En la audiencia de este viernes, se escucharán los alegatos finales del juicio que se prolongó ocho meses «por la carga de trabajo del porder Judicial de Tlaxcala», durante los cuales los dos defensores han permanecido en prisión, informaron familiares de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
«Como ha quedado demostrado después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral seguido en contra de los defensores ambientales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Saúl y Raymundo sobre el homicidio del que se les acusa y por el cual se solicitó una sentencia de cincuenta años de prisión para ellos», explicaron los familiares y las organizaciones en un comunicado.
Desde su detención, acusados de un linchamiento en el que no participaron, las familias y las organizaciones que las acompañan han documentado las irregularidades cometidas durante su proceso penal, además de que han presentado las pruebas que confirman la inocencia de los dos defensores.
«Aunque no existen pruebas que puedan vincular su participación en los hechos denunciados por el delito de homicidio calificado, han permanecido recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala», lamentaron.
Al momento de su detención, Saúl Rosales era presidente de la comunidad de San Pedro Tacuapan y Raymundo era una autoridad tradicional Tiaxca, y los dos participaban en las tareas de cuidado del bosque y contra la tala clandestina y el saqueo de la diversidad de flora, fauna y funga en la Matlalcuéyetl, también conocida como La Malinche.
Después de ocho meses de audiencia por un crimen que no cometieron, este viernes «las autoridades judiciales tienen, en este momento bajo su potestad, la oportunidad de otorgar la libertad a Raymundo y Saúl, quienes son defensores del medio ambiente y han desempeñado cargos en favor de la comunidad y el entorno», finalizaron los familiares y las organizaciones de derechos humanos.
COMUNICADO:
A un año y siete meses de injusto encarcelamiento, Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez podrían recuperar su libertad. El 1 de marzo de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, conformado por las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, escuchará los alegatos finales en la Causa Judicial 419/2022 J.O. y emitirá un fallo en el que determine la culpabilidad o inocencia de los defensores ambientales nahuas.
Las juezas a cargo del proceso deberán tomar una decisión luego de analizar cada una de las pruebas que se desahogaron durante el desarrollo del juicio oral, mismo que comenzó el 12 de junio de 2023 y hasta el momento, ocho meses después, no ha concluido por la carga de trabajo del Poder Judicial de Tlaxcala, en los que Saúl y Raymundo han permanecido en prisión.
Como ha quedado demostrado después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral seguido en contra de los defensores ambientales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Saúl y Raymundo sobre el homicidio del que se les acusa y por el cual se solicitó una sentencia de cincuenta años de prisión para ellos. Por el contrario, a partir de las pruebas presentadas por su defensa, se acreditó que ellos no participaron en los hechos, por lo que deben ser puestos en libertad de manera inmediata.
Desde su detención, Saúl y Raymundo, junto con sus familias, personas de su comunidad -el pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Santa Ana Chiautempan-, y de organizaciones defensoras de derechos humanos, han denunciado su injusto encarcelamiento y las irregularidades cometidas durante su proceso penal. Este caso es percibido por la comunidad y los colectivos en defensa de los bosques de la región como un acto de criminalización con el que se intenta frenar la defensa del bosque, ya que Saúl y Raymundo son reconocidos por su labor en defensa del bosque de la montaña Matlalcuéyetl o La Malinche, como también es conocida.
Por ello, amparados en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo del Sistema de Justicia Penal de nuestro país, que consisten en que toda persona se presume inocente mientras no sé declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, y que en caso de duda razonable se debe absolver al acusado, el Tribunal de Enjuiciamiento debe decretar su inmediata libertad, para que Saúl y Raymundo regresen con sus familias, su pueblo y el bosque que tanto les ha dado.
Hemos documentado las irregularidades cometidas durante su proceso penal y aunque no existen pruebas que puedan vincular su participación en los hechos denunciados por el delito de homicidio calificado, han permanecido recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala. Consideramos que las autoridades judiciales tienen, en este momento bajo su potestad, la oportunidad de otorgar la libertad a Raymundo y Saúl, quienes son defensores del medio ambiente y han desempeñado cargos en favor de la comunidad y el entorno. Para esta determinación, el gobierno estatal debe tomar en cuenta la pertinencia intercultural y labor de defensa de derechos humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Familiares y amigos de Saul y Raymundo
AUTOR: REDACCIÓN.
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