A 21 días de que 18 mujeres fueron golpeadas y detenidas por policías en marcha del 8M en Zacatecas, las autoridades no han examinado a las víctimas por las afectaciones que dejó en ellas las torturas que vivieron, dice la abogada de 12 que cuentan con carpeta de investigación.
A 21 días de que 18 mujeres fueron golpeadas y detenidas por policías en marcha del 8M en Zacatecas, las autoridades no han examinado a las víctimas por las afectaciones que dejó en ellas las torturas que vivieron, dice la abogada de 12 que cuentan con carpeta de investigación.
La abogada informó que pese a que han presionado para que las autoridades examinen a las víctimas por las afectaciones que dejó en ellas la tortura física, psicológica y sexual que vivieron, esto sigue pendiente, además de que ninguno de los funcionarios implicados en el operativo ha renunciado al cargo, pese a que es una de las demandas que las afectadas han expresado al gobierno del estado.
María Luisa Sosa, del Movimiento Feminista de Zacatecas, informó que hubo 18 mujeres detenidas en la protesta, quienes recibieron amenazas, golpes y jaloneos por parte de policías, para después ser liberadas. Por lo que presentaron carpetas de investigación por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, amenazas, privación ilegal de la libertad, tentativa de feminicidio y tortura, contra quienes resulten responsables.
Además, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, misma que según la abogada fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los pronunciamientos del gobierno de Zacatecas por marcha 8M
Al día siguiente de la protesta, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, justificó las detenciones afirmando que “un grupo reducido de mujeres” tuvo una conducta violenta, por lo que se tuvieron que realizar detenciones, mismas que se dieron “en apego a los derechos humanos”. Más tarde lamentó los hechos en su perfil de Facebook, donde informó que ya habían sido puestas en libertad.
La Secretaría de Mujeres de Zacatecas emitió un comunicado en el que condenó los hechos ocurridos y puso a disposición de las afectadas “los servicios multidisciplinarios para atender de manera personalizada y experta a cada una de las mujeres que durante estos lacerantes acontecimientos han sido afectadas”, y dijo que observará los avances en las investigaciones derivadas.
Seis días después de la manifestación, a través de un comunicado, el gobierno de Zacatecas se dijo “aliado de las mujeres” y expresó su “firme compromiso en beneficio de sus causas y derechos”, también afirmó que “la prioridad es que todas, sin distingo, consideren a sus autoridades como aliadas para caminar y trabajar para su desarrollo” y señaló que se debe apostar por las coincidencias por encima de las divergencias, “porque esa es la ruta más segura para avanzar con mayor prontitud en la atención y el cumplimiento de las justas demandas de las mujeres”.
“Cada una de las secretarías, los organismos y dependencias de la administración redoblaremos nuestro trabajo escuchando todas las voces y los puntos de vista, porque tenemos la convicción de que el pueblo zacatecano en su conjunto debe luchar y trabajar en torno a un objetivo común: que Zacatecas sea un ejemplo nacional de políticas de género”, expresó el gobierno del estado.
Sobre estos pronunciamientos, Mara Muñoz comentó que para las víctimas esto no cubre sus demandas de reparación “a partir de los hechos de represión, brutalidad policiaca y tortura, y en ese sentido cualquier diligencia que se realice es de carácter decorativo e infructuosa en términos del daño que se ocasionó”.
También expresó que el Movimiento Feminsita de Zacatecas mantiene su exigencia de la renuncia e inhabilitación del secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes; el secretario de Seguridad del estado, Arturo Medina, así como el director de la Policía de Seguridad Vial, Francisco Oswaldo Caldera, por el actuar de las fuerzas policiales a su cargo.
Documenta colectivo actos de represión contra mujeres en marchas del 8M en cinco estados
El colectivo Observatorio Memoria y Libertad documentó que, además de Zacatecas, en otros estados del país como la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla también se dieron actos represivos.
En la Ciudad de México, la organización identificó que hubo “presencia excesiva de elementos policiales, brutalidad policial que provocó fracturas en la mano a una integrante de la colectiva Las Montoyas, uso indiscriminado e ilegal de gases lacrimógenos; agresiones físicas por parte de un civil contra las asistentes y discurso de odio en redes sociales después de la marcha”.
En Nuevo León, el observatorio indicó que durante la marcha que se realizó en Monterrey hubo “brutalidad policial en contra de mujeres, jóvenes y niñas que ejercían su derecho a la manifestación, detenciones arbitrarias de 2 jóvenes y 3 menores de edad, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, discurso estigmatizante emitido por autoridades días antes de la marcha y presencia de hombres vestidos de civil que atacaron, golpearon y detuvieron a menores de edad”.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, negó que se hubiera violentado a las mujeres que asistieron a la protesta y, ante las críticas por la participación de policías hombres en la movilización multitudinaria, destacó que la Ley de Seguridad contempla su participación, ya que al final la protesta se volvió un “motín”. Esto, luego de que se diera a conocer que las afectadas presentaron cinco quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estas acciones.
En el caso de Puebla, documentó “presencia excesiva de elementos policiales, brutalidad policial, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, intento de detención arbitraria de una joven manifestante, agresiones en contra de 4 periodistas e intento de detención arbitraria de un comunicador”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, por estos hechos algunas de las afectadas iniciaron carpetas de investigación, sin precisar cuántas denuncias han recibido en la Fiscalía General del Estado.
Colima fue otro estado en el que las mujeres que marcharon fueron agredidas por agentes, quienes arrojaron gas lacrimógeno desde el palacio de gobierno, por lo que la gobernadora Indira Vizcaíno destituyó del cargo a José Manuel Zatarain Lizárraga, quien fungía como subsecretario de Seguridad Pública.
La gobernadora apuntó que el gas lacrimógeno u otro elemento disuasorio solo podría ser justificado para cuidar la integridad de las propias manifestantes o de cualquier persona que estuviera en riesgo, pero que tras la revisión minuciosa de los videos disponibles no hubo evidencia que justificara su uso.
En el resto de los estados mencionados ningún funcionario se encuentra bajo investigación o ha sido sancionado por los operativos en los que se cometieron las presuntas agresiones.
“Brutalidad policial, tortura física, sexual y psicológica, detenciones arbitrarias, criminalización, prisión política y discursos de odio en contra de colectivas de mujeres por parte de autoridades de gobierno han sido la marca del sexenio de López Obrador. Este 8 de marzo no fue la excepción, el Estado mexicano volvió a responder con violencia, tortura, humillación y odio a los reclamos de paz y justicia”, señaló el observatorio.
Ante estos operativos de seguridad, la organización Amnistía Internacional exigió a las autoridades investigar los hechos y sancionar a los responsables. Además, subrayó que en México las manifestaciones feministas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, reconocido desde el 2020.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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