En un pronunciamiento, señalaron que las 82 familias de los migrantes que murieron y de los 42 que sobrevivieron al incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) el 27 de marzo de 2023 “siguen a la espera de justicia”, pues hasta la fecha las autoridades e instituciones, como el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) “han sido omisas e indolentes”.
“Lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México. No fue un caso aislado”, aseguraron las organizaciones, que puntualizaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que registra el mayor número de muertes de migrantes en custodia del INM “con 55 decesos, frente a 16 en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Entre las omisiones de las autoridades para procurar justicia, las organizaciones, albergues, redes y activistas destacaron que el INM no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, “revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”, sino que también negoció la reparación del daño con gobiernos y anunció “montos económicos” para las familias “sin ser facultad y sin que nadie frene su actuar”.
A las irregularidades en la reparación del daño por parte del INM se suma que la CEAV “ha sido laxa en sus responsabilidades” y no ha evaluado de forma individual los procesos de reparación integral como lo establece la Ley General de Víctimas. “A la fecha, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso; y ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido reconocida como víctima”, precisaron.
Finalmente, criticaron que hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria, a pesar de que hay once personas vinculadas a proceso, pues ni la FGR ni el Poder Judicial de la Federación han tenido “avances sustanciales” en la procuración de justicia. Incluso, señalaron, de entre los vinculados a proceso el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, se encuentra prófugo, y el Comisionado del INM, Francisco Garduño, sigue al frente de la institución.
A un año del siniestro en la estación migratoria, las organizaciones aseguraron que seguirán con el acompañamiento a las familias de los fallecidos y a los sobrevivientes “hasta que se haga justicia y exista una verdadera reparación integral del daño y garantías de no repetición”.
📰 #Comunicado #UnAñoSinJusticia
— IMUMI (@IMUMIDF) March 26, 2024
⚠️ A un año de los peores crímenes de Estado contra la población migrante, a la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado… pic.twitter.com/pU33v3XsjX
La mayoría de las víctimas que murieron el 27 de marzo de 2023 eran originarias de Guatemala y otros países de Centroamérica que buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes habían sido detenidos el mismo día por agentes del INM por presuntos disturbios en la vía pública y fueron encerrados en varias celdas del lado izquierdo del edificio, que depende del gobierno federal. Alrededor de las 21:30 horas empezó el fuego.
AUTOR: REDACCIÓN.
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