El asesinato del estudiante Yanqui Kothan de Ayotzinapa ha intensificado las protestas en Guerrero a casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, en medio de las contradicciones de las autoridades en el caso y la fuga del policía que presuntamente disparó el arma.
En un primer momento, autoridades de Guerrero acusaron a normalistas por presuntamente movilizarse en un vehículo robado, poseer drogas y alcohol, y disparar con armas de fuego contra los elementos de seguridad.
Sin embargo, la madre del joven asesinado, Yanqui Kothan, dio a conocer que los estudios periciales al cadáver de su hijo desmintieron la versión oficial del Gobierno de Guerrero: “Aquí están las pruebas de que mi hijo no estaba alcoholizado o drogado”, dijo, con papeles en mano.
Días después, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “hubo abuso de autoridad” y que el normalista Gómez Peralta no disparó contra los policías, como lo sostuvo desde el principio la Secretaría de Seguridad de Guerrero.
Las autoridades de Guerrero buscaron construir otra “verdad histórica”, esta vez referente al caso del joven Yanqui Kothan.
Este martes 12 de marzo, López Obrador dio a conocer, en su conferencia matutina, sobre la fuga del agente estatal acusado de disparar contra el normalista.
“Se va intensificar la búsqueda de este policía y pido a la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, que nos ayuden porque necesitamos detenerlo”, señaló.
A partir de las declaraciones del presidente, las autoridades estatales han incurrido en contradicciones por la fuga del policía, mientras las protestas de los estudiantes de la Normal Rural se intensifican.
CRONOLOGIA DE LOS HECHOS:
Normalista derriban puerta de Palacio Nacional, presidente se lanza en su contra
El pasado miércoles 6 de marzo de 2024, mientras el presidente López Obrador ofrecía su conferencia de prensa matutina, manifestantes y normalistas de Ayotzinapa derribaron una puerta de Palacio Nacional con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad para exigir ser atendidos por el mandatario federal.
Las protestas ocurrieron a pocos meses de que se cumplan 10 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, acontecida en Igual, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que estuvieron implicadas autoridades municipales, estatales y federales, como el Ejército, así como integrantes del crimen organizado.
Al ser cuestionado sobre la protesta, el presidente rechazó atender personalmente a los manifestantes, pero dijo que iban a ser recibidos por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobernación.
Al principio, en un tono conciliador, el mandatario federal aseguró que se iba a “arreglar la puerta y no hay ningún problema”, pero segundos más tarde arremetió contra los padres y madres de los 43 y los normalistas al asegurar que “están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, grupos conservadores de derecha, apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”.
En respuesta a las declaraciones del presidente, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa, advirtió que de no propiciar el diálogo aumentarían la intensidad de las protestas.
“Si la postura sigue así, nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento de la protesta, nosotros estamos trabajando para hacer extensiva y más masiva la protesta en los próximos meses si no hay un diálogo”, dijo a medios de comunicación.
Ese mismo día, el Centro Prodh lamentó que la protesta de algunos jóvenes haya escalado, pero aseguraron que los hechos ocurrieron ante la negativa militar a entregar documentos, ausencia de reuniones con el presidente por meses, intento gubernamental por dividir a las familias y falta de interlocución por el relevo de los responsables del caso.
Finalmente se dio a conocer que, previo al portazo en Palacio Nacional, los padres de los estudiantes intentaron entregar un oficio a la presidencia para pedir dialogar y exigir la entrega de 800 archivos del Ejército, pero no fueron recibidos por el mandatario.
Reportan la muerte de normalista a manos de la Policía de Guerrero
Un día después del portazo en Palacio Nacional, el 7 de marzo de 2024, el presidente insistió en su conferencia de prensa matutina que dicha protesta fue un “vulgar acto de provocación” y acusó “guerra sucia” en su contra.
“Todo esto que significa escándalos, amarillismo, sensacionalismo, todo lo que suponen nos afecta se magnifica. Entonces no se dan cuenta de que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha conciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, dijo.
Pese a lo anterior, aseguró que en un plazo de 20 días se reuniría con los padres y madres de los 43, pero les pidió que acudieran sin sus abogados y asesores. “Yo se los pido, que quisiera hablar con ellos, porque no les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores”.
Ese mismo día, entrada la noche, diversos corresponsales y medios de comunicación locales comenzaron a reportar la muerte de un normalista a manos de la Policía de Guerrero, al oriente de Chilpancingo, lo que provocó que presuntos normalistas incendiaran una patrulla de la policía al norte de la ciudad.
Más tarde, los normalistas de Ayotzinapa denunciaron que policías de Guerrero asesinaron a uno de sus compañeros, identificado como Yanqui Kothan Gómez Peralta, y dejaron herido a otro más, en el municipio de Tixtla.
En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó que recibió un reporte vía 911 sobre una alerta en el arco del REPUVE, sobre un supuesto vehículo “con reporte de robo”, el cual se dirigía con dirección a Chilpancingo.
“Al atender la alerta, la Policía Estatal visualizó dicho vehículo mediante las cámaras del C4 en el punto conocido como Hotel Petatlán y al arribar al lugar los tripulantes de la camioneta recibieron a los elementos de seguridad con disparos de arma de fuego”, señaló la Secretaría mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que incluso fue acompañada por una fotografía de la supuesta arma.
De acuerdo con la primera versión oficial de los hechos, dentro del carro se encontró un arma de fuego corta y cartuchos útiles, así como “3 bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas”. Por ello, aseguró que su personal repelió la agresión logrando detener a un hombre e hiriendo a otro que fue trasladado para su atención médica.
El Centro de Derechos Humano Minerva Bello fue el primero que contradijo la versión de la Secretaría y aseguró que los normalistas fueron agredidos por policías cuando se trasladaban en una camioneta blanca pick up a la altura del antiguo libramiento de Tixtla, por lo que exigieron el esclarecimiento de los hechos y la inmediata detención de los elementos estatales de seguridad.
“Cabe mencionar que en el último año dos recomendaciones por abuso de autoridad, exceso de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos, han sido resueltas en contra de policías estatales de Guerrero en el contexto de interacciones con estudiantes de Ayotzinapa”, sostuvo la organización.
AMLO lamenta muerte de normalista y pide a FGR atraer el caso
A la mañana siguiente, el 8 de marzo de 2024, el presidente López Obrador lamentó la muerte del estudiante Gómez Peralta y dijo que solicitaría a la FGR atraer el caso.
“Es lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se llevara a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo”, dijo.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humano Minerva Bello y sacerdote José Filiberto Velázquez fue uno de los primeros en salir a aclarar un poco la situación que había acontecido la noche anterior, pues aseguró que los jóvenes normalistas “se estacionaron para comprar un cigarro, cuando la policía llegó en actitud agresiva, el joven se asustó y quiso poner en marcha el vehículo”.
Relató que uno de los normalistas, quien fue detenido, se agachó cuando comenzó la agresión y al incorporarse vio a su compañero herido, mientras que un tercer normalista logró esconderse. Al detenido, dijo, lo tuvieron durante toda la noche los policías que se lo llevaron y lo presentaron hasta esta mañana ante el Ministerio Público.
Tras los hechos, el general Rolando Solano Rivera, secretario de Seguridad Pública de Guerrero ―nombrado en enero pasado, en medio de la crisis de seguridad del estado― informó que se harían las investigaciones para deslindar responsabilidades y negó que se trate de una persecución política contra los jóvenes.
“A raíz de este acto delictivo una persona sale herida y una persona sale detenida, no fue directamente contra alguna institución, escuela, movimiento social o político, cultural, fue un hecho netamente delictivo”, reiteró.
Además, añadió que los responsables de parte de la Policía Estatal “ya se presentaron ante la autoridad ministerial en forma voluntaria para deslindar responsabilidades y será la autoridad ministerial quien determine lo que se debe hacer”.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reiteró que los hechos ocurrieron a partir de la persecución de un delito y destacó que “al ser un auto robado se activa este arco del REPUVE y los policías del estado piden que se detenga, se da una confrontación y pierde la vida este muchacho”.
“Nosotros debemos decir por parte del gobierno del estado que no perseguimos ningún movimiento social estamos a favor del diálogo, de la conciliación. Hacemos un llamado muy atento, muy respetuoso a los dirigentes de la Normal y a los jóvenes estudiantes que sigamos encausando este diálogo”, dijo en conferencia de prensa.
Más tarde, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero también lamentó el asesinato y aseguró que el caso será investigado por la FGR, como solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Normalistas de Ayotzinapa también dieron una conferencia de prensa que transmitieron por redes sociales, donde advirtieron que no descansaran hasta dar con los culpables de este homicidio.
Alertaron que con el normalista detenido probablemente había intenciones de volver a cometer una desaparición, como las de sus 43 compañeros en 2014. “Ayotzinapa está más viva que nunca y vamos hasta dar con los perpetradores de este suceso”, dijeron.
“Mi hijo no iba alcoholizado ni drogado, aquí están los resultados”
El 9 de marzo de 2024, la mamá de Yanqui señaló que los estudios periciales al cadáver de su hijo son una prueba para desmentir la versión oficial del gobierno estatal. Durante su mensaje, la madre no dijo su nombre y para su protección se cubrió parte del rostro con un cubre bocas y tapó su cabeza con la gorra de la sudadera que traía.
La mamá destacó que Yanqui Kothan Gómez Peralta, de tan solo 23 años, era un ciclista desde muy corta edad y corredor del Club Guadalupano de Tixtla, que falleció en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón. También cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria.
Por su parte, el sacerdote Filiberto Velázquez criticó la fuerza desproporcionada usada contra el normalista, pues el disparo en la cabeza indica que le tiraron a matar. Y es que, según el parte forense, la bala atravesó la cabeza de Yanqui, lo que provocó que llegara en coma al hospital con el cráneo totalmente fracturado.
Además, aseguró que los jóvenes venían de una fiesta, situación que no debe ser la causa para matar o criminalizar a nadie y que venían de la Normal Rural a Chilpancingo para traer a unas amigas.
Tras el asesinato de Yanqui, estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) exigieron la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado; la destitución y cárcel para Rolando Solano, recientemente nombrado secretario de Seguridad estatal, así como el cese inmediato e investigación a los policías involucrados.
Los estudiantes acusaron que el gobierno estatal busca criminalizar a los normalistas y desvirtuar los hechos. Señalaron que, incluso, los agentes intentaron desaparecer el cuerpo de su compañero ya que no permitieron que llegara Semefo y lo trasladaron al corralón dentro de la camioneta.
“Con esta acción nos damos cuenta que siguen persistiendo los actos represivos de gobiernos anteriores”, mencionaron en un comunicado.
Ese mismo día, un grupo de entre 80 y 100 normalistas incendiaron dos patrullas de la Guardia Nacional que circulaban en Tixtla-Chilapa y retuvieron a 10 elementos que posteriormente fueron liberados en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
“Hubo abuso de autoridad”: López Obrador
Por la mañana del lunes 11 de marzo de 2024, el presidente López Obrador reconoció que el normalista asesinado no disparó contra policías de Guerrero, como sostuvo desde un inicio la SSP de la entidad, y confirmó que se trató de un “abuso de autoridad”.
“No vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho”, dijo.
Además, informó que el expediente ya estaba en manos de la FGR y que los policías que participaron en los hechos estaban detenidos en Guerrero, pero ya estaban en disposición de las autoridades federales.
Horas más tarde, la gobernadora de Guerrero compartió un mensaje en sus redes sociales donde dijo acompañar lo expresado por el presidente.
Por la noche, el periodista Ciro Gómez Leyva informó que el normalista Yanqui Kothan estuvo en la primera línea del portazo en Palacio Nacional.
“La escena del crimen nunca fue resguardada. Se llevó la camioneta la propia policía […] en este caso hay una alteración total de los hechos, los estudiantes no venían armados, es fundamental que la FGR tome en cuenta la línea de investigación relacionada con su participación en la protesta en Palacio Nacional”, dijo Vidulfo Rosales.
Policía que presuntamente mató a normalista se dio a la fuga; autoridades se contradicen
Por la mañana de este martes 12 de marzo de 2024, el presidente volvió a tocar el tema, esta vez para informar que el policía que presuntamente disparó y mató al normalista Yanqui Khotan se fugó, antes de ser entregado a la FGR, contradiciendo así lo que había dicho un día antes.
“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio”, dijo.
Además, narró que el elemento de seguridad estaba en un “arresto administrativo”, pero que no se cumplieron con los protocolos durante el tránsito de entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía.
Las declaraciones del presidente provocaron que normalistas irrumpieran en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero e incendiaran once vehículos.
Horas después, las autoridades de Guerrero se contradijeron por la liberación del policía acusado de disparar contra Yanqui.
La Fiscalía de Guerrero aseguró que nunca tuvo en calidad de detenidos a los policías estatales presuntamente involucrados en el asesinato del normalista.
“En ningún momento esta Fiscalía Estatal tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos, aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”, dijo en un comunicado.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP) señaló que el 8 de marzo, un día después del asesinato del estudiante, los policías estatales involucrados rindieron su declaración de forma voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la Fiscalía estatal.
La SSP aseguró que “actuó sin ninguna omisión” y que hubo dilaciones por parte de la Fiscalía en cuanto recepcionar la puesta a disposición de los agentes, además de que no tuvieron respuesta del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE.
De acuerdo con la Secretaría, dos de los tres policías involucrados están bajo arresto administrativo mientras que está en proceso la búsqueda del agente que se fugó, lo cual ocurrió debido a que no se había solicitado la orden de aprehensión correspondiente.
“Es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión”, señaló la SSP.
Servidores públicos de Guerrero “manipularon y crearon pruebas de los hechos”, acusa Vidulfo Rosales
Cinco días después de los hechos, el abogado Vidulfo Rosales denunció que elementos policiacos y del Ejército detuvieron a tres normalistas de Ayotzinapa después del ataque de agentes estatales donde asesinaron a su compañero Yanqui Kothan, en el punto conocido como el viejo libramiento a Tixtla, al oriente de Chilpancingo, y no sólo a uno, como lo dieron a conocer autoridades locales.
El único detenido que reconocen las autoridades es Osiel Faustino Jimón Dircio, el joven de 22 años que iba de copiloto en la camioneta que manejaba Yanqui, a quien presentaron hasta la mañana siguiente de los hechos ante el Ministerio Público, según denunció el Centro de Derechos Humanos de Personas Víctimas de la Violencia Minerva Bello.
También detuvieron, contó el abogado, al otro estudiante que viajaba con Yanqui y Osiel, quien bajó a comprar un cigarro en el punto del ataque, al que sólo identificó como “Arenita”, y a uno de los dos estudiantes que minutos más tarde llegaron al lugar a auxiliarlos. Ambos fueron liberados cerca de 4 horas después; sin embargo, la detención nunca fue reportada oficialmente por las autoridades.
Por estos y otros detalles ocultados por los secretarios estatales de Gobierno y de Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera, quienes salieron a ofrecer la versión oficial de los hechos, el abogado plantea que la investigación que realiza la FGR debe incluir a estos servidores públicos.
El abogado también sostiene que estos servidores públicos manipularon y crearon pruebas de los hechos para responsabilizar a los estudiantes de Ayotzinapa de su propia agresión y avalaron las detenciones ilegales de los tres normalistas.
El Gobierno de Guerrero, por su parte, informó que elaboran acciones de búsqueda para dar con el paradero del policía prófugo y que la primera versión de que repelieron un ataque armado fue hecha por los mismos policías en su informe homologado.
“Hemos reencauzado el diálogo, no se ha roto, seguimos este proceso de diálogo con ellos (los normalistas), les hemos hecho ver que la violencia no va a ser la solución de este asunto”, informó la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
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