos y de elección popular, pero también a una serie de trámites, como la renovación de la licencia de conducir, entre otros mecanismos.
Para ello se constituirá un registro de deudores alimenticios donde ingresarán las personas cuando incumplan por más de 90 días con la pensión alimenticia.
Respecto al segundo proyecto pretende generar un fideicomiso con reglas de operación emitidas por el Poder Ejecutivo, con el que las víctimas directas de un feminicidio puedan acceder a apoyos económicos a causa de la pérdida de la vida.
Este planteamiento pretende ser un reconocimiento a la deuda histórica del Estado a las mujeres de la entidad.
El fideicomiso inicia con 10 millones de pesos y pretende cubrir necesidades básicas de familiares de víctimas.
AUTOR: EDUARDO VILLA.
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