Se pronunciaron por la libertad del base de apoyo zapatista ch’ol José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre de 2022 permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, por un delito fabricado en su contra «como represalia a su adherencia política zapatista», explicó el Frayba.
El Centro precisó el proceso de Díaz Gómez «se ha visto postergado maliciosamente», pues en tres ocasiones el Juzgado de Control que lleva la causa ha aprobado la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, «pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional». «Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación», agregó.
Frente a esta dilación, el Frayba ha solicitado tres veces el cambio de medida cautelar para que Díaz llevesu proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar, pero la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
Durante la protesta los integrantes del Centro también exigieron la libertad de los tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, detenidos arbitrariamente por defender su territorio en 2022 y sentenciados a 25 años de prisión por el Poder Judicial del Estado de Chiapas.
La sentencia contra los defensores fue emitida por una juez estatal en mayo de 2023, a pesar de que tres de los cinco tseltales declararon que, después de su detención arbitraria a manos de la policía municipal de San Juan Cancuc, de la Guardia Nacional y del ejército el 29 de mayo de 2022, fueron entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, «quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados», como denunció el Frayba en 2023.
Los otros dos indígenas sentenciados declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.
«A lo largo del Juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del Juzgado. Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años», señaló el centro de derechos humanos.
Frente a la criminalización de defensores indígenas en Chiapas, el Frayba exigió al Poder Judicial del Estado que garantice que sus jueces «escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra», así como que «estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias» y no ponga fin a la prolongación de la prisión preventiva, «que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos».
COMUNICADO:
El día de hoy, 5 de marzo, distintas voces nos manifestamos afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras, en contra de quienes sistemáticamente se han fabricado delitos. Exigimos la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco compañeros defensores del territorio de San Juan Cancuc.
José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el pasado 25 de noviembre de 2022.
Su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El Juzgado de Control que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional. Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación.Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente.
Frente a esta dilación, el Frayba ha solicitado en tres ocasiones, el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
También denunciamos la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.
Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales; Guardia Nacional; y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc. Posteriormente entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas. Esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes.
Como atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba, durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5.
El día 01 de junio del mismo año, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al Juzgado de Control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.
A lo largo del Juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del Juzgado.
Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años. El día de hoy se llevará a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas a las 15:00 horas. Por lo que exigimos se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones cometidas.
Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado a garantizar el cese a los procesos de criminalización en contra de personas defensoras indígenas en Chiapas. Para ello es importante que sus jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos.
A todas las personas, colectivos y organizaciones las convocamos a sumarse a las exigencias de libertad inmediata para José Díaz y los defensores de San Juan Cancuc.
AUTOR: REDACCIÓN.
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