“Con la finalidad de retomar mis tareas académicas, agradezco a nombre propio y del equipo jurídico de Ontiveros Consulting, a quienes nos confiaron los casos conocidos bajo los rubros ‘Heat 21’, ‘Odebrecht’, ‘Agronitrogenados’ y ‘Neurotechnologies’. Al mismo tiempo, les deseamos éxito de cara al futuro”, señaló el litigante en su renuncia, notificada por escrito a distintos órganos jurisdiccionales y, después, en un comunicado.
“El promovente señala que, por así convenir a sus intereses, renuncia al cargo de apoderado legal de la codemandada y solicita que se suspenda el envío de las notificaciones al correo que señaló en autos. Por lo que se le tiene renunciando a su encargo”, dice uno de los acuerdos publicados por órganos jurisdiccionales.
El abogado Alejandro Rojas Pruneda -quien encabeza otro despacho que hizo mancuerna con Ontiveros Alonso en la representación del ex funcionario federal-, será ahora el representante legal de Lozoyo Austin.
En julio de 2020, Ontiveros Alonso y Rojas Pruneda fueron contratados por la familia Lozoya, en sustitución de Javier Coello Trejo. También se hicieron cargo de la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ex funcionario federal, la primera sujeta a proceso y la segunda prófuga de la justicia, por el delito de lavado de dinero.
Ontiveros Alonso es Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos, por la Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de Política Criminal y Derecho Penal, en la Universidad de Munich, Alemania.
Durante el último año del Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, fue titular de la Suprocuraduría de Derechos Humanos, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por designación del presidente de la República y a propuesta de Marisela Morales Ibáñez, entonces titular de la institución de procuración de justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) impugnaron, el 6 de marzo de 2024, la sentencia del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, en la Ciudad de México, que permitió a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), salir a las 19:39 horas del 20 de febrero del presente año, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mismo al que reingresó el del 3 de noviembre del 2021.
Según registros judiciales, un agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) y una subsidiaria de la empresa paraestatal, denominada PEMEX Transformación Industrial, interpusieron los recursos de revisión, que impugnaron la resolución del magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, en la Ciudad de México.
“En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuestos los referidos medios de impugnación; y se reserva proceder conforme el último de los preceptos en cita, hasta en tanto transcurra el plazo de diez días para la interposición del referido recurso”, detalló el acuerdo de Contreras Navarro.
El 20 de febrero de 2024, Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dejó al ex funcionario federal en libertad procesal, para que así continuara su juicio, porque consideró que no existía riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia.
Durante la audiencia que inició a las 12:30 horas del 20 de febrero de 2024 y que tuvo una duración de 56 minutos, el juez de Control impuso a Lozoya Austin diversas medidas cautelares, como la colocación de un brazalete electrónico, retiro de pasaporte, la prohibición de salir del país y la firma del libro de procesados, cada 15 días.
Los fiscales de la FGR dijeron a Alarcón López que él no estaba facultado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, porque ya había acabado la etapa intermedia y el acusado estaba bajo disposición de un juez de enjuiciamiento.
No obstante, Alarcón López pidió un receso para responder a la FGR y regresó con dos tesis jurisprudenciales, señalando que sí estaba facultado para dar cumplimiento a la sentencia. Al término de la audiencia, el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía, Manuel Granados Quiroz, salió a leer un posicionamiento de la FGR, ante la prensa presente afuera del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Luego de la resolución, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que señaló que Lozoya Austin no había ganado ningún juicio en su contra, sino que obtuvo “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados” por parte de jueces y magistrados.
La institución de procuración de justicia -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- mencionó que se habían excluido pruebas lícitas, obtenidas en Brasil y Suiza, además de que Alarcón López no le impuso la reparación del daño en el caso Agronitrogenados, a pesar de su responsabilidad directa. Asimismo, anunció que presentaría un recurso de revisión contra la decisión de Contreras Navarro, por considerarla “inaceptable” e “injusta”.
“La Fiscalía General de la República (FGR), quiere dejar muy claro que Emilio ‘N’ no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”, indicó la institución de procuración de justicia.
“Dichas resoluciones han sido dictadas en forma parcial e ilegal por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro”, agregó la Fiscalía.
“Se nos han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”, explicó la FGR.
“Al hoy acusado, el Juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso ‘N’ [Ancira Elizondo], lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio ‘N’, que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal”, detalló la Fiscalía.
“El día de hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, destacó la FGR.
“Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto son inaceptables; por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente, para obtener la justicia en este caso, que ha sido tan complicado lograr, en razón de lo expuesto”, enfatizó la Fiscalía.
La FGR hizo público, el 2 de septiembre de 2021, el acuerdo reparatorio que el empresario Ancira Elizondo, en los que se comprometió a pagar en abonos, 216 millones 664 mil 040 dólares, como reparación del daño a PEMEX, por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
El Gobierno Federal elevó, el 18 de julio de 2023, de 10.7 a 30 millones de dólares, el pago que exige a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, para que saliera de prisión, incremento que el ex funcionario denunció como una supuesta extorsión por parte de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al comparecer ante Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el ex director general de la empresa paraestatal calificó de exageradas las pretensiones económicas del Gobierno de México y dijo que parecía que no quería llegar a un acuerdo reparatorio, ello a pesar de su colaboración con la FGR.
Hasta junio de 2023, el Gobierno Federal pedía al ex director general de PEMEX, reparar un daño de 10 millones 736 mil 351 dólares, de los cuales 3.4 millones correspondían al caso Agronitrogenados y 7 millones 336 mil 351 dólares por el caso Odebrecht.
“La Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y PEMEX pidieron en enero del año pasado 3.4 millones de dólares, ahora lo que piden es un 200 por ciento más, me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión”, dijo Lozoya Austin, en ese momento, durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿por qué la exageración? ¿por qué la cuasi extorsión? Es inmoral para este Gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston [Massachusetts] y Madrid [España]”, señaló el ex funcionario federal, en clara alusión a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes viven dichas ciudades.
“Después de estos actos de autoridad, de acoso y extorsión ¿quién querrá en sus cinco sentidos colaborar con el Gobierno? Parece que la política le gana a la justicia, estoy sentado aquí por una farsa, me pregunto si el señor presidente [López Obrador] está enterado de lo que se dijo aquí”, insistió Lozoya Austin.
Respecto a la causa penal de la planta de fertilizantes, ésta se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte del entonces presidente del Consejo de Administración de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, por la compra de la planta que se ubica en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
La FGR alegó que la compra provocó un daño a PEMEX por casi 8 mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones. No obstante, Lozoya Austin se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no era culpable de los delitos que se le imputaban.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, alrededor de las 15:30 horas del 3 de noviembre del 2021, tras más de ocho horas de audiencia y a solicitud de la FGR, la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Lozoya Austin, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht.
El ex director general de PEMEX fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al término de la audiencia judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. El juez federal ordenó que Lozoya Austin fuera encarcelado en el mismo centro penitenciario y ordenó medidas de seguridad especiales, ya que dentro de dicha cárcel también había personas denunciadas por él.
La FGR solicitó la modificación de la medida cautelar para Lozoya Austin y pidió al juez prisión preventiva justificada, ya que, según argumentó, las condiciones desde que se le concedió el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa, así como la firma periódica, habían variado.
La FGR acusaba a Lozoya Austin de haber usado su petición de criterio de oportunidad, con la cual evadió la prisión, para obstaculizar el proceso en su contra. “No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”, señaló la Fiscalía ante el juez federal.
Manuel Granados Quiroz, representante de la Fiscalía General de la República, agregó que la cena que sostuvo Lozoya Austin en el restaurante Hunan, con empresarios, era una muestra de las redes de ayuda que podrían auxiliarlo para salir de México, además de que personalmente contaba con los recursos suficientes para hacerlo.
Aproximadamente a las 20:00 horas del 9 de octubre del 2021, la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza publicó en su cuenta de la red social Twitter, una serie de fotografías de Lozoya Austin, cenando con otro grupo de personas en el lujoso restaurante.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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