En estas dos historias de desplazamiento forzado por la violencia criminal, las víctimas señalan la participación de autoridades como la policía y un regidor, lo cual agrava las amenazas y dificulta las denuncias y los procedimientos legales.
“En la zona había grupos de la delincuencia organizada y rumores de que la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada. El 22 de junio de 2012, en su camioneta, mi esposo salió del rancho tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó, en un punto denominado Lado Verde fue levantado”.
Por relatos de pobladores, la familia se enteró de que su camioneta fue detenida en el camino Lardo Verde. Lo acompañaba una persona conocida como El Oaxaco, quien le pedía trabajo en el corte de naranja. También vieron cuando unos sujetos abordaron a su esposo. Él, al ver que una patrulla municipal pasaba junto a ellos, pidió auxilio pero los policías siguieron de largo. Desde lejos los testigos veían cuando lo sometían, narra.
Eran las 9:30 horas de la mañana cuando llegó un taxi a casa de Minerva para avisarle que habían levantado a su esposo.
“Mi mamá vive en el centro de Tlapacoyan –continúa ella–. De inmediato llevé a mi hija a su casa para empezar la búsqueda. Fuimos al punto que nos señalaron. No había rastro de él, en su lugar encontramos sangre en el piso. Al estar en su búsqueda, una persona me dijo que vio la camioneta de mi esposo en un módulo de la Policía Estatal, pero la conducía un hombre desconocido. Horas después llamaron por teléfono pidiendo dinero por su liberación”.
La señora relata que acudió a la agencia municipal de Tlapacoyan para denunciar el secuestro, pero no encontró al agente del Ministerio Público; después de dos días logró hablar con él, quien le dijo: “Ve a tu casa y tráeme el acta de matrimonio, de nacimiento y una fotografía ampliada de tu esposo, para levantar la denuncia”.
Así lo hizo: “Salí de la agencia del MP y me dirigí a casa. Tendría unos 20 minutos de haber llegado cuando empezó a sonar el teléfono, contesté y me dicen: ‘Sabemos que vas a denunciar, si lo haces vamos por tu familia, te tenemos en la mira’. No regresé a la agencia. Empecé a vender lo que podía del rancho. Así fueron para mí los siguientes dos días”. Desde entonces abandonó sus propiedades.
Después de mucho buscar y acudir a distintas instancias oficiales, ella y su suegra reconocieron en fotografías los restos de su esposo. Al reclamar el cadáver, les dijeron que ya había sido reconocido por otra persona que decidió cremar sus restos. Sus cenizas le fueron entregadas junto con el acta de defunción. De nuevo, tenían las manos vacías.
Minerva acudió a todas las instancias de justicia estatales y federales, pidiendo que se le realizaran pruebas de ADN a una parte de esternón que, afortunadamente, servicios periciales conservó del cuerpo que ella y su suegra reclamaban. En 2015 les confirmaron que se trataba de su esposo. Recuperó las cenizas, pero, después de seis años de haberlo identificado, las autoridades se niegan a expedirle el acta de defunción.
Tras casi una década, ella y su hija siguen un desplazamiento forzado causado por el crimen organizado. Las tierras de su esposo quedaron en el abandono.
Desplazados por un regidor
“Vivíamos en el Ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, Chiapas –relata a su vez Evita Méndez Núñez–. Mi padre era ejidatario fundador, así lo dice un certificado de derechos agrarios. Su parcela es de 20 hectáreas y posee algunos solares de 50 metros cuadrados cada uno. En estas tierras, nuestra familia sembraba maíz y frijol. Cosechábamos café, cultivábamos plátano. Además, teníamos dos hectáreas de potrero en las que había tres caballos y dos yeguas. Todo se quedó cuando fuimos obligados a abandonarlo todo”.
Los hechos empezaron con otra tragedia.
“El 16 de diciembre de 2008 –prosigue Evita– asesinaron a Francisco Cruz Méndez, un joven de 14 años, hijo de un paramilitar. El día de su muerte, el joven salió al monte a buscar hojas para envolver tamal y ya no regresó. Lo buscaron dos días, lo encontraron muerto, macheteado en uno de los solares de mi padre. Concentraron a los habitantes para una reunión, también llegó Herlindo López Pérez, regidor de la presidencia municipal de Ocosingo y le dijo al Ministerio Público que el asesino era el dueño del solar y señaló a mis hermanos y a mi padre”.
En este momento, sin orden judicial apresaron a su papá y a sus hermanos Amílcar y Armando. Después de torturas y amenazas firmaron una confesión. Los llevaron al Cereso 17 de Playas de Catazajá.
Evita tenía una tienda de abarrotes, donde sus hermanos estaban el día del asesinato. La gente de la comunidad los vio allí. por eso se sorprendieron cuando los acusaron las autoridades y el líder que organizó a la gente en su contra.
“En ese año, en nuestra familia, éramos simpatizantes de la organización de adherentes denominada La Otra Campaña. La gente de la comunidad no estaba de acuerdo con ello y buscaron agredirnos acusando injustamente a mis hermanos y a mi padre”, narra.
Su padre, Pedro Méndez Cruz, y su hermano Pedro Méndez Núñez, salieron ese mismo día en libertad. Sus hermanos Amílcar y Armando Méndez Núñez, dos meses después: “En cuanto los liberaron, mi padre y mi hermano Pedro regresaron a la comunidad, pero la gente empezó a agredirlos. Nos dieron un plazo de seis días para abandonar el pueblo. Cumplido el tiempo seguíamos allí, no sabíamos a donde ir.
“El 6 de marzo de 2009, a las ocho de la noche, llegaron más de 20 personas armadas, con el regidor Herlindo López Pérez y Manuel López Méndez. A la fuerza, entraron a nuestra casa. Violaron a dos de mis cuñadas. No pudimos hacer nada. Estábamos solas las mujeres con los niños. Así, nos subieron a un camión de Protección Civil municipal con lo que traíamos puesto y algunos documentos personales que alcanzamos a agarrar. De lo contrario, nos mataban”.
Después de 13 años de haber sido desplazada de sus tierras, Evita sigue viviendo con su familia en una bodega semidestruida que desde entonces les presta el municipio. Se mantienen de la venta de frituras que hacen las mujeres y los hombres salen a buscar empleo en la construcción u otros oficios. Desde la pandemia, los niños de la familia no tienen clase porque carecen de computadoras e internet.
“La verdad fue muy triste y muy duro lo que nos hicieron, lo que padecimos y vivimos aún con la familia. Cuando llegamos a Ocosingo nos quedamos un mes en el DIF municipal, allí se enfermaron nuestros hijos. La delegada estatal le pidió a la presidenta del DIF que nos buscara un lugar a donde pudiéramos ser trasladados. Nos asignaron una bodega en donde hasta la fecha estamos. Somos 43 personas.
“En 2009, cuando llegamos, buscamos la forma de sobrevivir. Nos fue muy difícil. Las mujeres vendemos chicharrines y salimos a vender en las calles, para ganar unos pesos y con eso comprábamos frijol y tortillas. Los hombres salieron a buscar trabajo como ayudantes de albañil o de lo que encontraban. Como no estábamos acostumbrados a vivir en una ciudad nos fue muy difícil. A veces no completamos para la comida, así la hemos tenido que pasar.
“En 2019 hicimos una caravana de pies cansados con la coordinadora de personas desplazadas en el estado de Chiapas. Hasta en ese tiempo el gobierno del estado tomó cartas en el asunto y en ese momento nos entregaron ayuda humanitaria, pero no hay lo suficiente para las familias. Recibimos lentejas, frijol, arroz, sal, sardina, chícharos, sobres de leche y bolsas de avena cada semana o cada 15 días”, señala.
Intentaron regresar al pueblo, hicieron mesas de diálogos, pero en ningún momento se obtuvo un acuerdo porque, dice, la misma autoridad del estado y la municipal están involucrados en ese problema.
“Nosotros exigimos el retorno, porque allá tenemos solares, tierras y teníamos casa. Todos trabajamos en el campo y teníamos nuestros propios negocios Ahora nos quedamos sin nada, nos duele mucho”, reitera.
“Presentamos una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Comitán, cuando estaba con vida todavía mi señor padre, pero la autoridad del tribunal no tomó en cuenta nuestras pruebas. Nos dimos cuenta de que, después de que fuimos obligados a desplazarnos, hubo medición de parcelas dentro del programa Procede y las tierras de mi padre las marcaron como de uso común. Resulta, que mi padre no tiene tierras”.
Explica: “Yo crecí en esa comunidad, mis papás llegaron desde el año 1965. Mi señor padre fue el fundador, quien gestiona el documento de esa comunidad. De todo eso tenemos pruebas y lo presentamos en el tribunal. También presentamos pruebas de cuando fue comisariado ejidal, cuando fue miembro del concejo y de todo lo que gestionaba en la Ciudad de México. Aun así, la autoridad desechó todo”.
El año pasado, el patriarca de la familia falleció en la pobreza y sin volver a poner un pie en sus tierras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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