Gabriel Quadri, Margarita Zavala y Teresa Castell, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), utilizaron información falsa para oponerse a la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidos erróneamente como “terapias de conversión”.
Mutilación, hormonización infantil, y persecución a los padres de familia son algunas de las mentiras que Quadri, Zavala y Castell, quienes buscan reelegirse como diputados federales en 2024, difundieron durante su intervención en la discusión legislativa.
Sin embargo, estas aristas no están contempladas en las modificaciones propuestas al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para sancionar este tipo de prácticas, de acuerdo con la iniciativa que fue presentada en octubre de 2018 por las senadoras Citlalli Hernández de Morena, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y Alejandra Lagunes del PVEM,
PAN usa datos falsos contra prohibición de ECOSIG
El pasado 22 de marzo, la reforma contra los ECOSIG fue aprobada con cambios en la Cámara de Diputados al recibir 267 votos a favor en lo general y 275, en lo particular. Sin embargo, aún debe ser devuelta al Senado de la República para sus efectos constitucionales y llegar al poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Horas antes de la sesión, Gabriel Quadri aseguró en sus redes sociales que el partido Morena votaría ese día “para que los niños y las niñas puedan libremente mutilarse genitalmente y mutilarse los senos, someterse a castración hormonal”. Este mismo tema lo retomó durante su participación en la Cámara, al igual que la diputada Teresa Castell, para asegurar que prohibir los ECOSIG abría la puerta a estas prácticas.
Pese a los comentarios, ni en la minuta de dictamen aprobado, en la orden del día de la Cámara de Diputados, ni en la sinopsis de dictámenes se contempla una reforma en éste ámbito.
El dictamen discutido pretende tomar acción penal por delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, cuyas sanciones van de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las sanciones pueden subir al doble al tratarse de víctimas menores de 18 años, personas con alguna discapacidad, adultas mayores o que tengan alguna relación de subordinación con su agresor. En el caso de profesionales de la salud podrían ser sancionados y suspendidos de su ejercicio durante uno, dos o tres años.
En su intervención ante los legisladores, Gabriel Quadri aseguró que el dictamen evitaría que personas pederastas, zoofílicas o pedófilas se traten psicológicamente y agregó sobre la reforma que “no se puede impedir que las personas por su libre albedrío quieran y puedan acceder a servicios de salud y de orientación psicológica cuando tienen dudas en materia de orientación sexual o de percepción o identidad de género”.
Sobre esto, la diputada Teresa Castell afirmó falsamente que esta reforma afectaría a los padres de familia. “Y si te preocupas por ellos, quieres enviarlos a terapia para que tengas una asesoría, irás a la cárcel. Sí, con todas sus letras, irás a la cárcel por proteger a tus hijos y también los médicos, los psicólogos, los terapeutas que los entiendan”, señaló.
Nada de esto es verdad, pues la reforma establece la prohibición y sanción sólo a aquellas personas y prácticas que busquen “anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”, y no a gran escala para los servicios de salud mental.
En el caso de los padres, madres, tutores o tutoras, se contempla “amonestación o apercibimiento a consideración del juez” en caso de incurrir u obligar a una persona a estas prácticas.
No es la primera vez que Castell desinforma al respecto, por ejemplo en diciembre del año pasado dijo que de aprobarse la iniciativa madres y padres de familia, especialistas médicos y quien aconseje a las infancias sobre su identidad de género irán a la cárcel.
Quadri también aseguró que “el trastorno de disforia de género se puede tratar con terapias médicas seguras, psicológicas, que están aprobadas por la comunidad médica”.
Sin embargo, desde 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría determinó que “no existían pruebas científicas sólidas que indicaran que la orientación sexual innata se pudiera cambiar”, una conclusión apoyada por profesionales alrededor del mundo, de acuerdo con un informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideran que “esas ‘terapias’ pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Gabriel Quadri, Margarita Zavala y Teresa Castell advirtieron como un riesgo que esta iniciativa propicia “la persecución a los padres de familia, los maestros, los entrenadores deportivos, los psicólogos, los médicos, doctores, sacerdotes”, entre otros.
En este sentido, Ninde MolRe, integrante de México Igualitario Derribando las Barreras explicó que muchas veces son las familias quienes llevan a las personas de la diversidad a anexos, centros de rehabilitación, recintos religiosos u otros espacios con prácticas de ECOSIG.
Acotó también que hay mucho trabajo más allá de la pena punitiva, pues deben encontrarse acciones para prevenir estos casos. “El tipo penal no alcanza realmente a garantizar que estas familias entiendan que lo que hicieron estuvo mal y que por tanto no deberían de repetirlo ni con esta persona ni con nadie más”, señaló.
¿Qué pasa con el discurso de legisladores contra prohibir ECOSIG?
La especialista advierte que los discursos de los legisladores dejan de lado que ésta reforma busca que no haya violencia para las personas de disidencias sexogenéricas aisladas en lugares donde practican ECOSIG.
“Quadri (Castell y Zavala) no son cualquier ciudadano de a pie, son legisladores que está en un puesto de poder, que tiene una plataforma y que sus palabras van a tener un impacto y eso se transforma en seguir teniendo discursos y grupos que van y se sienten legitimados para atacar (a las víctimas)”, señaló.
Hasta esta reforma, los ECOSIG no cuentan con una pena punitiva como tal, pero sí la tienen otros delitos como la privación ilegal de la libertad, la tortura, la violación y otros crímenes que pueden ser denunciados.
Desde el punto de vista de MolRe, es necesario atender no sólo los ECOSIG ya cometidos, sino también la parte preventiva que requiere atender discursos como los que promueven algunos legisladores.
“La sanción no implica que no se siga reproduciendo ese tipo de violencia”, dijo al recordar que Gabriel Quadri promueve este tipo de discursos, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo sancionó por emitir comentarios transfóbicos a través de X en abril de 2022.
AUTOR: DIANA SOTO.
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